José López demora por unos días el juicio por corrupción
Objetó que la UIF sea admitida como querellante
Se aferró a una carpeta azul, mientras miraba a la cara a los jueces. Se sabía el protagonista del proceso, pero encogía los hombros como queriendo esconderse. Así, abrigado con un polar beige, mucho más delgado y concentrado, el exsecretario de Obras Públicas José López enfrentó el inicio del juicio oral y público, en el que debe responder por los 9 millones de dólares que trataba de esconder en un convento cuando fue preso.
En la primera jornada, López logró frenar por unos días el juicio mientras se decide si la Unidad de Información Financiera (UIF) puede ser uno de los acusadores en su contra.
López, que por momentos entrelazaba los dedos de las manos, apoyadas sobre su regazo como si rezara, estaba sentado junto a una joven abogada, que la separaba de su esposa, María Amalia Díaz. La mujer, apenas terminó la audiencia se paró, le dio la mano y le sonrió levemente. Desde que comenzó el derrumbe del funcionario por el episodio de los bolsos, la pareja está separada.
Pero ambos enfrentan el mismo juicio: él, acusado de enriquecimiento ilícito, y ella, como coautora del mismo delito. Es que para la Justicia ella contribuyó a esconder su fortuna, al igual que el resto de los acusados: el contador Andrés Galera, los empresarios Eduardo Gutiérrez, Carlos Gianni y Marcos Marconi. También es juzgada la monja Cecilia Aparicio, acusada de encubrimiento porque ayudó a López a esconder el dinero.
El juicio empezó con la lectura de la acusación del fiscal Federico Delgado y el auto de elevación a juicio del juez Daniel Rafecas. Allí quedó en claro que para la investigación López no pudo justificar su incremento patrimonial ostensible desde que fue funcionario, entre 2003 y 2015.
Prueba de ello son los 8.882.047 dólares que estaban en sus bolsos cuando fue preso, más los 153.610 euros y los 159.114 pesos que también estaban allí. Además tenía dos relojes carísimos: un Rolex y un Omega. A esos bienes se sumaron la casa de Dique Luján de López y un departamento en Palermo donde vivía su hija.
Los investigadores dijeron que poco se sabe del origen del dinero. A lo sumo lo que dijo López, al señalar que provenía “de la política”. El fiscal Delgado dijo algo más: entendió que es parte de las coimas que se investigan en la causa de la obra pública donde López está acusado junto con Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
En cuanto a los bienes, según las acusaciones, se estableció que el terreno de la casa de Dique Luján figuraba a nombre de Galera, pero López supervisó la construcción de la casa y luego pasó a manos de Gutiérrez, que supuestamente la alquiló a López. Y con respecto al departamento de Las Heras 2032 en Recoleta, donde vivía su hija, pasó por las manos de Gianni y Marconi, de la empresa Marketing y Eventos SA, a la sazón contratista del Estado, beneficiaria de contratos y hasta constructora de un stand en Tecnópolis.
Con esos elementos todos quedaron comprometidos, acusados de ser partícipes de enriquecimiento ilícito como los testaferros de López. En el caso de la monja Aparicio, la acusación es de encubrimiento porque se cree que sabía que López iba a ir al convento de General Rodríguez (por las llamadas previas que intercambiaron) y que conocía el contenido de los bolsos, ya que nunca llamó a la policía para denunciarlo.
Pero lo animado empezó con las cuestiones previas del juicio. Primero la UIF, que estaba representada por su titular, Mariano Federici, adelantó su llegada como querellante y dijo que iba a acusar por lavado de dinero en lugar de por enriquecimiento ilícito.
Los abogados defensores se le lanzaron a la yugular. Es que la UIF recibió el viernes pasado el aval de un fallo de la Cámara de Casación que ordenaba a la Cámara Federal dictar una nueva sentencia ante otra anterior que le prohibía a la UIF ser querellante.
El abogado Mariano Fragueiro Frías, de Gianni y Marconi, dijo que la UIF no era querellante porque el fallo aún no estaba firme y no se había dictado nueva sentencia. Adhirieron Maximiliano Rusconi y su colega Gustavo Palmieri, por la defensa de Galera. El camino que abrieron esos defensores lo coronó la abogada de López, Pamela Biserier. Dijo, además, que la defensa ante la Casación no había sido notificada, por lo que no se sabía si iba a apelar o no esa decisión, y ella como defensora tenía derecho a conocerlo. Así pidió en nombre de López un cuarto intermedio hasta que se resuelva si la UIF es o no un acusador más.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basilico aceptaron el pedido y el juicio continuará el viernes 22 del actual.
En realidad la demora tuvo lugar en Casación que no resolvió a tiempo los incidentes.
La fiscalía, a cargo de Miguel Ángel Osorio, esbozó sus argumentos. Los querellantes son admitidos hasta antes de la elevación a juicio. La UIF se presentó antes, pero nunca resolvieron si la admitían o no.
La otra semana se verá qué resuelve el tribunal, mientras López volvió a la cárcel de Ezeiza hasta que le toque declarar.