Massa apunta a separar las elecciones de los intendentes bonaerenses
Busca que los jefes comunales se elijan en fechas diferentes al gobernador y al presidente; así podrían tomar distancia electoral de Cristina Kirchner
El Frente Renovador de Sergio Massa impulsará un proyecto para que los municipios puedan separar la fecha de la elección de su intendente de los comicios provincial y presidencial, además de poder elegir entre el sistema tradicional de boleta sábana, la boleta única de papel o la electrónica.
La idea no es nueva ni reconoce fronteras partidarias. La tuvieron los intendentes con buenas gestiones, pero malos candidatos a gobernador y presidente. Y también la persiguieron los rivales de esos barones eternos que, al frente de buenas o malas administraciones, siempre supieron elegir el paraguas de la mejor boleta provincial o nacional para atornillarse en sus sillones.
Es una jugada a dos bandas: apunta por un lado a evitar la tracción que podrían ejercer la gobernadora María Eugenia Vidal y –si se recupera en las encuestas– el presidente Mauricio Macri sobre las boletas de los candidatos locales de Cambiemos, y de ese modo “proteger” la supervivencia de los distritos del Frente Renovador y el PJ amenazados por la ola amarilla.
Por otro lado, la iniciativa busca “liberar” a los intendentes peronistas (especialmente los del conurbano) del peso electoral que en sus distritos tiene Cristina Kirchner, para así poder buscar un acuerdo entre quienes hoy se definen como peronistas “racionales”. Un acuerdo que Massa intentó y no logró en 2015 y 2017.
La aventura combina dos proyectos del Frente Renovador. Uno, impulsado por los diputados Ricardo Lissalde, Rubén Eslaiman y Javier Mignaquy, apunta a facul- tar a los municipios para anticipar y separar los comicios locales de la fecha provincial y nacional, a elegir el sistema de votación y a definir el sistema de internas.
El otro proyecto, desarrollado por el diputado Lisandro Bonelli, impulsa la adopción del sistema de votación por boleta única papel o electrónica y se adentra en su reglamentación. Parte de un piso más sólido: el voto electrónico ya existe como institución en la provincia (se usó en Pinamar) desde la sanción de la ley 13.082, de 2003, impulsada por el entonces gobernador Felipe Solá.
Lissalde insiste sobre un punto: la desviación de la voluntad popular que se produce en cada elección en la que la boleta del intendente va atada a la de gobernador y presidente: buenos y peores candidatos locales, todo se confunde. Sobran los ejemplos en el peronismo y el radicalismo del conurbano y el interior provincial.
El modelo al que apunta el massismo es el de la autonomía municipal que consagraron Córdoba y Santa Fe, aunque también tienen sus vicios. Sobre todo el caso cordobés, donde los intendentes juntan o separan sus elecciones locales sin más criterio que su conveniencia coyuntural. Y a veces sobrecargan el calendario con elecciones. La intención del massismo es generar dos instancias para las elecciones municipales: abril y junio.
El mayor obstáculo es, sin embargo, la matemática política: ¿qué incentivos puede tener Cambiemos, que controla 44 de las 92 bancas de diputados y 29 de las 46 de senadores, para votar un proyecto que diluye el “poder” del aparato nacional y provincial, y la tracción de la figura de Vidal, ahora que el PJ se ha quedado sin aparato y sin figuras dominantes?
Es más, la Casa Rosada desaconseja expresamente desdoblar elecciones. El argumento es que “la gente” no quiere tantas campañas y elecciones. Lo cierto es que, en estas semanas de derrumbe en las encuestas, en el Gobierno entienden que, contra lo que sucedió en 2015 y 2017, en 2019 Macri necesitará el “empuje” de las boletas municipales de Cambiemos, y no al revés.
Para el massismo, la respuesta a ese desinterés del oficialismo también podría estar en los números: el presupuesto y, en particular, el endeudamiento que Vidal necesita aprobar para el ejercicio 2019. Sin los votos del massismo y el PJ “racional”, Cambiemos difícilmente conseguirá ese endeudamiento del que depende la obra pública y los gastos corrientes, en un año electoral.