Hay un escenario más grande,
Como el ateo que cuando se está por caer el avión le pide a Dios que lo salve, en el medio de la incertidumbre cambiaria hay quienes vuelven a contar los dólares que genera el campo. Antes repetían una y otra vez la muletilla del “supermercado del mundo” y le necesidad de “agregar valor” a las materias primas y desdeñaba el peso de la producción agrícola en la canasta exportadora. Hoy se acuerdan que es el sector que más divisas genera por exportaciones.
No es un error nuevo. Son los que todavía creen que puede haber una oposición entre “industria” y “campo”, y que aumentando la presión impositiva sobre la producción granaria se puede dar lugar a la creación de un sector industrial virtuoso.
Esa idea, que tiene tantos adeptos en el círculo rojo de la política y la economía, es la que le da sustento a la cadena de rumores que todavía siguen generándose desde los despachos oficiales sobre la inminente suspensión del cronograma de baja de los derechos de exportación a la soja.
La preocupación llegó a las entidades rurales, de cúpula y de base, que comenzaron a reaccionar ante las escasas certezas públicas que vienen desde la Casa Rosada. Algunas, como la Sociedad Rural de San Pedro, advirtieron que no querían “otra 125”. También Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se expresó en contra.
A esta altura está claro que quien no quiere suspender la baja de las retenciones es el presidente Macri. Sin embargo, en el camino de “acelerar el gradualismo” necesita cerrar las cuentas fiscales. Y, como lo han hecho otros gobiernos, sus funcionarios han comenzado a mirar de cerca la “caja del campo”. Lo que se comenzó a medir además de los números es el costo político que supondría tomar una medida como la que se está evaluando. El Gobierno tiene un antecedente cercano. En octubre de 2016 cuando la situación fiscal no parecía tan comprometida postergó la rebaja prometida a los derechos de exportación de la soja y obtuvo el beneplácito de las entidades rurales. A cambio de esa medida, prometió una rebaja gradual que comenzó a regir en enero pasado y la formación de un fondo de ayuda a las economías regionales que no llegó a ser ejecutado por completo, también por la estrechez de los números fiscales. En aquel entonces esa postergación tuvo el aval de las entidades gremiales del ruralismo, incluida la Sociedad Rural Argentina que, en ese entonces, era presidida por el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
Lo llamativo de la intención oficial de continuar con la presión impositiva a la soja es que se da en un contexto global que obligaría a adoptar decisiones estratégicas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China –primer productor y primer importador mundial de la oleaginosa, res-pectivamente-puede tener derivaciones impensadas. Con la baja del precio en Chicago, los propios farmers, sostenes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, son los primeros afectados.
A contramano de su historia, Estados Unidos no se muestra como un proveedor confiable. China ya no es un mero importador, está en toda la cadena: desde las semillas y los agroquímicos hasta el procesamiento y el comercio de los granos.
En este contexto el Mercosur, aun con su arraigado proteccionismo, tiene una nueva oportunidad para mostrarse como un socio estratégico de los países que, como China, necesitan satisfacer la demanda de proteínas de su población.
En vez de desgastarse en discusiones, rumores, llamados telefónicos y comunicados sobre si conviene o no bajar unos pocos puntos porcentuales a las retenciones a la soja el sistema agroalimentario argentino, que incluye a los líderes del Gobierno, debería debatir cómo prepararse para un mundo ávido de alimentos y aprovechar cada error estratégico de los países competidores. Si hoy Washington se equivoca al enfrentarse al mismo tiempo con China, México y Canadá, la Argentina debería profundizar la mejora de su oferta exportadora. Ese es el escenario más grande que no habría que perder de vista.
La reciente calificación de “país emergente” también ofrece una oportunidad para atraer inversiones en los sectores estratégicos de la economía. ¿Acaso no lo es la producción de alimentos?
La reciente calificación de “país emergente” ofrece una oportunidad para atraer inversiones