Cómo se gestó el fin de Mossack Fonseca tras los Panamá Papers
Los nuevos registros muestran que el bufete intentó en vano hacer un control de daños
El 9 de marzo de 2016, los empleados de Mossack Fonseca, un bufete panameño que durante décadas había guardado los secretos financieros de celebridades mundiales, políticos y empresarios, hicieron un descubrimiento. Alguien había copiado grandes cantidades de datos de sus computadoras. Correos electrónicos, contratos, declaraciones bancarias: se habían filtrado 11,5 millones de documentos.
De pronto, Mossack Fonseca comenzó a trabajar furiosamente en una nueva misión: descubrir quiénes eran sus clientes. Como un jugador clave en el mundo de las finanzas offshore, el bufete había incumplido las normas que exigen identificar y verificar a sus clientes para prevenir la actividad delictiva. Los documentos recientemente filtrados de Panamá Papers muestran que Mossack Fonseca comenzó a enviar frenéticamente correos electrónicos a banqueros, contadores y abogados para un control de daños.
Sin datos
Los nuevos registros de Panamá Papers abarcan los años 2016 y 2017 y fueron obtenidos por el mismo periódico alemán que recibió la primera filtración, Süddeutsche Zeitung. Los documentos se compartieron con Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios en más de un centenar de medios.
Los documentos revelan que dos meses después de que la firma se enterara de la violación de registros, aún no conocía los nombres de los propietarios de más de 70% de las 28.500 compañías activas en las Islas Vírgenes Británicas ni el 75% de las 10.500 compañías de Panamá.
En ocasiones, los clientes de alto perfil se apresuraron a demostrarle a Mossack Fonseca que eran, de hecho, clientes. Ayudantes del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, enviaron una factura de electricidad para demostrar su identidad luego de un reclamo de las autoridades antilavado de las Islas Vírgenes Británicas.
Entre la correspondencia hay 17 correos electrónicos con representantes de la estrella de Hollywood Jackie Chan, un cliente de Mossack Fonseca que proporcionó su pasaporte escaneado y una declaración de American Express en un intento por mantener abiertas las compañías de producción de películas.
A los clientes no los tranquilizó mucho el intento de control de daños. “Con muchos mensajes, ustedes, Mossack, están intentando convencer a los clientes de que tienen esta increíble situación bajo control”, escribió Félix Chille, un intermediario en Suiza. El mensaje concluía: “Probablemente este correo electrónico será interceptado como 11.600.000 de los otros documentos. No me importa”.
Al principio, Mossack Fonseca trató de alentar a sus clientes a permanecer leales, a pesar de la tormenta legal y de relaciones públicas. El bufete redujo las tarifas y ofreció a algunos clientes la opción de cambiar el nombre de sus empresas para que las operaciones comerciales pudieran continuar discretamente.
Pero en mayo de 2016, el bufete les anunció a los clientes que cerraría su oficina en la Isla de Man, un territorio británico en el Mar de Irlanda. Siguieron el cierre de oficinas en Jersey y Hong Kong.
Más tarde ese año, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack anunciaron que se retirarían del estudio que habían fundado. Permanecería abierto con una estructura reducida para cumplir con las obligaciones existentes, pero “se marchitaría eventualmente”, decía un correo electrónico a los clientes.
En febrero de 2017, la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, alegó que las compañías de Mossack Fonseca habían sido utilizadas para enviar y recibir sobornos del Lava Jato. Ordenó que Mossack y Fonseca fueran arrestados por lavado de dinero. Los fundadores del estudio panameño, quienes negaron haber cometido delito alguno, pasaron varios meses en la cárcel antes de pagar la fianza. Fueron liberados en abril de 2017. Casi un año más tarde, el bufete de abogados cerró para siempre.
Mossack y Fonseca no respondieron preguntas específicas de ICIJ o sus socios.
Este texto es una adaptación de un artículo de Will Fitzgibbon, reportero del consorcio ICIJ, del cual participa la nacion