La paz social, el nuevo desafío para Macri
Llegó el respiro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le permitió al Gobierno poner una pausa a un mes de vértigo. No es poco, aunque casi nadie dudaba de que la asistencia se concretaría. Pero la tranquilidad está lejos de alcanzarse. El horizonte económico, político y social seguirá midiéndose en horas y días.
El largo plazo volvió a ser una quimera para los argentinos. Por debajo de la iluminada superficie de las urgencias financieras se libra una carrera entre bomberos y piromaníacos de la conflictividad social.
Ellos se disputan la representación de una mayoría angustiada y golpeada. Ese es el desafío inminente para el Gobierno y con esa vara esta semana será puesto a prueba.
La negociación que concluirá mañana con la CGT para desactivar (o no) el paro general con el que la central obrera viene amenazando es el primer escollo. Al día siguiente, lo espera la votación por la despenalización y legalización del aborto, que si bien no debería confundirse ni mezclarse con la problemática económica y sus efectos sobre la sociedad, hay actores con fuerte representación social que ya la han puesto en el mismo plano.
En el macrismo de la Casa Rosada y en el de las administraciones locales están convencidos de que hoy no hay plafón suficiente para la protesta masiva. Encuestas, conclusiones de diálogos con dirigentes sindicales y sociales y la observación empírica los han llevado a esa convicción. Pero saben que esa imagen no es inmutable. La tranquilidad en los mercados puede invertirse en la calle con el transcurso de los días. Los efectos de la crisis aún no se han reflejado en la realidad cotidiana de la mayor parte de la sociedad. La reducción de los ingresos por el salto inflacionario y el parate en varios sectores de la economía, con sus consecuencias sobre el trabajo (formal e informal) todavía están por venir.
El Gobierno no tiene muchas expectativas de lograr que la dirigencia de la CGT entierre el paro general, pero dice que eso no lo desvela. Está convencido de que el impacto será relativo en términos de paz social, ya que confía en que la huelga será sin movilización, sin incidentes en el espacio público y sin discursos incendiarios que propicien una escalada. Deberá asegurarse de que esta vez sus cálculos estén bien.
Los principales gremialistas de la central obrera han dado motivos para pensar así. Les hicieron saber a sus interlocutores que los cinco puntos que pusieron como condición para bajar el paro no tienen todos la misma entidad ni son todos innegociables. Hasta sugirieron algunos atajos. Coinciden en que todavía el malestar social no ha calado tan hondo y, sobre todo, admiten sus limitaciones objetivas. Navegan con dificultad entre el abrazo de oso del Gobierno, las minas antipersonales del clan Moyano y las fogatas que encienden la izquierda y los movimientos sociales. Demasiadas complicaciones para una dirigencia acostumbrada a comodidades amenazadas por los ajustes. Casi tantas como las que tiene un gobierno con restricciones económico-financieras y déficits en lo político.
En ese escenario asoma un actor nuevo y complejo para el oficialismo, pero también para los peronistas (políticos y gremiales) más dialoguistas. Moyano y la dirigencia social que suele coincidir en sus demandas y muchas veces en la acción con los sectores más radicales han logrado el respaldo explícito de la Iglesia, no ya de sectores minoritarios o periféricos, sino de miembros de la mismísima jerarquía eclesiástica y de laicos con el camino siempre abierto a la cúpula del Vaticano.
Las alarmas del oficialismo se encendieron con la sucesión de durísimos pronunciamientos contra políticas y decisiones del Gobierno que inauguró el titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones, el 11 de mayo, continuaron con manifestaciones de los sacerdotes más queridos por el Papa (los curas villeros) el 31 de ese mes y el 1° de junio y culminaron con las declaraciones del flamante arzobispo platense, Víctor Fernández, que suele encarnar la voz de Francisco.
Se podía sospechar que la habilitación de la discusión sobre el aborto había inflamado las demandas por la situación social. Fernández fue explícito al respecto. El padre Pepe Di Paola, también. El problema fue la cuña que el tratamiento legislativo de la interrupción del embarazo interpuso entre la Iglesia de Francisco y los sectores progresistas. “La decisión de facilitar el debate sobre el aborto pone en conflicto entre sí a los sectores que defienden los derechos sociales, los aleja de esos puntos de contacto y los enfrenta en torno a la cuestión del aborto”, advirtió el arzobispo de La Plata.
