El Instituto Patria tuvo aval judicial para no mostrar su lista de socios
La fundación de Cristina Kirchner logró un fallo a favor de la Cámara Civil para rechazar un pedido de la IGJ
El Instituto Patria, epicentro del kirchnerismo en el llano y comando político de Cristina Kirchner, se anotó en las últimas horas un punto en la extensa batalla legal de dos años que lleva con el Gobierno.
La Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla las empresas y organizaciones civiles, exigió la lista de asociados de la entidad y los documentos que respaldan las donaciones de los socios. La fundación que preside el exsecretario de la Presidencia Oscar Parrilli se resistió a entregar los datos de los asociados, judicializó la cuestión y logró el respaldo de la Cámara Civil, en un fallo que generó preocupación en la gestión de Mauricio Macri.
Ante la falta de papeles, a mediados del año pasado la IGJ envío inspectores al Instituto Patria e intimó a la fundación a que presentara copia del libro registro de asociados, un trámite que deben realizar todas las entidades civiles. La entidad de Cristina Kirchner no entregó la documentación alegando que la información está amparada por los datos personales y que podía ser plausible de “persecución política”.
Entre el organismo de control del Gobierno y el Instituto Patria se desató un tironeo de meses. La IGJ primero libró batalla para conocer las donaciones que recibió la fundación, ya que por ley las asociaciones civiles que reciben más de $200.000 por mes deben declarar el origen de los fondos. El organismo envió inspectores a la casona de Congreso y observó que durante 2016 el Patria recibió donaciones de entre $200 y $65.000, que sumaron $251.450.
Fue un episodio tenso. El exsecretario general de la Presidencia y exjefe de los espías llegó a irrumpir en la IGJ sin cita previa para protestar por el operativo y denunciar una “persecución política”.
Sin poder tener copia del libro de asociados, el titular de la IGJ, Sergio Brodsky, finalmente sancionó al Patria. “La entidad alega la inexistencia de razones de interés general y aduce la protección otorgada por la ley de datos personales, de ninguna aplicación al caso”, dijo el funcionario en la resolución.
La organización de Cristina Kirchner apeló esa sanción en la Cámara Civil. “No nos hemos negado a proporcionar los datos. Hemos explicado la imposibilidad legal de hacerlo”, señaló el Instituto Patria en su escrito judicial, en el que citó la ley de datos personales y dijo que los nombres de los asociados son “datos sensibles” porque “revelan opiniones políticas”. “Es de público conocimiento la orientación política y filosófica del Instituto Patria”, dijo la entidad kirchnerista.
Fallo
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil respaldó la postura del Patria. “Lo que caracteriza el dato personal es la posibilidad de identificar con alguna precisión a la persona a la que el dato pertenece”, señaló el escrito al que accedió la nacion, firmado por los camaristas Víctor Fernando Liberman, Gabriela Alejandra Iturbide y Marcela Pérez Pardo.
El fallo es visto con desconfianza desde el Gobierno. Pérez Pardo, exesposa del camarista Eduardo Freiler, figuró como miembro de Justicia Legítima en las solicitadas del colectivo que encabezó la exprocuradora Alejandra Gils Carbó e Iturbide fue nombrada –tras concursar el cargo– en la mega-designación de jueces que hizo Cristina Kirchner pocos meses antes de terminar su mandato.
“Sin desconocer la función fiscalizadora que la IGJ posee sobre las asociaciones civiles, el cumplimiento de la manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como ser el derecho a la intimidad y a la privacidad, a la no discriminación, a la libertad de conciencia y el derecho a asociarse libremente con fines ideológicos”, concluyó el fallo de la Cámara.
“Este fallo es un antecedente gravísimo, porque con este criterio la IGJ no podrá fiscalizar ninguna asociación civil. Todas las asociaciones civiles son controladas por la IGJ, desde los clubes de fútbol hasta la Fundación Pensar, del macrismo”, señalaron fuentes oficiales. No descartaron apelar la decisión judicial con un recurso ante la Corte Suprema.