El Gobierno negocia frenar una suba del gas
Iguacel se reunió con empresas para evitar aumentos por la devaluación
Fue la primera reunión para conocerse. Pero esas horas del mediodía de ayer, en las que se reunieron los número uno de las distribuidoras y transportistas de gas con el recién asumido ministro de Energía, Javier Iguacel, alcanzan para delinear los primeros pasos de la gestión.
Hay algunos problemas concretos que trajo consigo la suba del dólar para el sector del gas, además de la revalorización del petróleo en el último tiempo. La devaluación volvió más caro el precio del insumo y, para colmo, ocurrió en invierno, cuando las facturas pasan menos desapercibidas.
Ayer mismo se empezó a trabajar entre el Gobierno y las empresas del sector con una finalidad: encontrar una fórmula que no implique un impacto en el bolsillo y tampoco aumento de los subsidios energéticos.
Hubo varios temas más que se pusieron sobre la mesa. Las inversiones, el aumento previsto para octubre y hubo un sondeo, por ahora, informal. Iguacel les preguntó cómo convivirían con un sistema en el que el usuario pague 12 cuotas iguales de gas durante todo el año. A todos les pareció muy posible. Anotada, entonces, como meta de mediano plazo.
Viene de tapa
De regreso a los efectos de la devaluación. Sin aumento de tarifas ni de subsidios, ¿quién pondrá la diferencia cambiaria? “Hay espacio para que todas cedan algo”, contestó una fuente oficial que estuvo al tanto de la reunión. Algo similar respondieron en una de las empresas que estuvo representada en el encuentro. “Hay un tema coyuntural que hay que resolverlo. Pero hay intenciones de todos de que no termine por impactar en la tarifa”, dijo un ejecutivo.
Se refiere a una derivación concreta de las reglas que ahora gobiernan un sector dolarizado que estuvo 12 años con tarifas prácticamente congeladas. La cuestión debe remontarse a lo que se acordó en la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Entonces se estableció que en abril y octubre se calcularían nuevamente los precios. Eso es lo que pasó en abril pasado y lo que sucederá en octubre.
Pero el punto es otro. En abril, las empresas distribuidoras acordaron un precio del gas con las productoras. Ese precio, que fue de 4,60 dólares el millón de BTU (unidad de medición inglesa), se envía al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El organismo hace sus cuentas con el tipo de cambio vigente y entrega a las empresas el precio que podrán cobrar a los consumidores.
Así las cosas, desde abril se aplica esa tarifa que, como se dijo, contempla un precio de US$4,60 por el insumo y estableció un tipo de cambio que estaba en alrededor de 20,50 pesos. Mes a mes, las productoras mandan la factura a la distribuidora con una cuenta simple: cantidad de BTU consumidos por el precio del dólar en la plaza. Demás está decir que aquel 20,50 está hoy en alrededor de 28 pesos. Ahora bien, el esquema estableció que cuando el tipo de cambio varíe en 20%, las empresas podrán pedirle al Enargas que modifique el cuadro tarifario para compensar la suba. Dicho de otro modo, las tarifas están calculadas con un dólar que apenas se asomaba a los 20 pesos. Parece historia.
Las distribuidoras sabían que nada iba a cambiar, pero igualmente, por una cuestión legal, enviaron la carta al ente regulador. La razón es simple: deben armar una trinchera legalporsilasempresasproductoras les reclamaban a ellas la diferencia. Ahora bien, las empresas no están obligadas a pagar el precio multiplicado por la cotización actual, sino que acumulan una deuda y lo deberían reclamar en octubre para que les sea reconocido para adelante. Pero más allá de que no se produce el desembolso, contablemente se genera una pérdida que se cuenta en millones de dólares.
En el Gobierno, y también en las empresas, están convencidos de que no hay espacio para traspasar el sobrecosto a los usuarios. Entonces hay que buscar otra fórmula.
Las productoras de gas, petroleras grandes y con el cuero curtido en materia de negociaciones con los reguladores, saben que lo que viene será un golpecito en la puerta. Abrirán y se sentarán a negociar.
El punto de equilibrio estará en cómo reescribir las condiciones, beneficiosas para ellas, que tuvieron como horizonte dar un marco confiable y rentable como para atraer inversiones a un sector que las necesita como agua, y que planea a largo plazo. “No hay que espantar a los que están dispuestos a enterrar dinero en el país, pero tampoco se puede tirar más la cuerda de las tarifas”, dicen en el Gobierno.
La apuesta al diálogo
Por ahora, todos están confiados en que el diálogo, algo menos fluido en épocas de Juan José Aranguren, será el gran protagonista de la solución. Tanto que el llamado de ayer a una reunión con distribuidoras y transportistas para poner sobre la mesa los temas conflictivos del sector los dejó sonrientes.
Para después, a Iguacel lo esperan otros desafíos. El primero, la revisión de octubre. “Es algo menos complicado porque después vienen los meses de menos demanda de gas. Se siente mucho menos”, dijo una fuente oficial.
Mientras tanto, Iguacel, un hombre que recorrió el país de obra en obra cuando estaba al comando de Vialidad Nacional, ya les avisó a las concesionarias que habrá algunos cambios en la gestión. Los previno que visitará personalmente a sus clientes para tener el pulso de los usuarios de gas y que llamará cada vez que pueda a los call centers de las empresas para testear la calidad de la atención. Es como para creerle si repite lo que hizo en Vialidad, donde caminó por decenas de obradores para ver el ritmo de las obras y la actividad de las empresas.
El ministro, además, se llevó anotada como tarea pendiente el tema de la tarifa plana. Claro que no pidió aprobación, apenas testeó la idea con quienes deberán implementarla. Pero eso llevará tiempo y planificación. En el medio vienen varias cosas a resolver y a negociar. Entre otras, el precio de los combustibles y las prioridades a la hora de ejecutar la obra pública en el presupuesto de este año y de diseñar el año que viene para que los números cierren.