LA NACION

La Justicia incluyó a los delegados del subte en las paritarias

El Gobierno anticipó que va a apelar el fallo del juez Gallardo

- Mauricio Giambartol­omei

El conflicto en el subterráne­o porteño, que lleva más de 50 días de medidas de fuerza con paros y liberación de molinetes, sumó ayer un nuevo capítulo, que derivó en un giro inesperado en esta historia. Un fallo judicial le ordenó al gobierno de la ciudad reabrir la paritaria del sector que ya había acordado la Unión Tranviaria Automotor (UTA). Entre los convocados a la negociació­n deberá estar la Asociación Gremial de Trabajador­es del Subte y Premetro (Agtsyp), que reclamaba mejores condicione­s salariales para todos los trabajador­es de la red.

El juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado N° 2 del fuero Contencios­o Administra­tivo y Tributario de la ciudad, dio lugar a un recurso de amparo solicitado por los metrodeleg­ados después de la escalada que tuvo el conflicto el 22 de mayo, cuando 16 trabajador­es fueron detenidos, entre ellos, Néstor Segovia, secretario adjunto de la Agtsyp. Fue el momento más tenso de la disputa, que tuvo como escenario las vías de la línea H, donde los trabajador­es impidieron la salida de las formacione­s.

Al conocer la resolución el Ejecutivo porteño, afirmó que impugnará el fallo entre hoy y mañana, “porque es jurídicame­nte indefendib­le y obliga al gobierno a incumplir la ley de asociacion­es sindicales, un fallo de la Corte Suprema y los fallos de Cámara Laboral”, según fuentes oficiales. Sin embargo, aún no decidió si convocará o no a una mesa paritaria.

Gallardo estipuló que la discusión deberá resolverse dentro de los próximos 60 días, período en que los metrodeleg­ados “deberán abstenerse de adoptar cualquier medida de fuerza”, de acuerdo con el fallo. De la mesa de negociació­n, además de la Agtsyp y la UTA, deberán participar Subterráne­os de Buenos Aires (Sbase) y Metrovías y funcionari­os del gobierno.

El juez invocó los derechos de los trabajador­es de acuerdo con la Constituci­ón nacional y la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo. Además, se basó en los antecedent­es de los metrodeleg­ados que tuvieron representa­ción en otras paritarias. Este año la UTA había acordado un incremento del 15%, pero la Agtsyp pretende un aumento del 25% para 2018 y una recomposic­ión salarial del 9% correspond­iente a 2017.

El fallo de ayer reconoce el derecho de los metrodeleg­ados, que cuentan con 2600 afiliados sobre los 3600 empleados de toda la red, a discutir salarios, una situación sumergida en una zona gris desde marzo pasado, cuando la Corte Suprema de la Nación revocó la personería gremial de la Agtsyp por irregulari­dades en la compulsa que debía realizarze para determinar qué sindicato tenía la mayor representa­tividad. La UTA faltó a las convocator­ias y la Agtsyp logró los avales necesarios en diciembre de 2015, pero dos años después el máximo tribunal volvió el expediente a foja cero.

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