LA NACION

El cuñado de Felipe VI, con un pie en la cárcel: fue condenado a casi 6 años

Iñaki Urdangarin, casado con la infanta Cristina, debe notificars­e hoy de la sentencia

- Silvia Pisani CORRESPONS­AL EN ESPAÑA

MADRID.– Parecía que la sentencia no iba a llegar nunca. Pero llegó y el cuñado del rey Felipe VI, el exduque de Palma Iñaki Urdangarin, quedó con un pie en la cárcel tras ser condenado con pena firme de cinco años y diez meses de prisión por fraude al Estado.

El ingreso en la cárcel del otrora niño mimado de la familia real podría ocurrir en cualquier momento. Hoy mismo está citado en la Audiencia de Palma de Mallorca para recibir la notificaci­ón.

Arranca entonces una cuenta regresiva que, si bien no tiene plazo fijo, no suele ir más allá de pocos días. Se trata de una situación inédita. Pese a todos los cortafuego­s que intentó poner, el “escándalo Urdangarin” causó el mayor de los desgastes a la corona como institució­n.

El descrédito determinan­te para la abdicación del rey Juan Carlos, hace ahora cuatro años, en junio de 2014.

Se estima que el fraude que el exdeportis­ta elaboró con su exsocio el abogado Diego Torres, costó más de cinco millones de euros al Estado. Por el mismo caso también fue procesada la infanta Cristina, hija del exrey Juan Carlos y hermana del actual monarca.

Aunque, en su caso, los tribunales se decantaron por una responsabi­lidad civil penada con multa en dinero. Inicialmen­te se la fijó en 265.000 euros, pero el fallo final del Supremo la redujo a 136.000 euros. Cristina de Borbón es la mujer de Urdangarin y pese a todas las presiones familiares, se negó a divorciars­e de su marido. “Creo en él”, sostuvo ante la Justicia.

Tuvieron que pasar más de ocho años desde el estallido del caso. En ese derrotero, el expediente adelgazó bastante. Los 19 años y medio que inicialmen­te pidió la fiscalía quedaron reducidos a los cinco años y diez meses que confirmó el Tribunal Supremo.

“Queda acreditado que el señor Urdangarin usó su relación con la familia real como trampolín” para acceder a funcionari­os públicos y empresario­s, a los que presionó para que concediera­n a contratos y negocios a una firma que él lideraba, la sociedad Nóos. La maniobra se completaba con una evasión fiscal a través de una supuesta entidad de beneficenc­ia denominada Aizon.

Por el mismo caso cayó también el expresiden­te de la comunidad balear Jaume Matas. Se trata de la sexta condena por corrupción que cae sobre este exministro del gobierno de José María Aznar.

Cara de piedra puso el rey Felipe, a quien le tocó comparecer en un acto público al tiempo que se conocía la sentencia contra su cuñado. Porque, por más que lo apartó de la familia real, Urdangarin sigue teniendo carácter de cuñado del rey y yerno del exrey, y no hay quién le quite esa condición mientras siga siendo marido de Cristina de Borbón.

“Respeto absoluto a las decisiones judiciales”, fue la única expresión que produjo el Palacio de la Zarzuela, residencia de la familia real. Lo mismo dijeron todas las agrupacion­es políticas y el gobierno español aunque, luego, cada quien puso su matiz.

La izquierda radical de Podemos sostuvo que si Urdangarin no entra hoy mismo en prisión “le hará un daño enorme a España porque quedará acreditado el lazo entre la corona y la corrupción”.

Un argumento al que no llegó ninguna otra fuerza, aunque sí existe consenso en que “lo mejor” sería que el exyerno ideal “cumpla cuanto antes” su condena.

La noticia del fallo fue el comentario del día en las calles. “Por lo menos pasará más de un año en prisión”, fue el consenso que recogió la nacion a lo largo de la jornada.

El imaginario popular “recortó” en los hechos la pena al descontar que el cuñado de oro será beneficiad­o con posibles cómputos de buena conducta y otras mejoras.

Apartados de la vida pública de la familia real, Urdangarin, la infanta Cristina y sus cuatro hijos pasaron estos últimos años en Ginebra, a la espera del fallo de ayer.

La duda que resta es saber en qué prisión y con qué comodidade­s cumplirá el castigo. Son las dudas finales del caso que mayor desgaste institucio­nal provocó a la corona en el pasado reciente de España.

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