En defensa y seguridad también se necesita consenso político
Tanto el Gobierno como los partidos deben buscar respuestas a los desafíos que enfrenta hoy la sociedad
Si el Estado democrático no es eficiente para proveer seguridad a sus habitantes para que puedan ejercer sus derechos constitucionales, en la sociedad crece inevitablemente la ilusión del atajo autoritario
En su discurso en el Día del Ejército, el presidente Macri señaló: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las necesidades del siglo XXI y preparadas para las amenazas que hoy nos preocupan”. Claramente, marcaba la diferencia de los tiempos que nos toca vivir de aquellos vigentes durante la época en que se sancionó nuestra ley de defensa (1988). Época de la denominada Guerra Fría, que fue fría para sus dos protagonistas principales (los Estados Unidos y la Unión Soviética), pero no para los países periféricos, como el nuestro, en donde la guerra significó un enorme derramamiento de sangre de argentinos.
Ese mundo ya no existe. Desapareció hace casi treinta años, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS. Ahora vivimos uno nuevo, con nuevos conflictos de una dimensión y unas características antes desconocidas. El terrorismo, cuyas consecuencias de muerte y dolor vivimos directamente con el atentado a la embajada de Israel y a la AMIA. La expansión incontenible del narcotráfico, con la generación de agentes cada vez más poderosos económicamente y mejor armados para un eventual combate. Los fanatismos religiosos, con sus secuelas de crueldad y muerte de inocentes. Las denominadas guerras asimétricas, que enfrentan a Estados con agentes no estatales, muchas veces subvencionados o protegidos por otros Estados. Los ataques con aviones que transportan civiles inocentes. Las agresiones cibernéticas. Las migraciones masivas. Las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes por el cambio climático, etc.
Es obvio que no todas estas amenazas deben ser respondidas con las FF.AA., pero ciertamente han marcado la necesidad de pensar nuevas respuestas, expresadas en una frase atribuida a Mario Benedetti frente al ataque a las Torres Gemelas en Nueva York: “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas”.
Cambiaron los tiempos, cambiaron los conflictos a los que tenemos que dar respuestas y, por lo tanto, han perdido actualidad presupuestos que se consideraban de absoluta validez tiempo atrás. Entre ellos, y de manera fundamental, la división en compartimentos estancos entre la defensa y la seguridad interior (hoy consideradas en el mundo una continuidad íntimamente vinculada), y su correlato, la determinación del medio para repeler la agresión según su origen geográfico.
La realidad marcó en diferentes países con opuestos signos ideológicos la pérdida de vigencia de estos conceptos. Cerca de nosotros, en Bolivia, el presidente Evo Morales dispuso el empleo del instrumento militar para repeler un brote secesionista en la frontera norte. El presidente Lugo, en Paraguay, dispuso el empleo de las FF.AA. para neutralizar el accionar de un grupo guerrillero en su territorio. Brasil ha debido recurrir a elementos de sus fuerzas armadas para combatir el narcotráfico armado con armas de guerra en las favelas de Río de Janeiro. Chile recurrió a su empleo para mitigar las consecuencias de un terremoto en el norte de su frontera. No hablemos del accionar de las FF.AA. en Colombia en los enfrentamientos con las FARC. Francia, luego de un atentado de EI, custodia iglesias y sinagogas con elementos de sus fuerzas armadas. En Italia se hace lo mismo.
En el mundo que nos toca vivir, una adecuada respuesta a un ataque no depende del origen geográfico de la agresión, sino de sus características (armamento empleado, potencialidad del daño, objetivo atacado, etc.). Es tan absurdo recurrir a las fuerzas armadas para reprimir una protesta callejera como intentar repeler con gases lacrimógenos un ataque que se lleva adelante con ametralladoras, obuses o morteros, o cuando se intenta volar una usina nuclear.
Hoy, nuestro desafío es que la Argentina debe recuperar el control soberano de su territorio. Ha perdido el control de su espacio aéreo por carencia de radares, aviones interceptores y una ley que disuada claramente al infractor. Ha perdido el control de su riqueza ictícola en nuestro mar por insuficiencia del patrullaje que debiera realizar la Prefectura y la falta de coordinación con los elementos que la Armada puede destinar a tal fin. Se han incrementado los secuestros de droga, pero si no controlamos nuestro territorio, en el aire, en el mar y en la tierra, el esfuerzo se parece a la pretensión de desagotar el mar con una cucharita.
Frente a todos estos desafíos, las Fuerzas Armadas tienen mucho que aportar. No se trata de transformar nuestras FF.AA. en nuevas fuerzas de seguridad, que ya hay bastantes y desordenadas en sus ámbitos específicos de competencias.
Las FF.AA. tienen que conservar el rol para el cual fueron creadas: la protección de la vida y libertades de nuestros habitantes, la integridad de nuestro territorio, la protección de nuestros recursos naturales y desarrollar la capacidad del Estado para ejercer sus decisiones soberanas (que la Argentina pueda decir que no cuando tenga que decir que no).
En un mundo que carece de instituciones internacionales que puedan garantizar por sí la paz y la integridad de los Estados, debilitarlas al extremo constituye una severa irresponsabilidad. Carece de sentido traspasar personal de suboficiales del Ejército a la Gendarmería.
Las FF.AA. debidamente preparadas, y con respeto irrestricto a una actualizada legislación y con reglas de empeñamiento claras, pueden disminuir las islas de indefensión que estamos sufriendo. Pretender que las palabras del Presidente anticipan una política represiva es tan absurdo y falaz como la idea de asimilar a este gobierno con la dictadura de los setenta.
La defensa y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado, pero es un problema no solo del Gobierno, es un problema de todos y que debe ser asumido como tal por las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Si el Estado democrático no es eficiente para proveer seguridad a sus habitantes para que puedan ejercer sus derechos constitucionales, en la sociedad crece inevitablemente la ilusión del atajo autoritario. Una convocatoria amplia y federal en la materia podría contar hoy con el apoyo de grupos parlamentarios importantes y de los gobernadores que padecen los problemas específicos en sus jurisdicciones.
Los consensos políticos amplios facilitarían al gobierno federal y a los gobernadores el reordenamiento de las superposiciones de competencias hoy desbordadas y la racionalización del gasto específico.
Sin demagogias, sin especulaciones cortoplacistas, sin prejuicios ideológicos. Con el concurso de quienes han profundizado en los temas atinentes, debemos tratar las políticas de mediano y largo plazo que den respuestas a los desafíos a los que hoy tenemos que responder y a los que se ha referido el presidente Macri.
Solo así podremos “proveer a la defensa común... para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.