Un envase que aún necesita contenido
El crédito stand-by del FMI por US$50.000 millones tiene un monto muy superior al esperado y fue una buena noticia para los mercados, que ya comenzaron a tantear cuál podría ser el nuevo nivel de equilibrio para el dólar a la espera del primer desembolso de 30% en once días y con un ojo puesto en la última devaluación del real brasileño.
Pero las metas cuantitativas anunciadas, que anticipan mayor velocidad para bajar el déficit fiscal primario (a 1,3% del PBI) en el próximo año de elecciones presidenciales y menor para llegar a una inflación de un dígito alto (9% en
2021), todavía son un envase cuyo contenido dependerá de las decisiones políticas del gobierno de Mauricio Macri para poder cumplirlas.
Aquí, la señal más potente es la “emisión cero” del Banco Central para financiar al Tesoro, un esquema con reminiscencias de la convertibilidad, aunque con dos grandes diferencias: no hay tipo de cambio fijo sino flotante, ni la Argentina colocará nueva deuda voluntaria en los mercados internacionales, cerrados por desconfianza desde antes de la crisis cambiaria de los últimos meses. Con este anuncio, el Gobierno busca dejar atrás las críticas por la inconsistencia entre las políticas fiscal y monetaria. Para 2019 estaba previsto reducir a
$70.000 millones (la mitad de este año) el uso de la “maquinita”, que quedará inactiva.
También habrá un gradual desmantelamiento de la bola de nieve del stock de Lebac para reemplazarlas por Letras del Tesoro y un desmaquillaje del déficit fiscal encubierto por contabilidad creativa (letras intransferibles).
El acuerdo con el Fondo abarca un programa de 36 meses que llega hasta la mitad del próximo período presidencial y, por ende, involucra a la oposición peronista. Por lo pronto, la mala imagen del FMI ante gran parte de la opinión pública le agrega otro costo político a Macri, como ocurrió con el veto a la irresponsable ley de tarifas del PJ. Y si bien difícilmente desde el peronismo alguien vaya apoyar públicamente el acuerdo, no será igual la posición del kirchnerismo (de rechazarlo de plano sin alternativa viable), que la de los gobernadores del PJ que buscan su propia reelección y también dependen de esta única fuente de financiamiento externo y de las transferencias no automáticas de la Casa Rosada. Una crisis económica afectaría la gobernabilidad en ambos casos. El Congreso, con la negociación política y el debate del presupuesto nacional de 2019, será el escenario donde se verá cómo quedan los tantos.
Mientras tanto, todos los analistas privados pronostican al menos dos trimestres duros por delante, con más inflación y menos actividad hasta el cierre de 2018. Aun así, todo indica (con el mantenimiento de la meta de déficit primario en
2,7% del PBI) que parte del ajuste fiscal de este año se adelantó, ya que la devaluación licua el gasto público en dólares y mejora la recaudación de impuestos al comercio exterior, mientras la mayor inflación elevará los ingresos tributarios en pesos. no obstante, el Gobierno deberá recalcular el impacto de estos dos bruscos saltos (dólar e inflación) sobre subsidios y tarifas, y también sobre actividad económica y consumo.
De ahí el aumento “puente” de
5% en las paritarias cerradas en
15% a cuenta de la revisión posterior y la salvaguarda acordada con el Fondo para apuntalar el gasto social. A partir de ahora la Casa Rosada deberá aplicar el bisturí para extirpar gastos y obras públicas no iniciadas ni prioritarias. Más adelante llegará el turno de usar el serrucho sobre todo aquello que no esté incluido en la financiación del Fondo ni de los organismos internacionales (BID, BM) que completarán este virtual blindaje.