La inseguridad se agrava y reabre debates en Uruguay

Piden que las FF.AA. patrullen y que vuelva la cadena perpetua

MONTEVIDEO (De nuestro corresponsal).– La ola de delincuencia no da tregua a Uruguay y ya se siente en todo el país. Con la tensión ciudadana en aumento, avanza una propuesta de plebiscito para reimplantar la cadena perpetua, derogada hace 100 años, y hay pedidos para que las fuerzas armadas participen del patrullaje en las calles.

MONTEVIDEO.– Cada día el tema es el mismo: asaltos a comercios, actos de rapiña contra gente que camina por las calles, explosivos en bancos que buscan la voladura de cajeros electrónicos, crímenes por violencia en robos o ajustes de cuentas entre bandas, marchas de gente que reclama seguridad, anuncios del gobierno sobre el refuerzo de medidas, críticas de la oposición y cruces de responsabilidades entre la policía, jueces, fiscales y otras autoridades.

Anteayer, una familia argentina residente en Colonia se vio sorprendida por el robo de sus bienes y el incendio de su casa. Los casos que reflejan la inseguridad se suceden cada día.

Desde noviembre de 2008, el principal tema de preocupación de los uruguayos es la seguridad pública. El primer mes de 2018 fue calmo, pero la situación fue agravándose progresivamente. Récord de homicidios, robos con mucha violencia y manifestaciones diarias de vecinos de barrios de Montevideo e incluso de algunas ciudades del interior.

En medio del clima de tensión, se abre paso una propuesta de plebiscito para reimplantar la cadena perpetua –que Uruguay derogó hace más de un siglo– y para que las fuerzas armadas se vuelquen a las calles para colaborar con el patrullaje interno.

El colmo de la situación se dio el mes pasado, cuando el principal policía del país, que conduce las fuerzas de todas las comisarías, Mario Layera, declaró que Uruguay está perdiendo la batalla contra los delincuentes, que tiende a empeorar, y que eso solo podría revertirse con un plan eficaz y con voluntad política para cumplir la ley. Y que con ese fin hay que hacer cambios.

Layera sorprendió a la oposición y también al gobierno.

“Hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente”, dijo el director nacional de la Policía de Uruguay.

Consultado sobre cómo ve el futuro si no se hacen cambios, Layera fue tan contundente como duro: “Un escenario como El Salvador o Guatemala. El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado, y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo”.

Tras el alboroto que generaron las declaraciones del comisario, el gobierno decidió tomar nuevas medidas. El propio presidente Tabaré Vázquez se puso al frente de la coordinación entre áreas vinculadas a la prevención y represión del delito, y las de asistencia social a zonas de pobreza que conviven con el narcotráfico.

“Acá tiene que quedar claro que estamos jugando en el mismo equipo. Y que los logros son de todos. Así como también los errores son de todo el gobierno”, afirmó el presidente uruguayo ante representantes de los organismos involucrados. Y se comprometió a combatir duramente el delito, aunque aclarando que “dentro de la Constitución y la ley, todo; fuera de ella, nada”.

Vázquez rechaza, en ese sentido, el pedido de muchos vecinos o de algunos dirigentes políticos para que los militares participen del control interno. “Nuestras fuerzas armadas están trabajando donde debentrabajar,queesloestablecen la Constitución y la ley. Por el momento es el lugar donde van a estar trabajando”, dijo el mandatario.

En este contexto, uno de los líderes del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, lanzó una campaña de enmienda de la Constitución que pretende habilitar los allanamientos nocturnos, crear una guardia nacional con efectivos de las fuerzas armadas, impedir la libertad anticipada para algunos delitos y reimplantar como castigo máximo la cadena perpetua, aunque ello pueda ser revisado a los 30 años de cumplimiento de la pena.

No toda la oposición acompaña esta campaña. Luis Lacalle Pou, el otro líder del Partido Nacional, dijo que no respaldará la propuesta. Entiende que la mejora de seguridad se puede hacer con las actuales normas, pero mejorando la gestión del Ministerio del Interior.

Larrañaga precisa recoger adhesiones del 10% del electorado (unas 250 mil firmas) para que su propuesta se pueda plebiscitar en simultáneo con las elecciones de octubre de 2019. Mientras, el tema sigue en el corazón del actual debate político uruguayo.