El Gobierno adjudicó seis corredores viales con peaje mediante el sistema PPP

El régimen establece que las obras, por US$6000 millones, sean financiadas por los privados; se repagarán con un bono

Javier Iguacel, designado ministro de Energía, se despedirá de Vialidad Nacional con una firma que vale más de 6000 millones de dólares. Junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó ayer la resolución para adjudicar el primer paquete de concesiones viales bajo el régimen de participación público-privada (PPP).

Fue la última decisión formal de quien asumirá en reemplazo de Juan José Aranguren. Las PPP, que se llevarán seis corredores viales que serán explotados en la modalidad de peaje, se convirtieron en un tema de vital importancia para la administración del presidente Mauricio Macri. Sobre todo después de la corrida que llevó a la fuerte intervención del Banco Central para contener el precio del dólar.

En aquellos primeros días de vorágine cambiaria, el Gobierno abrió los sobres de la primera licitación que se presentaba bajo la modalidad PPP, un esquema en el que el privado pone el dinero y se cobra con un bono del Estado después de terminar la obra, además del flujo de la recaudación de una determinada cantidad de años.

Pese a los malos augurios de los mercados, la licitación siguió adelante. Se recibieron 32 ofertas por obras por alrededor de 5376 millones de dólares. Sin embargo, los cambios en la ecuación económica desde que se puso en marcha el proceso hasta que se abrió la oferta llenaron de dudas la firmeza de aquellas intenciones plasmadas en cada uno de los sobres. Los constructores tragaron saliva y mantuvieron vigentes sus presentaciones.

En la Casa Rosada, aquella tarde de licitaciones firmes fue vivida como un triunfo. El esquema, que se estudia para decenas de proyectos de infraestructura, había sido bien recibido por el mundo vial. Con el correr de los días, la posibilidad de que alguna de las propuestas se corra de lado se mantuvo latente.

“Las licitaciones por PPP demostraron ser una herramienta sólida para que podamos hacer las obras que el país necesita para seguir generando en empleo, para crecer, para desarrollarse y, fundamentalmente, para mejorar la seguridad vial y terminar con las rutas de la muerte. La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto”, dijo Dietrich.

Pero no solo la importancia está dada por el éxito de la “operación rutas”, sino también por lo que podría significar para toda la obra pública. Sucede que tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los dueños de las lupas presupuestarias empezaron a hurgar en los pliegues de la administración en aquellos lugares donde se puede ahorrar un peso. Y entonces aparece, como siempre en la Argentina, un fusible llamado obra pública. El país podría escribir un tratado en proyectos de infraestructura detenidos en el tiempo por el paso de la corrupción, la inflación, el cambio de las prioridades y los ajustes presupuestarios. Sería fácil de ilustrar: alcanzan las fotos de anuncios de obras oxidados por el paso de los años.

Bajar el ritmo de la obra pública en año electoral, además, parece ser la peor ecuación. De ahí que la PPP, donde el dinero lo pone el privado hasta que se termine, es una herramienta para no detener la actividad de la construcción.

Si finalmente el esquema terminara por arrancar, la Argentina tendrá obradores viales como pocas veces en la historia con una nula erogación del fisco. Un efecto palpable del asunto sería, por ejemplo, que la necesidad presupuestaria de Vialidad sería notablemente menor.

Los dueños de la lupa fiscal saben que, de acuerdo con la forma en que se encare el ajuste, las consecuencias sobre el nivel de actividad varían. Daniel Artana, economista de FIEL, escribió en uno de los últimos reportes que “el multiplicador del gasto corriente es muy bajo”. Sin embargo, dice, los multiplicadores del gasto de capital son bastante más altos. “El efecto negativo de la mejora fiscal sobre la actividad económica será menor cuanto más foco se ponga en reducir el gasto corriente”, concluye.

Gasto de capital es, en una gran mayoría de las veces, obra pública. En el Gobierno saben que cada peso que se pone en ese sector se multiplica por 2,14. Dicho de otra forma, por cada peso que se coloca en ladrillos la economía mueve 2,14. Por cada peso que un organismo multilateral presta para financiar infraestructura o que cada privado pone en una PPP, el Estado recauda en concepto de impuestos una gran proporción. Dicho de otra forma: gran parte de los 6000 millones de dólares que ingresen en cuatro años de obras serán impuestos.

Si finalmente las PPP prosperaran (Vialidad tiene dos más programadas para este año), el Estado podría mantener la actividad en el sector sin desembolsar dinero. Casi una novela con final feliz en los oídos de los funcionarios argentinos ávidos de ahorrar.