Frenan los ingresos a la administración pública y revisan salarios estatales
El Gobierno congeló por dos años las incorporaciones y el 31 de diciembre dejará sin efecto 7000 contratos de asistencia
Las críticas de los dueños de la tijera oficial apuntaban esta semana a los altos sueldos de choferes del Banco Central o de los trabajadores de la AFIP. Ayer, en tanto, esos cuestionamientos alcanzaban a la licitación de una flota de autos nuevos que Guillermo Dietrich encargó entre 2016 y 2017 para el Ministerio de Transporte, entre otras minucias.
Que en las entrañas oficiales se ventilaran tales gastos parecía ayer una admisión, por lo menos de un ala del Gobierno, de que en los dos años y medio de gestión de Mauricio Macri, el recorte de gastos políticos no se había profundizado, a pesar del déficit fiscal heredado, el financiamiento de ese rojo con deuda y el pedido a gran parte de la ciudadanía para ajustar el cinturón.
Ante el fin de la disponibilidad de fondos en los mercados de deuda, la necesidad de acudir al FMI y de dar señales de que será preciso profundizar el ajuste, el Gobierno buscó ayer dar el ejemplo: anunció que frenará por dos años los ingresos de personal a la administración pública, revisará salarios estatales y dejará sin efecto miles de contratos. El ahorro estimado será de $20.400 millones este año, un monto simbólico si se tiene en cuenta el rojo existente en las cuentas públicas.
El encargado de hacer el anuncio fue el flamante coordinador del equipo económico y ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Lo acompañó su par de Modernización, Andrés Ibarra, quien trabajó los detalles del plan que la nacion anticipó el domingo pasado.
“Venimos trabajando en la refor- ma del Estado desde el primer día. Queremos que la Argentina sea un país sustentable. Este era un Estado que funcionaba mal, que había duplicado el gasto sin que ese fenómeno se reflejara en las prestaciones. Eso lo pagamos todos”, dijo Dujovne desde el Salón de los Pueblos originarios.
La conferencia se había trasladado a la Casa Rosada luego de que una protesta de ATE Capital por “despidos en el Estado” obligara a los organizadores a mudarla del escenario elegido: el microcine del Palacio de Hacienda. Dujovne dio un discurso, se levantó y se fue sin responder preguntas. Según sus voceros, el atraso por la protesta hizo que se quedara sin tiempo y tuviera que dejar la conferencia de prensa para participar de una reunión de coordinación del gabinete.
A la posta la tomó Ibarra, encargado de explicar las medidas de racionalización. El ministro de Modernización descartó que se tratara de un pedido del FMI y que cualquier cambio en la cantidad de ministerios será una decisión del Presidente. Luego enumeró los cambios que se publicarán en un decreto la semana que viene.
En primer lugar, no habrá más ingresos por 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad. Esta medida regirá para la administración pública centralizada y descentralizada (AFIP, Incaa y PAMI, entre otros). Las excepciones serán el Conicet, el servicio exterior, y las Fuerzas Armadas y de seguridad. Ibarra aclaró que no se interrumpirán los 6800 concursos de este año.
Además, se anunció que todos los convenios por asistencias técnicas quedarán sin efecto desde el 31 de diciembre. Esa modalidad no podrá volver a utilizarse. Ibarra aclaró que se trata de 7000 contratos (eran 16.000 en noviembre de 2015). Cada ministerio u organismo evaluará si requiere o no los servicios de esos trabajadores, que podrán pasar a planta transitoria, según dijo.
El Gobierno analizará todo tipo de bonificación o premio vigente para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario. “Hasta que termine la revisión se suspenderán nuevos pagos”, dijo Ibarra. “Si se justifican, seguirán”, aclaró cuando la nacion le recordó que parte de los salarios estatales están compuestos, por ejemplo, por “horas académicas”, entre otros ítems. Habrá también una reducción del pago de servicios extraordinarios (horas extras, comidas y viáticos). Los ministerios deberán enviar el detalle de estos gastos a Modernización y reducirlos un 30% para el resto del año y el que viene.
Se prohibirá el uso de la clase ejecutiva en viajes en avión al exterior para rango inferior a ministro o equivalente y también se pedirá una reducción del 30% en estos ítems. Por otro lado, Hacienda relevará las flotas de autos de funcionarios. No se podrán comprar autos nuevos y solo podrán usarlos desde secretarios para arriba en el escalafón. Revisarán las estructuras de los organismos centralizados y descentralizados para ajustar un 25% el gasto. Se revisarán las cuentas de las empresas públicas en 90 días y reducirán entre 6000 y 8000 millones el envío de fondos a esas firmas. Desde el año que viene, en tanto, no habrá más trámites en papel en el Estado, lo que generaría un ahorro de unos $2000 millones.