La mentira de la “ley Banelco”
Al referirse al proyecto laboral del Gobierno, Pablo Moyano dijo que se trata de “otra Banelco” (la nacion, 22 de noviembre de 2017) y con esa sola frase congeló la discusión actual en el Senado. Es que hay una creencia generalizada en que hubo coimas en el Senado para aprobar la ley laboral en el año 2000.
Pero ¿fue cierto? ¿o se trata de una posverdad, en la que los hechos no importan, sino las creencias y las emociones? Veamos los hechos: El proyecto de reforma laboral del gobierno de la Alianza estaba orientado a promover el empleo, pero había dos disposiciones que horadaban el poder de los sindicatos: la prevalencia de los convenios colectivos de menor nivel (el de empresas) y el fin de la ultraactividad de los convenios de 1975.
La CGT y los diputados del PJ negociaron mucho y obtuvieron importantes concesiones. Ello facilitó su aprobación en Diputados. El proyecto pasó al Senado. Los justicialistas eran mayoría. Argumentaban que se podrían bajar los salarios, que era una exigencia del FMI. Meras chicanas. Pero los gobernadores apoyaban la reforma para salir del desempleo heredado y también la apoyaban Menem y Duhalde, por lo que la ley se aprobó. Pero un senador peronista dijo que tenía sospechas de que habían existido sobornos en el Senado. Apareció un anónimo. Creció el escándalo. Se debilitó mucho el gobierno, que cayó luego por la tormenta económica y política perfecta que le tocó enfrentar.
Durante la gestión de Duhalde la ley no se tocó. Luego llegó Kirchner, y entonces apareció Pontaquarto. Su relato parecía verdad y fue creído por todos. Nadie reparó en que cobró por su declaración (la nacion, 30 de enero de 2004). Solo trece años después se comprobó que Pontaquarto mentía. Que era un embaucador. No lo dijo ninguno de los procesados, sino el Tribunal oral Federal Nº 3 en el juicio en el que se analizaron todas las pruebas y se escuchó a más de 300 testigos.
Dijo el fallo: “La prueba producida en el debate y las demás constancias del proceso permitieron acreditar sin lugar a dudas que los hechos imputados a lo largo de este proceso… no existieron”. Y añadió: “La única fuente de esta disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio que circuló en el Senado… y que el exvicepresidente Carlos Alberto Álvarez difundió en una reunión de autoridades del bloque son los inconsistentes y auto contradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto, que no resisten el cedazo de la sana crítica racional, ni de la prueba”.
Sostuvo además que quedó demostrada la arbitrariedad del juez Daniel Rafecas al elevar la causa a juicio y criticó por deficiente la actuación de los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler (recientemente destituido).
El tribunal afirmó que resultó “por demás oscuro el modo en que llegó Mario Pontaquarto a declarar a los tribunales”, ya que se reunió primero con Aníbal Ibarra y Daniel Bravo (sospechados de falso testimonio) y luego con el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y con Hugo Wortman Jofré (después abogado de Pontaquarto). Luego de esa reunión, Fernández dijo a la prensa que había sido “un día de gloria” (la nacion, 13 de febrero de 2003).
Ahora bien, ¿por qué luego de un fallo unánime de un tribunal cuya seriedad e independencia son indiscutibles (confirmado en 2015) todavía se le sigue creyendo a Pontaquarto y se sigue hablando de la “ley Banelco”?
Es gravísimo, porque el mandato constitucional de afianzar la justicia se convierte en pura retórica, y además porque algunos usan las mentiras para defender sus privilegios.
Abogado