El acuerdo con el FMI exigiría un recorte en varias provincias Empleo público

Salarios, obra pública y las transferencias no automáticas de la Nación presentan desequilibrios en distritos del norte y la Patagonia, de acuerdo a un informe privado

CÓRDOBA.– El presupuesto del año próximo deberá reflejar el plan de ajuste que el gobierno argentino presente al Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, será inevitable que el presidente Mauricio Macri busque un acuerdo con los gobernadores.

A la hora de definir recortes, las transferencias no automáticas a las provincias son una de las variables en estudio. Y, más allá de que los mandatarios provinciales peronistas insisten en que el mayor déficit es de la Nación, la mirada del FMI es integral y el acuerdo las incluirá, según descartan en las gobernaciones. El rojo consolidado de las provincias es inferior al 1% del PBI; a septiembre de 2017 (último dato disponible), 17 de 24 jurisdicciones mostraban déficit.

Un trabajo de la Fundación Mediterránea Ieral apunta que los mayores desequilibrios se registran en las provincias patagónicas y en las del norte, como Jujuy, Chaco y Salta.

Buenos Aires estaba en el lote, pero esa situación cambiaría desde este año a partir de la solución al problema del Fondo del Conurbano Bonaerense que surgió del pacto fiscal.

Los economistas Marcelo Capello, Luis Laguinge y Lucía Iglesias sostienen que son los distritos más urgidos en “racionalizar el gasto”, no solo para achicar el rojo, sino también para demandar menos asistencia nacional. Recordaron que además, por el Consenso Fiscal, los gobernadores se comprometieron a bajar gradualmente la presión en Ingresos Brutos y Sellos, luego de una década de sucesivos incrementos en ambos.

En el gasto público provincial, los sueldos –con el 46% del total– son el principal componente.

El resto tiene una participación relativamente inferior: las transferencias totales (corrientes y de capital) representan más del 20% del total (incluyen regímenes de transferencias a los municipios); las prestaciones previsionales, el 12% (la mitad de las provincias no transfirieron sus cajas a la Nación); la inversión pública es del 9,3%, y el resto de erogaciones (incluido los intereses) representan el 12%.

Para detectar en qué áreas existen mayores posibilidades de ahorros, el Ieral analiza qué partidas aumentaron en mayor medida en los últimos años.

En términos del PBI, el gasto total del consolidado provincial se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2017, pero entre 2005 y 2015 aquel se incrementó en cinco puntos del producto.

En ese período lo que más se incrementó fue el gasto de funcionamiento del consolidado provincial, pasando del 6,7% del PBI en 2005 al 10,1% en 2015 (3,5 puntos porcentuales más). La suba se explica, fundamentalmente, por el alza del gasto en salarios, que, en términos del producto, fue de 3,3 puntos porcentuales en 15 años.

Entre 2005 y 2015, la planta de personal ocupada en el sector público provincial creció casi cuatro veces más que el aumento de la población en el mismo período.

Con todo, parece difícil que en un contexto en el que se proyectan menos crecimiento y más inflación, los gobernadores recorten planteles. Radicales y peronistas ya coincidieron en que es imposible ajustar personal y obra pública, aunque exploran alternativas. Temen que esa medida antipática eleve la conflictividad y complique aún más la situación.

Al igual que la Nación –aunque, por supuesto, en menor medida–, las provincias salieron a buscar financiamiento en el mercado internacional. En los últimos dos años, emitieron deuda por US$11.000 millones a una tasa promedio del 8%.

La devaluación –cercana al 50% desde noviembre de 2017, según los especialistas– afecta más a las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos corrientes al pago de servicios de deuda; al tope de esa lista están Chubut (7,3%), Buenos Aires (5,8%), Neuquén (5,1%) y Mendoza (4,5%).

Otro aspecto que aborda el reporte de la fundación cordobesa, que surgió en 1977, es la complicación que implicará para los gobernadores ajustar el gasto y, a la vez, bajar impuestos.

Ya este año, 13 provincias aumentaron sus alícuotas de Ingresos Brutos en al menos un sector para, así, alcanzar el techo dispuesto en el pacto fiscal.

Sólo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero cumplieron lo acordado con la Nación.