Todavía no se controla el uso de sillas infantiles para los vehículos

En enero se estableció su obligatoriedad para los chicos de hasta 10 años

Para reducir en los chicos las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito, en enero pasado se firmó el decreto 779/95, que exige que los menores hasta los 10 años viajen sentados en una silla de retención infantil ubicada en el asiento trasero, que debe ser elegida en función del peso y el tamaño de cada uno. Sin embargo, aún no se controla el cumplimiento de la normativa ni se están labrando las multas correspondientes, según informaron fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esto es así porque, según explican, primero es necesario que cada provincia adhiera a la ley de tránsito N° 24.449 (modificada por el decreto 779/95) para que sea efectiva en su territorio. “La adhesión va a tomar un tiempo”, precisaron desde el organismo.

Los sistemas de retención infantil (SRI) logran reducir hasta un 70% las muertes de lactantes y entre un 54% y 80% las de niños pequeños, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). En el país, las heridas ocasionadas en accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte y discapacidad en personas de entre cinco y 35 años.

“Una cosa es adherir a la ley y otra ejercer los controles necesarios para hacerla cumplir”, distinguió Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), aunque consideró “muy positiva” la nueva normativa.

Un estudio de la ANSV sobre el comportamiento de los conductores señala que menos del 50% lleva a sus hijos de hasta cuatro años en la “sillita”. Y la falta de protección total alcanza a cerca de siete de cada 10 menores de edad.

Si los controles se hiciesen, los infractores deberían pagar multas de entre $3000 y $11.000, aproximadamente, según lo establezca el juez de faltas en casa caso.

Esta normativa fue reclamada durante años por distintas ONG e instituciones, como la SAP, y se ajusta a los estándares internacionales que en muchos países rigen desde hace décadas.

Dependiendo del modelo, el precio de un SRI puede variar de $4000 a $12.000, aproximadamente.

Desde 2015, en la ciudad ya existe una normativa con la misma finalidad que alcanza a los menores de hasta 12 años.