El PPP en el despegue de la obra caminera
La aplicación del sistema de participación público-privada ayudará a dejar atrás el prolongado retraso de la Argentina en su red vial
El Gobierno encontró una manera de llevar adelante inversiones prioritarias en infraestructtura
La licitación y adjudicación de las obras sobre seis corredores viales por el sistema de participación público-privada (PPP) significan un loable impulso para recuperar el retraso y deterioro de la red principal de caminos. Los tramos seleccionados y los estándares proyectados responden a criterios adecuados de selección y de gradualidad en las inversiones. Las obras comprenden 3353 kilómetros, de los cuales 629 tendrán la categoría de autopistas. El resto serán autovías, con doble calzada, pero con control parcial de cruces y accesos o “rutas seguras” con trochas adicionales de sobrepaso.
Las concesiones serán por 15 años y el Estado realizará pagos según la cotización ofrecida, que supuestamente cubrirán el recupero de la inversión en la construcción. El gobierno nacional hará esos pagos a través de un fideicomiso constituido con aportes del fondo Sisvial, que a su vez está fondeado con un impuesto al gasoil. Los concesionarios, además, cobrarán peaje y explotarán las áreas comerciales, financiando de esa forma la operación y el mantenimiento. Se trata, por lo tanto, de concesiones subsidiadas con atenuación parcial del riesgo, ya que hay un componente de los costos que deberá estar sujeto al tráfico. Además, el Estado no cubrirá los desvíos en los costos de construcción. Como novedad interesante, la cotización y los pagos se han establecido en dólares. De esta forma no se prevén ajustes por mayores costos de origen inflacionario.
Se recibieron ofertas de siete empresas internacionales consorciadas con 19 locales y los contratos ya han sido adjudicados. El criterio ha sido el de elegir aquellas propuestas que solicitaron el menor pago en dólares en el año 2025, utilizando una fórmula de descuento para determinar el valor presente de los pagos realizados durante 20 semestres. El esfuerzo financiero de los concesionarios quedará limitado al desfase entre la inversión en la obra y la recepción de los pagos desde el fideicomiso.
Este procedimiento ha llevado al Poder Ejecutivo y al Congreso a interpretar que las inversiones quedan fuera del presupuesto y, consecuentemente, los pagos no sean contabilizados como gasto público ni incidan en el déficit fiscal. Es lo que en la jerga presupuestaria se denomina un gasto “debajo de la línea”. Este criterio ha recibido alguna objeción por parte de analistas y probablemente también tenga alguna observación en el monitoreo que en adelante lleve el FMI. No obstante esto, debe reconocerse que en las actuales condiciones de riesgo país el Gobierno ha encontrado una forma de llevar adelante inversiones prioritarias en infraestructura sin afectar en forma directa e inmediata la crítica situación presupuestaria.
El mecanismo de PPP es un camino plausible siempre que el inversor privado absorba una porción significativa del riesgo de la inversión y que se aplique a proyectos prioritarios de buena rentabilidad económica y social. Así como creemos que estas condiciones se cumplen en el caso de estos seis corredores camineros, opinamos que debe extremarse el proceso de selección de proyectos para los cuales se lo utilice. Por ejemplo, desde esta columna hemos objetado su aplicación en el caso del costoso e injustificado proyecto metropolitano denominado Red de Expresos Regionales (RER), que no cumple ninguna de aquellas condiciones.