Rusiagate: Trump amenaza con llevar al país a una crisis constitucional
Alarma y críticas luego de que dijera que tiene derecho a autoindultarse, y que el nombramiento del fiscal especial del caso fue en contra de la Carta Magna
WASHINGTON.– Al cumplir 500 días en la Casa Blanca, Donald Trump lanzó una furtiva ofensiva contra la investigación por el escándalo Rusiagate bajo la tutela del fiscal especial Robert Mueller, al afirmar que su designación es “inconstitucional” y amenazando con llevar al país a una crisis constitucional inédita con la idea de que tiene “el derecho absoluto” a indultarse a sí mismo.
El mensaje de Trump volvió a mostrar su predisposición para coquetear con los límites del imperio de la ley, y puso a Estados Unidos a discutir una pregunta: ¿puede el presidente absolverse de un crimen por el que fue condenado?
Trump, pese a ventilar esa posibilidad, insistió igual en que toda la trama rusa era una “caza de brujas” y que no había hecho nada malo, y volvió a acusar al equipo de investigadores de Mueller de trabajar a favor de la oposición demócrata.
“¡El nombramiento del fiscal especial es totalmente inconstitucional! A pesar de eso, jugamos el juego porque, a diferencia de los demócratas, ¡no he hecho nada malo!”, escribió Trump, en Twitter. Debió publicar el mismo mensaje dos veces por un error ortográfico.
Un rato antes, Trump había dicho, por primera vez, que podía firmar un perdón presidencial a su favor en caso de que la investigación avanzara. Otra vez insistió en su inocencia.
“Como lo han afirmado numerosos expertos en derecho, tengo el derecho absoluto de indultarme, pero ¿por qué iba a hacer eso cuando no hice nada malo? Mientras tanto, la caza de brujas interminable, liderada por 13 demócratas muy enojados y en conflicto (y otros), ¡continúa hacia las legislativas!”, continuó, en referencia a las próximas elecciones legislativas.
Ambas declaraciones fueron recibidas con un coro de críticas y alarma. Abogados y la oposición demócrata se apresuraron por remarcar que la designación de un fiscal especial es un mecanismo perfectamente legal, previsto dentro de los recursos de investigación del Departamento de Justicia. Richard Nixon tuvo a Archibald Cox –a quien despidió– al frente de Watergate, y Bill Clinton sufrió a Kenneth Starr por el escándalo Whitewater, que terminó por revelar su romance con Monica Lewinski. Más aún: el propio Trump amenazó durante la campaña que nombraría uno para investigar a su rival, Hillary Clinton.
Pero fue sobre todo la idea de que Trump puede indultarse a sí mismo la que generó mayor conmoción, y dejó a varios atónitos. Esa posibilidad deambulaba desde hacía rato en medio de las marañas de especulaciones que rodean al Rusiagate. Pero ahora, por primera vez, el propio Trump le dio vuelo, luego de que su abogado, Rudy Giuliani, dijo en sendas entrevistas el domingo que el presidente “probablemente” tenía el poder de perdonarse y que era una pregunta legal abierta, aunque no tenía intenciones de hacerlo.
En medio de la discusión salió a la luz un memorando del Departamento de Justicia sobre la cuestión de fondo. Es una opinión de 1974, en la cual se estipuló que “el presidente no puede indultarse a sí mismo”, una interpretación de la Constitución ampliamente aceptada desde entonces. “Bajo la regla fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso, el presidente no puede perdonarse a él mismo”, escribió Mary Lawton, en agosto de 1974, cuando estaba a cargo de la Oficina de Consejería Legal del Departamento de Justicia. El memo fue escrito ante una consulta de Nixon, que estaba acorralado por el Watergate. Nixon renunció apenas tres días después de recibir la respuesta. Luego, Gerald Ford, que lo sucedió, le otorgó el indulto.
Más allá de cualquier paralelismo histórico, Trump y sus abogados lanzaron en los últimos días una campaña mediática que busca blindar al presidente de cualquier avance de Mueller, sobre todo respecto de una de las líneas de investigación: la obstrucción a la Justicia. Los abogados del mandatario afirmaron que Trump no puede ser acusado de obstaculizar una investigación porque el Departamento de Justicia está bajo su órbita.
Los demócratas y algunos republicanos insisten en que nadie está por encima de la ley, un principio rector de la primera potencia global al que Trump, insisten, no es inmune. “Si fuera el presidente de Estados Unidos y un abogado me dice que puedo indultarme, me buscaría un nuevo abogado”, dijo el republicano Chuck Grassley, presidente del Comité Judiciario del Senado.
La querella enfrenta a un repostero del estado de Colorado, Jack Phillips, y a dos hombres hoy casados, Dave Mullins y Charlie Craig. Invocando su fe cristiana, Phillips había dicho el 19 de julio de 2012 en su pastelería en los suburbios de Denver que no podía aceptar el pedido de Mullins y Craig, que se casarían y le habían encargado una torta de bodas.
Sus abogados argumentaron que la torta representaba en esta ocasión la institución del matrimonio y que, por lo tanto, era transmisor de un mensaje. Ambos cónyuges presentaron entonces una demanda en virtud de una ley de Colorado que prohíbe toda discriminación en los comercios que atienden con público. Los tribunales inferiores les dieron la razón.
El caso fue admitido en diciembre por el Tribunal Supremo.
Dos jueces considerados progresistas de la máxima Corte, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, manifestaron su desacuerdo con la sentencia en un argumento escrito, considerando que la supuesta hostilidad de la comisión solo jugó un papel secundario.
En este caso, “lo que importa es que Phillips niega a una pareja homosexual un bien o un servicio que ofrecería a una pareja heterosexual”, insistió Ginsburg, la decana de la Corte.
“Esta es una gran victoria para los derechos religiosos de los ciudadanos”, dijo por el contrario Mat Staver, presidente de la organización conservadora Liberty Counsel. “No se puede obligar a la gente a transmitir un mensaje que viola su conciencia”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a la pareja homosexual, señaló que la Corte Suprema había dado la razón solo parcialmente al repostero, sin establecer las excepciones de las cuales los creyentes se habrían de beneficiar. “La Corte no aceptó argumentos que hubieran hecho retroceder el tiempo sobre el tema de la igualdad”, señaló Louise Melling, una responsable jurídica de la organización.
Mullins y Craig prometieron ayer continuar su lucha. “Nos embarcamos en esta acción porque nadie debería sufrir la vergüenza y la humillación de que le digan: ‘Aquí no atendemos a personas como usted’”, dijeron en un comunicado.