La Justicia investiga el grave deterioro de las FF.AA.
Detectan aviones que no vuelan y equipos obsoletos
En los tribunales federales de Comodoro Py avanza una investigación para determinar si hay responsables penales detrás del “estado de deterioro” de las Fuerzas Armadas.
El promotor del expediente es el fiscal federal Jorge Di Lello, y su punto de partida fueron la desaparición del submarino ARA San Juan y otras tragedias militares que –en términos del fiscal– podrían ser consecuencia de hechos o conductas delictivos. De la información que Di Lello reunió hasta ahora resulta que desde hace años el material con el que operan las tres fuerzas es obsoleto.
De acuerdo con los informes presentados por testigos, no hay submarinos en condiciones de navegar, la mayoría de los aviones están fuera de servicio y no hay un solo avión de combate en vuelo; tampoco hay municiones suficientes para el mínimo entrenamiento exigible y la mayor parte de los vehículos rodantes no tienen permiso para circular por la calle: no pasan la verificación técnica.
El expediente que abrió Di Lello, en el que ya declararon siete exministros de Defensa, es una “investigación preliminar”, una instancia previa al inicio formal de una causa penal. Abarca un período de más de 35 años: desde la Guerra de Malvinas, durante la dictadura, en adelante.
En una entrevista con la nacion, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, admitió que el estado del material operativo de las fuerzas es obsoleto. Lo adjudicó a “la decadencia integral del país” y a la “estigmatización” que, dijo, sufrieron los militares durante la última década. Según Aguad, la idea del Gobierno es mejorar la inversión, pero con conciencia de que son tiempos “de grandes restricciones” para el país. Anunció además que las fuerzas están en plena reconversión y que el Gobierno va a derogar el decreto de Néstor Kirchner que solo les permite actuar ante un ataque exterior que sea de otro Estado (ver aparte).
Este año, el estado de las fuerzas es un asunto especialmente delicado: Buenos Aires será sede de la Cumbre del G-20 y recibirá a los principales líderes del mundo.
“¿Para qué tiene la Argentina FF.AA.? ¿Tiene el país hipótesis de conflicto? Si tiene, ¿está equipado para enfrentarlas?”, se preguntó el fiscal como uno de los ejes de su investigación. Consultado sobre el porqué de este expediente, afirmó: “El detonante fue el ARA San Juan, pero yo venía observando que a las fuerzas las disminuyeron, que tienen malos sueldos (ganan menos que las fuerzas de seguridad), que no tienen equipamiento ni instrucción suficiente”.
En los últimos seis meses, sin que trascendiera, Di Lello reunió documentación sobre el estado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y ya declararon como testigos siete exministros de Defensa y militares retirados. Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, declaró: “La Armada cuenta con una importante cantidad de naves que solo sirven a los efectos estadísticos, porque no es posible ponerlas nuevamente en servicio […]. Gran parte de los pilotos no pueden cumplir con las horas mínimas de vuelo que los habilitan para cumplir con su misión. La munición con la que cuenta el Ejército no alcanza siquiera para mantener un adecuado adiestramiento de sus hombres ni para sostener un mínimo de días de combate”.
El vicealmirante (R) Antonio Torres dijo que “los vuelos clandestinos” y la “pesca ilegal” demuestran que el país no está siquiera en condiciones de controlar el espacio terrestre, marítimo y aéreo.
Las primeras páginas de la investigación de Di Lello son un relevamiento de “accidentes”. Da cuenta de, al menos, 78 hechos con aviones y helicópteros militares desde 1986. Di Lello incorporó además un informe periodístico que dice que desde entonces murieron al menos 252 personas en tragedias militares.
Citó como testigos a todos los exministros de Defensa, desde Jaunarena en adelante. Huberto Romero, Jorge Domínguez, Ricardo López Murphy, José Pampuro, Nilda Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi. También, a militares de las tres fuerzas, a Rosendo Fraga y a Elisa Carrió. “No incluimos a ministros de esta gestión ni a personal en actividad para respetar la investidura del comandante en jefe y el deber de verticalidad”, dijo el fiscal. “Esta no es una investigación contra nadie –sostuvo Di Lello–, sino para ver si hubo responsabilidades penales a lo largo del tiempo o bien descubrir las causas del estado de deterioro”.
Las posibles figuras delictivas podrían ser “incumplimiento de los deberes de funcionario público” o “defraudación a la administración pública”, de haber existido un fraude con el patrimonio destinado a las fuerzas. Si, en cambio, Di Lello concluye que no hubo delito, “se remitirán las conclusiones a todos aquellos a quienes la Constitución y las leyes les encomiendan atender a la defensa nacional”, anunció.