Aborto: ya anunciaron los cambios y pelean por los votos
diputados. Regularon la objeción de conciencia y propusieron crear consejerías interdisciplinarias no obligatorias para las mujeres que quieran interrumpir su embarazo
Cuando faltan solo cinco días para la definición, los promotores de la legalización del aborto acordaron un proyecto de dictamen que incluye varios cambios respecto de la propuesta original, según anunciaron ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
La modificación más novedosa es que se modifica el artículo 85 del Código Penal para reducir la pena de la mujer o persona gestante que lleva adelante un aborto después de la semana 14. La pena máxima pasa de cuatro años a un año de prisión, por lo que el delito se convierte en excarcelable.
De todos modos, en la actualidad casi no hay mujeres condenadas por ese tipo penal. Entre 2011 y 2016 se iniciaron 167 causas, y solo dos de ellas llegaron a condenas y otra a suspensión de juicios de prueba, según un estudio que publicó anteayer la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.
Las encargadas de anunciar los cambios fueron las dos primeras firmantes del proyecto: Victoria Donda (Libres del Sur) y Mónica Macha (FPV). Contaron que habían recogido inquietudes de diputados que todavía no definieron su voto. En las últimas horas, los detractores de la reforma sacaron una luz de ventaja de cara a la sesión del miérvasivos coles, pero todavía hay alrededor de 30 indecisos que podrían volcar la balanza. La batalla más intensa se da en el oficialismo, el espacio con el mayor número de diputados que no anticiparon su postura. Dos referentes de Pro, Silvia Lospennato y Carmen Polledo, expusieron esas diferencias, con una acalorada discusión en el plenario.
El resto de los cambios ya habían sido anticipados en los últimos días. El primero consiste en la regulación de la objeción de conciencia, ausente en la iniciativa elaborada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que garantiza a las mujeres el derecho a decidir voluntariamente la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
El dictamen permite que los médicos se nieguen a interrumpir un embarazo, pero solo habilita esas situaciones de manera excepcional para los profesionales que se inscriban con anterioridad en un registro.
El segundo cambio se refiere al artículo que habilitaba a las adolescentes menores de 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres. Se decidió remitir a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial.
Esa norma, aprobada en 2014, indica que los jóvenes de entre 13 y 16 años “tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan in- ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”. Agrega que si se trata de tratamientos invasivos, “el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores”, y que en caso de conflicto entre ambos “se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica”.
Un tercer cambio tiene que ver con la posibilidad de realizar un aborto después de la semana 14 en casos de “malformaciones fetales graves”. Ante críticas que señalaban que se estaba habilitando de esa manera una suerte de eugenesia (por ejemplo, ante un diagnóstico de síndrome de Down), se dispuso que solo se permitirá después de la semana 14 si se trata de “malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina”.
En sintonía con la ley vigente en la actualidad y con el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, el aborto después de la semana 14 de gestación también quedaría autorizado en los casos de violación (en los que bastaría con una declaración jurada de la mujer, sin intervención judicial) y cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, “considerada como derecho humano”.
El cuarto cambio consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten su voluntad de abortar consejerías interdisciplinarias. Esta instancia no incluiría un período de reflexión obligatoria y no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.
La quinta modificación apunta a reforzar las políticas de salud sexual y reproductiva. Es una forma de dotar a la iniciativa de un enfoque integral que permita neutralizar los argumentos de los diputados que proponen reforzar la prevención en lugar de legalizar el aborto.