En el Gobierno y también los opositores moderados temen que la Iglesia radicalice sus manifestaciones y su acción opositora para cerrar esa brecha y volver a recuperar la confianza de cierta dirigencia de izquierda con la que no solo comparten su base social. También ahora algunos dirigentes identificados con el Papa conviven en un proyecto político.
Así fue visto el lanzamiento, el martes pasado, del partido En Marcha, en el que confluyen el Movimiento Evita, Libres del Sur y el Partido del Trabajo y del Pueblo, entre otras organizaciones políticas y sociales. Ahí Juan Grabois, uno de los impulsores de este espacio y siempre bien recibido en Roma, dijo: “Hay un pueblo que tiene conciencia y no va a permitir que lo atropellen”. El acto contó con la adhesión de la más amplia gama del peronismo: el arco que va desde Sergio Massa y Florencio Randazzo hasta el kirchnerismo más recalcitrante.
Cuarenta y ocho horas después de esa presentación, dos de las principales figuras del oficialismo y las más respetadas por el Papa estuvieron en el Vaticano. Fue absoluto el hermetismo tras la reunión de Francisco con la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley, que estuvieron acompañadas por Federico Salvai, jefe de Gabinete bonaerense y esposo de Stanley. Aunque la entrevista estaba pactada desde bastante antes de que la realidad fuera tan hostil para el Gobierno, se sabe que la situación social, la conflictividad y el rol de la Iglesia en esta cuestión ocuparon buena parte del diálogo. No más que eso.
Lo que ocurra en los próximos días permitirá dilucidar lo que se habló y si hubo acuerdos concretos. La sesión de Diputados en la que se votará el aborto puede dar alguna pista. Si el sí llegara a estar en condiciones de imponerse, habrá que ver si no se ausenta algún legislador de Pro cuyo voto pudiera ser decisivo para que la despenalización tenga media sanción. Suspicacias.
La brigada que Vidal y Stanley lideraron para mejorar las relaciones del Gobierno con Roma no está sola. También la gobernadora, junto con Horacio Rodríguez Larreta, integra el consorcio de reconstructores de puentes políticos. No es una tarea fácil.
Después de ganar las elecciones legislativas, el oficialismo no dejó a casi nadie sin enojar. Para peor, el propio Presidente se muestra enojado con muchos o casi todos los dirigentes políticos. Se expresa en un déficit de autocrítica y un superávit de críticas hacia los demás.
El envalentonamiento que la crisis financiera dio a vastos sectores del peronismo, hasta hace nada desahuciados de la carrera electoral de 2019, complica las cosas. Las relaciones con el sector más moderado están en clara crisis, más allá de esfuerzos aislados como el de Vidal y Larreta para recomponer vínculos con el influyente Miguel Pichetto, expresión cabal de los dialoguistas que se sienten maltratados y sin margen para concesiones. Cristina Kirchner festeja. El Gobierno debería revisar si el cambio de la realidad no obliga a revisar la conveniencia de que siga siendo la dirigente de la oposición con más adhesión, aunque no haya descendido el rechazo que despierta.
El relanzamiento de la mesa política ampliada, que el jueves pasado volvió a reunirse con la presencia de los gobernadores radicales para escuchar un informe sobre el acuerdo con el FMI, es apenas una señal, aún tenue, de la intención de recuperar la acción y la iniciativa política. Pero hasta sus integrantes aún albergan dudas. El plazo que se han dado para disiparlas no es superior a un mes.
No solo el proyecto reeleccionista de Macri va a necesitar de un mayor soporte político para seguir en pie. También lo necesitan la gobernabilidad y el camino hacia las elecciones, que desde hace algo más de un mes es mucho más largo y empinado. El acuerdo con el FMI todavía no lo reasfaltó. Esta semana deberá atravesar algunos de esos poceados trayectos. Un buen test.