Se extiende el escándalo de la narcopolítica en Paraná
Indagan al intendente y detienen a una funcionaria y a un concejal.
Un narcoescándalo sacude la política de Entre Ríos. Ayer fue indagado el intendente de Paraná, el radical Sergio Varisco, que quedó imputado como financiador del transporte y comercialización de estupefacientes. En tanto, la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira, y el concejal de Cambiemos Pablo Hernández terminaron detenidos.
El gobierno nacional ratificó ayer su política de “tolerancia cero” hacia la “narcopolítica”. En un comunicado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo: “Desde el primer día, el presidente de la Nación nos manifestó la intención de que este ministerio trabajara sin reparar en el hecho de que alguien integre un partido político u otro. En nuestro gobierno el que las hace las paga, y los funcionarios que tengan cualquier tipo de contacto con el narcotráfico dejan de ser funcionarios para ser narcotraficantes”.
El juez federal de Paraná Leandro Ríos no dictó ninguna medida de restricción de la libertad sobre Varisco, que al retirarse de los tribunales afirmó que no integra “ninguna banda”. “Estoy a disposición de la Justicia, respondí todas las preguntas que me hicieron, vine, como corresponde, y me retiro”, sostuvo el intendente, al cabo de tres horas de diligencia judicial.
Ayer, también, efectivos de la División Lavado de Dinero de la Policía Federal allanaron varias dependencias comunales: las direcciones generales de Recursos Humanos, de Sistemas y Comunicaciones, de Cómputos, de Despacho Presidencia –todas en el edificio municipal–, de Liquidaciones de Haberes y de Tesorería (estas dos últimas, en otras sedes).
Uno de los defensores del intendente, Miguel Ángel Cullen, confirmó que Varisco está acusado de “haber participado junto a un banda narco de la comercialización de estupefacientes. Está siendo imputado, acaba de prestar su indagatoria, que es un acto de defensa. Recién conocimos la imputación y ahora comienza el trabajo de los abogados para demostrar que no tiene nada que ver con el hecho”.
Otro de sus abogados, Rubén Pagliotto, dijo: “Quienes creían que le quedaban contadas las horas de libertad se equivocaron. Si hubiese elementos hubiera quedado detenido. El juez fue claro al decirle que quedaba en libertad, que siguiera su vida normal. Solo tiene que venir todos los viernes a firmar el libro de partes. Y si por sus funciones debe alejarse más de 72 horas de la provincia deberá avisar”. Precisó que, en la imputación, Varisco aparece como “financiador”.
“La idea es aclarar esta situación, porque un intendente no puede administrar la ciudad bajo un estado de sospecha”, concluyó.
Distinta suerte corrieron los otros dos funcionarios imputados. El edil Hernández fue trasladado ayer a la tarde a la Unidad Penal N° 1 de Paraná y Bordeira, a la 6.
La causa que lleva adelante el juez federal Ríos comenzó en mayo del año pasado con el hallazgo de una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, localidad vecina a Paraná. Uno de los personajes centrales de esta causa es Daniel “Tavi” Celis, acusado de liderar la banda que contrabandeó esa droga, junto a otros sospechosos. En el barrio Antártida, de la zona oeste de la capital provincial, Celis tenía su militancia para el radicalismo.
Durante un procedimiento, en el quincho de la casa de Tavi fueron secuestrados 3,4 kilos de cocaína. Ahí fue detenida la esposa de Celis, Luciana Lemos. En un cuaderno que la mujer guardaba en una mochila negra los investigadores encontraron anotados los nombres de Varisco, Bordeira y Hernández, y junto a cada uno de ellos, una cantidad de cocaína y un monto a pagar. Según el juez Ríos, el intendente y la funcionaria habrían comprado dos kilos y el edil, uno.