La trama de corrupción que sacude a Chubut
hay pruebas escritas y $800 millones en la mira
La investigación involucra a Das Neves y salpica a Arcioni
La Justicia provincial inició un mani pulite sin precedente, con una docena de funcionarios y empresarios detenidos Ministros y secretarios del fallecido gobernador Das Neves llevaban un registro minucioso de supuestas coimas y sobresueldos, a partir del cual los fiscales estiman una caja negra de 800 millones de pesos
Amor. Una promesa rota. Venganza. Cargaba esas sombras cuando decidió salir de su oficina, en la gobernación de Chubut, para ingresar en la Legislatura provincial. En realidad, llevaba consigo algo más: un sobre papel madera, repleto de documentos que iban a desatar el mayor escándalo de corrupción provincial que recuerde la provincia y una investigación judicial que, por momentos, compite con un guion cinematográfico.
Doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio. Una parte tras las rejas. La otra, reconvertida en opositora del sucesor de Das Neves, Mariano Arcioni. Y un botín negro que los propios contadores de la corrupción habían registrado minuciosamente en planillas de Excel y cheques fotocopiados. Hoy se estima en 800 millones de pesos. Pero podría ser más.
Aquel 28 de agosto de 2017, la secretaria del amor roto dejó el sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura. Estaba dirigido a tres diputados del FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Nadie quiso tocar el bulto hasta que la brigada de explosivos verificó que no era una bomba, sino papeles. Se equivocaban.
El sobre contenía los expedientes que mostraban cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.
“Recuerdo que separamos los expedientes sobre un tablón: compra de agua acá, colchones allá, y así. Empezamos a ver que muchos comercios no existían. O que a un kiosquito le habían comprado miles de botellas de agua, al doble del precio. Pero el desastre real empezó cuando revisamos las compras a los comercios serios. Eran los peores”, dice Meza Evans.
El 5 de septiembre, los diputados presentaron la denuncia penal por sobreprecios. Y en ese punto de la historia entran a tallar tres ingredientes claves. Uno es institucional: en Chubut rige el sistema acusatorio, donde prima la oralidad, que agiliza los procesos, y donde la iniciativa y la persecución de la acción penal caen sobre los fiscales.
El otro es económico: Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó: con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que lleva 82 días. El malestar social se electrifica ante la corrupción.
El tercero es político: la muerte de Das Neves, el 31 de octubre pasado, desencajó todo el sistema de poderes. El Chusoto (Chubut Somos Todos), su partido, se fue diezmando a medida que más funcionarios comenzaron a ser investigados o detenidos. Arcioni, que llegó a la vicegobernación como un outsider, no logró aún tomar peso político.
Así, sin diques políticos, con un sistema penal que agiliza las causas, una ciudadanía que exige justicia y fiscales rápidos de reflejos, la investigación se aceleró. El 14 de septiembre de 2017 se allanaban oficinas de la gobernación para conseguir el resto de los expedientes de la emergencia climática.
El jefe de los fiscales, Jorge Miquelarena, decidió que intervenga un equipo multidisciplinario que, entre psicólogos y peritos, cuenta con tres contadores que venían de la función pública. Ojos entrenados. Cuando se hizo la apertura de los expedientes, se convocó a los funcionarios que los habían firmado. Entre ellos, dos muy cercanos a Das Neves: el entonces ministro coordinador, Alberto Gilardino, jefe de aquella empleada despechada; y el secretario privado del gobernador, Diego Correa.
Ante los fiscales, Correa asentó su domicilio en el expediente: Velero Vesta 127, Trelew. Saltó una chispa, algo que no le cerraba a uno de los contadores. ¿Velero Vesta? El perito fue y vino por los papeles. ¿Velero Vesta? Buscó en la red. ¿Velero Vesta? Eureka.
El domicilio de Correa era el mismo de Dual Core, una de las empresas constructoras contratadas para la emergencia en Comodoro. Contratada por Correa. “Se contrataba a sí mismo y se pagaba en su domicilio”, resume el procurador Miquelarena.
Los contadores no iban a tardar en descubrir que Dual Core llevaba meses como proveedor de la provincia. Lo mismo que Sepat SRL, otra proveedora del Estado. Am- bas respondían a Correa a través de familiares y testaferros.
El procurador Miquelarena decidió que la pista de Dual Core debía seguirse por separado, en otra causa, y abocó a la investigación al fiscal jefe Omar Rodríguez. A la semana, Rodríguez le advertía que necesitaba ayuda, porque se había topado con algo “tremendo”. Se sumó el fiscal Alex Williams.
Así, la causa “Emergencia”, aquella del “sobre bomba”, alumbraba un segundo expediente, por $200 millones. Lo llaman “Embrujo”.
El nombre surgió de las escuchas ordenadas por la Justicia. En particular, la llamada que Juan Carlos Ramón le hizo a un manosanta colombiano. ¿Quién era Ramón? El capataz de las obras de Dual Core, la empresa de Correa. ¿Qué le pedía al brujo? Consejos para despegarse de Correa.
Sucede que Ramón también se había convertido en empresario: Construyendo, una firma que competía con Dual Core en las licitaciones provinciales. Siempre perdía, pero generaba la impresión de que había una puja real.
