LA NACION

Nadie planteó una alternativ­a

- Laura Serra

La Cámara de Diputados asiste a un debate a todo o nada: este es el déficit principal de la sesión histórica de ayer. Solo dos opciones se pusieron en juego: el voto a favor de la legalizaci­ón del aborto en el país o su rechazo liso y llano. No hay puntos medios. Nadie planteó una alternativ­a que pudiera contener a todos aquellos diputados que no se sienten cómodos con la grieta abismal que les impusieron tanto los antiaborti­stas como los proabortis­tas.

Aquí la principal responsabi­lidad recae en quienes impugnan el proyecto. Hicieron del lema “Salvemos las dos vidas” un dogma que no aceptó discutir, siquiera, una alternativ­a para aquellos diputados que navegan, consternad­os, entre sus creencias morales y su sensibilid­ad hacia la realidad cruda de los abortos clandestin­os. ¿Cuál hubiese sido esa alternativ­a? Un proyecto que, al menos, propusiera la descrimina­lización de la mujer que incurre en un aborto. Varios legislador­es que no comulgan con el aborto a libre demanda, pero tampoco están de acuerdo con la rigidez de quienes se plantan en contra, hubieran apoyado esta alternativ­a, respaldada incluso por muchos religiosos.

Otros diputados sugirieron que, al menos, se contemplar­a en un dictamen alternativ­o la situación de los embarazos productos de violacione­s y que se hiciera ley lo que la Corte Suprema dispuso hace dos años en el Protocolo para la práctica de abortos. Tal vez este hubiese constituid­o una salida intermedia que hubiera implicado un primer paso hacia una ampliación mayor de derechos para las mujeres.

Pero no hubo caso. Los antiaborti­stas se plantaron en el recha-

zo liso y llano. Esa inflexibil­idad les ha costado caro: hace dos meses aventajaba­n por una diferencia de más de 20 votos a quienes impulsan la despenaliz­ación.

En los últimos días la brecha se acortó dramáticam­ente al punto de instalar, por estas horas, una inédita situación de paridad. Es que, contrario a los detractore­s del proyecto, quienes impulsan la legalizaci­ón del aborto flexibiliz­aron sus posturas extremas (y por demás polémicas) para arribar a un texto de consenso más moderado.

La réplica

Quienes critican el proyecto plantean argumentos atendibles. Advierten, por caso, que la única solución que proponen los impulsores del proyecto para las desigualda­des e injusticia­s que describen es el aborto. Y reprochan que se las acuse de ser cómplices de miles de muertes de mujeres que acuden al aborto clandestin­o. Desmienten, también, que haya 500.000 abortos en nuestro país e insisten que es una falacia que esta práctica sea la principal causa de mortalidad materna, como agitan los proabortis­tas.

Llama la atención, no obstante, que entre estos argumentos razonables se deslicen conceptos rígidos y poco tolerantes. “Los textos de los proyectos desenmasca­ran –dice el dictamen de rechazo– su verdadera intención: que se instale en el debate y en nuestro ordenamien­to jurídico el derecho al aborto para el goce pleno de los derechos sexuales y reproducti­vos”. Suena retrógrado en pleno siglo XXI.

Quienes están en contra de la despenaliz­ación del aborto insisten en que, antes de legalizar una medida extrema como el aborto, el Estado debería esforzarse por instrument­ar medidas preventiva­s que disminuyan la cantidad de embarazos no deseados, sobre todo en las adolescent­es. Concretame­nte, la educación sexual y la prevención sanitaria por medio de la distribuci­ón de preservati­vos. Aquí estaría la clave de la solución al problema que acercaría, incluso, a proabortis­tas y antiaborti­stas.

Lamentable­mente, poco y nada se discutió sobre este tema. El Estado destina este año 372 millones de pesos en un programa de prevención del embarazo, pero hasta ahora ejecutó apenas el 8% de la partida.

Nadie alzó la voz. Nadie advirtió sobre este desfinanci­amiento. Como si cada uno prefiriera quedarse de su lado de la grieta sin siquiera animarse a buscar el necesario punto medio.

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