Un proyecto que no resuelve el problema de fondo
La mortalidad materna no se reduce con la despenalización, sino con prevención, educación y acceso a la salud pública
El aborto existe y es una realidad que nadie ha negado y que debe ser abordada. Sin embargo, no apoyar un proyecto de ley para que las mujeres tengan derecho a abortar en forma irrestricta no significa que estemos barriendo la realidad bajo la alfombra ni nos convierte en “anti derechos”. No votar a favor de esta ley significa que no estamos de acuerdo con la forma en que propone dar solución a esta triste realidad que nos convoca. Durante las exposiciones escuchamos distintos testimonios, pero debemos ser muy claros sobre lo que se está debatiendo: si el Estado debe permitir, y garantizar en forma gratuita, que las mujeres accedan a abortos libres y a petición. No olvidemos que los casos más extremos ya están contemplados. No hace falta sancionar esta ley para que una mujer acceda a un aborto si su embarazo fue producto de una violación o para evitar un peligro para su salud o su vida.
Se buscó llevar el debate a una disputa dicotómica: libertad o restricción, a favor o en contra de las mujeres, lo moderno o lo antiguo, blanco o negro, sin grises. Como legisladores, tenemos la obligación de elaborar leyes en forma racional y sensata, y de legislar sin hacerles creer a las mujeres que, de sancionarse esta ley, de inmediato se pondrá fin a los principales problemas de desigualdad que transitan.
Lo primero que debemos establecer, para que el debate sea sincero, es que en el caso de una mujer embarazada la decisión ya no es únicamente sobre su propio cuerpo, sino que también está decidiendo sobre el cuerpo –sobre la vida– del niño o de la niña por nacer.
Nuestro Estado permanentemente legisla y aplica su poder restringiendo nuestras libertades para protegernos y proteger a terceros. Nos obliga a usar casco y cinturón de seguridad, nos obliga a vacunarnos, nos prohíbe vender nuestros órganos, etc. ¿Y por qué interviene el Estado si es “tu cuerpo, tu decisión”? Porque el Estado no solo debe garantizar la voluntad individual. Debe proteger los derechos fundamentales de la sociedad y no dejarnos solos cuando estamos en una situación de vulnerabilidad.
Si queremos mujeres libres, deberíamos haber invertido este tiempo en buscar formas para que se cumplan todas las leyes que hoy ya tenemos y crear las que hagan falta para que las mujeres puedan acceder a trabajos formales con el mismo salario que un hombre, para que no dejen de ser contratadas por ser mujeres en edad fértil, ni tengan que elegir entre su profesión o ejercer la maternidad, ni reciban los alimentos correspondientes cuando son quienes se hacen cargo del cuidado personal de sus hijos, etcétera.
Aprobar esta ley no garantiza la libertad de elección de las mujeres. En nuestro país, el 58% de los embarazos terminados en parto fueron no planificados. Si queremos que todas las maternidades sean elegidas, el Estado debería estar poniendo todo su esfuerzo en lograr que todos los embarazos sean planificados. Por más que muchas veces las políticas públicas no son excluyentes y pueden implementarse en simultáneo, acá la diferencia está en aplicar políticas públicas que resuelvan la cuestión de fondo, trabajando sobre las situaciones que llevan a la mujer a abortar o elegir el camino fácil e ineficiente para una problemática compleja.
Nos pidieron a quienes estamos en contra de este proyecto que no nos dejemos guiar por nuestras convicciones y que hablemos de políticas públicas que garantizarán la vida de las mujeres. Y es eso a lo que apuntamos. Este proyecto de ley solo garantiza un derecho a abortar en forma irrestricta; no garantiza reducir la mortalidad materna. La mortalidad materna no se reduce con soluciones mágicas, sino con prevención, educación y acceso a la salud pública.
Aunque el aborto sin causa se convierta en legal y gratuito, si el Estado no logra primero garantizar los mismos índices de seguridad sanitaria para todos, las mujeres pobres seguirán accediendo a abortos más inseguros que las mujeres ricas. Las mujeres con menos recursos son las que seguirán muriendo por las principales causas de mortalidad materna, como las hemorragias, las infecciones o la hipertensión gestacional, así como por los abortos “seguros” hechos con misoprostol, si siguen sin contar con un centro de salud cercano en el cual hacerse la ecografía posterior.
El aborto es la última causa de muerte materna. Esto no significa que no debamos ocuparnos del tema, una muerte por razones evitables es suficiente para que el Estado intervenga. Pero en un país con tantas necesidades respecto de la calidad de vida de su pueblo es imperioso establecer prioridades.
Países como Chile, Uruguay, Polonia e Irlanda, aun mientras tenían sistemas legales más restrictivos que los nuestros respecto del aborto, pudieron reducir la mortalidad materna. En cambio, Estados Unidos tiene aborto legal, pero mantiene niveles muy altos de mortalidad, por no garantizar el acceso a la salud y los controles necesarios a todas las mujeres.
Las mujeres en la Argentina mueren por no acceder a tiempo a los servicios de salud. Esto nos obliga a que la gente sepa que disminuir la mortalidad materna no se consigue legalizando el aborto, sino ejecutando políticas públicas de manera integral para combatir todas las causas. Con la sanción de esta ley no solo no se reducirán las causales de mortalidad materna en general, sino tampoco las muertes por aborto, ya que aquella no garantiza un acceso real y cercano a los servicios de salud.
Se ha repetido incansablemente que la normativa penal actual que criminaliza a la mujer fracasó. Sin embargo, cuando analizamos los números, vemos tres cosas: es prácticamente nula la persecución por parte del Estado de este delito; el 58% de los embarazos fueron no planificados; el 81% de los jóvenes manifestaron que les gustaría recibir “educación sexual”. Lo que fracasó no fue el derecho penal. Lo que fracasó fue la educación y el acceso a la salud. Por otro lado, el dictamen presentado la semana pasada, en el que se han modificado partes sustanciales del proyecto original, propone mantener el artículo 88 del Código Penal para seguir penalizando a la mujer si aborta después de la semana 15. ¿En esos casos el sistema penal sí va a funcionar? ¿Quieren dejar de criminalizar a las mujeres o pasar de la protección del niño por nacer desde la concepción a la protección desde la semana 15?
Si queremos convertirnos en un país desarrollado, trabajemos primero en garantizar el acceso a la educación y a los servicios de salud. Si queremos saldar la deuda con las mujeres, hagamos cumplir las leyes que ya tenemos.
El aborto legal irrestricto no libera a la mujer, sino que institucionaliza condiciones de desamparo y profundiza las desigualdades. Debemos avanzar hacia una legislación moderna, inclusiva, amplia y respetuosa de los derechos humanos de todos los miembros de una sociedad, y en ese camino no podemos dejar de lado los derechos de los niños y niñas por nacer. Provocar la muerte nunca es una solución. Provocar la muerte siempre es un fracaso y el origen de un problema mayor, los traumas, de los que nadie habla. La opción más humana es trabajar por salvar las dos vidas. Legislemos para la vida.
El aborto legal irrestricto no libera a la mujer, sino que institucionaliza condiciones de desamparo y profundiza las desigualdades
La opción más humana es salvar las dos vidas