Pero los fiscales sabían que los movimientos de Dual Core y Sepat no alcanzaban para explicar el alto nivel de vida de Correa y otros investigados. Lo que no sabían era que, mientras avanzaban los allanamientos y las detenciones, se estaban por asomar a un abismo. Un abismo repleto de pruebas.
En las escuchas, los imputados hablaban frecuentemente de una “casa blanca”, la “casa de la diagonal”. Pero ese fantasma no aparecía. Quien lo invocó fue el actual ministro de Gobierno de Arcioni, Federico Massoni, algo que los dasnevistas no perdonan. Igual que el hecho de que Massoni haya participado en varios allanamientos.
La “casa blanca” estaba en Playa Unión, el balneario vecino a Rawcreó son, y era alquilada por la provincia para el entonces ministro de Infraestructura Alejandro Pagani. Pero quien la usaba era Correa.
“Para divertimento y fines recreativos”, describen –con decoro– los fiscales Rodríguez y Williams. “Pero también para depósito”, se entusiasman en aclarar: la “casa blanca” fue allanada el 14 de marzo y allí se encontraron cajas y más cajas. Una, con planillas de Excel y fotocopias de cheques.
Asomaba otro personaje clave en esta trama: Diego Luthers, secretario privado de Correa y exempleado bancario. El detalle no es casual. En las planillas de Excel, Luthers anotó minuciosamente los ingresos y gastos de la caja negra de supuestos sobornos. Y guardó fotocopias de los cheques con que pagaban las empresas.
Cualquiera podría perderse horas en los detallas más bizarros de esa contabilidad. Allí figura desde la compra de un “gel Tío Nacho” por
$300 hasta “pastillas” ($215) o los bifes de lomo que comían Correa y otros implicados. En su intensa meticulosidad, Luthers llegó a asentar incluso los sobresaltos derivados de la investigación. “Diferencia sin anotar día allanamiento”, por
$14.500 es uno de los ítems. Pero había otra lista, más significativa, donde figuran supuestos sobresueldos junto a nombres de funcionarios o de sus familiares. Eso incluye al gobernador Arcioni, que aparece anotado en más de una oportunidad, con $100.000. También a la viuda de Das Neves, con ingresos de hasta $500.000. Al tope del ranking aparecen Correa y Gonzalo Carpintero, el otro secretario de Das Neves, con un millón de pesos mensuales cada uno.
“En ese punto, necesitábamos confirmar los gastos de la primera lista para poder objetivar los supuestos sobresueldos de la segunda lista, más difíciles de probar. Así que tomamos quince gastos y fuimos a confirmarlos. Estaban ahí”, señala el fiscal Rodríguez.
¿Cómo? Por ejemplo, en una lista se consignaba el pago del carnet de conducir de Correa, confirmaron que ese mismo día, por ese mismo monto, Correa había actualizado su carnet. Lo mismo hicieron con un service para la camioneta de la viuda de Das Neves.
Los funcionarios y empresarios empezaron a hablar: corroboraron la veracidad de las planillas y los cheques fotocopiados.
Para entonces el equipo de investigación volvió a ampliarse. Williams y Rodríguez se quedaron con las causas “Emergencia” y “Embrujo”, mientas que los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli se abocaron a las planillas de Excel y los cheques. La nueva causa se llama “Revelación” y amenaza con convertirse en el escándalo mayor, porque los fiscales comenzaron a probar que el supuesto accionar delictivo se extiende desde antes de que Luthers empezara a registrarlo.
Cayeron más ministros y empresarios, que admitieron la modalidad de cobro de sobornos. Las constructoras que querían cobrar deudas por obras realizadas antes de 2015 debían pagar el 3% de esas deudas. Para conseguir licitaciones nuevas, debían pagar el 4%. Si abonaban con cheques, el 5%.
Detrás de toda esta trama quedan flotando algunas preguntas centrales. ¿Por qué los detenidos registraron la caja negra con tanto detalle? “Trabajamos con dos hipótesis: que el detalle se debe al enorme volumen de dinero que manejaban o que debían rendir cuentas a un superior”, dicen los fiscales Williams y Rodríguez.
¿Das Neves podía ignorar lo que sucedía? En su investigación, Iturrioz y Nápoli señalan un “aval al menos tácito” del gobernador. Anteayer, el empresario Patricio Musante sostuvo que el propio Das Neves le había exigido “platita”.
Eso indigna a los allegados al gobernador, que intentan rescatar su memoria. Apuntan a que los funcionarios detenidos se aprovecharon de la debilidad de Das Neves por el cáncer que terminó con su vida. Pero, de todos los consultados por la nacion, ninguno quiso ejercer esa defensa públicamente.
¿Y qué sucederá con Arcioni, que también aparece en las listas? Es la pregunta que repiten los dasnevistas y los estatales que protestan en las calles. El gobernador se presentó ante la Justicia para limpiar su nombre y hasta los opositores más aguerridos parecen pisar el freno ante él. Temen desestabilizarlo y profundizar la crisis provincial.
La situación de Arcioni es un detalle que parecen dispuestos a tolerar, en una historia en la que por los detalles, y por un amor roto, explotó una bomba.