Tarifas: el triunfo de la demagogia
El irresponsable proceder de la oposición ha desconocido que la brecha entre el retraso tarifario y el costo de producción no puede ser cubierta por el Estado
Será imposible para la Argentina dejar atrás su larga crisis económica, social y cultural si la dirigencia política sigue enfocándose hacia los problemas de la misma manera que cuando los generó. El origen de las graves dificultades que afronta el Estado nacional reside en haber gastado durante demasiado tiempo mucho más de lo que podía gastar. El déficit fiscal ha llegado a niveles exorbitantes y está probado que buena parte de ese desequilibrio obedece a los fuertes subsidios que los últimos gobiernos han venido otorgando para cubrir la brecha entre tarifas de servicios públicos que durante la era kirchnerista fueron regaladas, especialmente en el área metropolitana, y costos de producción energética notoriamente mayores. Ni el impuesto inflacionario ni el excesivo endeudamiento pueden ya ser instrumentos para financiar esa brecha. La ilusoria fiesta tarifaria se ha terminado, con un costo enorme en términos de pérdida de autoabastecimiento, y ahora hay que pagar la cuenta.
La ley sancionada en la madrugada de ayer por el Senado de la Nación, por 37 votos contra 30, y acertadamente vetada por el Presidente, es un pésimo mensaje al mundo. Es un símbolo de un país que niega sus problemas, equiparable a un paciente gravemente enfermo que quiere recuperar la salud, pero se resiste a dejar aquellos vicios que lo condujeron a su estado de postración.
El primer acto de irresponsabilidad por parte de quienes votaron esta ley es que viola normas constitucionales que circunscriben la facultad de fijar tarifas al Poder Ejecutivo.
Es una irresponsabilidad también seguir cargando al Estado con subsidios tarifarios que solo benefician a una porción de la población –no necesariamente la más necesitada–, sin siquiera indicar de dónde saldrían los recursos para financiarlos.
La actitud de las distintas formas de la oposición peronista y otros sectores de la izquierda vernácula puede explicarse por una demagogia sin límites y una concepción cortoplacista y populista, alejada de toda racionalidad económica. De retrotraerse las tarifas de electricidad, gas y agua a noviembre del año pasado, como lo propiciaba la ley ahora vetada, el Estado habría tenido que desembolsar unos 115.000 millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto total del conjunto de los ministerios de Salud, Ciencia, Agroindustria, Producción, Ambiente, Cultura y Turismo, o a 2875 nuevas escuelas, o a 575 hospitales, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Resulta un contrasentido que legisladores del interior del país voten un proyecto que, en teoría, beneficiaría fundamentalmente a los usuarios de servicios públicos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, al tiempo que desfinanciaría otras áreas vitales del sector público.
Igualmente insólito es que los representantes parlamentarios de la oposición apoyaran una iniciativa que descontaban que iba a ser vetada por el Poder Ejecutivo, en lugar de sumar voluntades en favor del dictamen minoritario, impulsado por el gobernador justicialista de Salta, Juan Manuel Urtubey, y aceptado por el oficialismo, que propiciaba una disminución del IVA en las facturas de servicios públicos, que hubiera constituido un beneficio tangible para los usuarios.
Tales contradicciones se entienden por la propia lógica de sectores del peronismo que, ahora acoplados a la estrategia del kirchnerismo, tan solo buscan efectuar demostraciones de poder y debilitar al presidente Macri, sin advertir que debilitan a la sociedad argentina toda.
Es de esperar que, tras este episodio de irresponsabilidad parlamentaria, nuestra dirigencia política abandone el pensamiento mágico y deje de dar la espalda a la realidad.