Susana Trimarco, en la mira por los fondos que le giró De Vido

Un fiscal pide indagarla por haber recibido $5,6 millones para una obra que no se realizó

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, secuestrada el 3 de abril de 2002 en Tucumán, deberá rendir cuentas ante la Justicia Federal en el marco de una causa que investiga un presunto fraude millonario en perjuicio del Estado nacional.

El 4 de diciembre de 2015, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner, la Fundación María de los Ángeles, presidida por Trimarco, recibió un desembolso de $5,6 millones para comenzar la construcción de un jardín de infantes en el predio del ex Hospital Militar, que pertenece al Ejército, en la capital tucumana. Ese dinero equivalía al 25% del monto total de la obra, que se había presupuestado en $22,4 millones, con aportes del entonces Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, hoy preso en una causa por corrupción.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación que llevó adelante el fiscal federal Carlos Brito, la obra ni siquiera fue iniciada. Por esta razón, solicitó que sean citados a declarar Trimarco; el secretario de la fundación, Gastón Robles, y la tesorera de esa ONG, Alicia del Valle Trimarco, que es prima de la mamá de Marita Verón. El expediente, al que la nacion tuvo acceso, está en manos del titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien en los próximos días deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal.

La denuncia contra Trimarco fue realizada en marzo de 2018 por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda tras la realización de una auditoría en la que se constató un presunto manejo irregular en el manejo de los fondos otorgados a la Fundación María de los Ángeles para la realización de las obras.

Antes, en abril de 2016, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya había ordenado a la ONG la inmediata devolución del predio del ex Hospital Militar, que tiene una superficie total de cinco hectáreas.

Entre otras cuestiones, se habrían constatado la falta de documentación que justificara el monto del convenio entre la fundación y el gobierno nacional, la ausencia de un plan de obra con modo y plazo de ejecución y una carátula de expediente de pago generada con anterioridad a la carátula del expediente del proyecto de obra.

En el predio perteneciente al Ejército se iba a construir un centro materno-infantil que brindaría contención a mujeres víctimas de la trata de personas y de la violencia de género y sus hijos.

El monto contractual del convenio ascendía a la suma de $22.466.860 (la cifra no estaba actualizada al momento de la denuncia), mientras que el anticipo financiero pactado para el inicio de la obra era de $5.616.715. El plazo estipulado de la obra era de 12 meses a partir de la fecha del acta de inicio, la cual debía ser confeccionada en un plazo de 30 días a partir del cobro del anticipo financiero. La fundación nunca cumplió con esa rendición de cuentas, ni siquiera tras recibir una intimación por parte del Ministerio del Interior de la Nación. La ONG tampoco cumplió con la devolución de los fondos, tal como había solicitado el gobierno nacional.

Según el fiscal Brito, “la Fundación María de los Ángeles no dio ninguna explicación del motivo porque desde que percibió los fondos correspondientes al anticipo de $5.616.715, que se le depositó el 4 de diciembre de 2015, no ejecutó obra alguna con esos fondos y tampoco dio razones del destino de los mismos”.

Consultada por la nacion, Trimarco se mostró sorprendida por el avance de la causa penal. “No sé de qué hablan en la Justicia, porque nosotros ya devolvimos todo, hicimos todas las presentaciones con lo que nos pidió la Nación. De ese dinero se devolvió una parte y el resto quedó como una ayuda económica para el pago de los sueldos de la gente”, explicó la presidenta de la fundación, quien contó que viajará a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales. Y aseguró que habló sobre el tema con el presidente Mauricio Macri.