La batalla del litio, un negocio que divide aguas
Empresas mineras pujan en el noroeste y generan reacciones
Con una demanda que, se estima, llegará a su pico en los próximos siete años, empresas mineras de todo el mundo pujan por realizar exploraciones en suelos de Catamarca, Salta y Jujuy, en una batalla que divide a las comunidades aborígenes. Mientras que unas se oponen a la extracción del material, otras disfrutan de sus beneficios. Mientras tanto, comenzó la carrera por convertir la zona en el principal productor mundial de litio e influir en los precios internacionales.
El rostro aborigen de Mario Gerónimo está esculpido por la Puna. Pómulos afilados y mirada negra, profunda, hace ocho años era minero. Manejaba maquinaria pesada para horadar la piedra y extraer cobre. Hoy trepa a su Hilux, con botitas de trekking y jean chupín. El celular en una mano, juega con la lleva de su camioneta. Es un empresario del transporte. “Tengo 42 empleados, semis, camiones volquetes, regadores, hacemos movimiento de tierra y transporte”, cuenta parco el “pequeño Moyano” de la comunidad atacama de Olaroz, a 270 kilómetros de Jujuy y 4500 metros de altura, enclavada entre salares. El pueblo es el de mayor concentración de cuatro por cuatro por habitante. Cada 20 vecinos, una Hilux que rueda por las pendientes polvorientas entre viviendas de adobe con Directtv y paneles solares.
El resurgimiento de la comunidad, donde se alza una escuela secundaria, dos empresas, una de
catering con un salón restaurante que nada tiene que envidiarle a cualquier local de Palermo, se debe al oro blanco: el litio. Es la promesa sumergida en los salares, que desató una guerra. Empresas mineras del mundo pujan por explorar en Catamarca, Salta y Jujuy y corren una carrera para llegar primeros a 2025 como el mayor productor de litio, y fijar el precio internacional. El litio es clave en la producción de baterías para autos eléctricos, celulares, notebooks y hasta gigantescos equipos que acumulan energía en pueblos solares, alimentados por paneles fotovoltaicos. En siete años se espera el pico de demanda. Una batería de celular de litio tiene un 4% de ese mineral. Es como el azafrán: se necesita poco, es carísimo, pero es indispensable.
Las comunidades aborígenes son las otras protagonistas de esta guerra, divididas entre las que se oponen a la extracción del litio –temen que terminen con la poca agua que tienen– y las que disfrutan de sus beneficios. Y las provincias, dueñas de los recursos del subsuelo, que le cobran un 3% de regalías por cada tonelada que sacan. La política es el telón de fondo de esta batalla, en la que abundan vendedores de humo y soñadores.
La Argentina está tercera en esta carrera mundial. El 40% del litio del mundo lo produce Australia (desde la roca); el 33%, Chile, y le sigue la Argentina, con el 16 por ciento. Lo extrae de los salares. La producción mundial de litio es de 192.000 toneladas. El mercado es de unas 220.000 toneladas y la argentina hoy produce
37.500 toneladas. Hay dos minas en marcha: Sales de Jujuy, en Olaroz, y Fénix, en Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Ambas explotaciones están en manos extranjeras con mínima participación del Estado local. El negocio es fabuloso si se considera que la tonelada de litio en el mundo se
paga unos 10.000 dólares y el costo de producción varía entre 1600 y 3000 dólares la tonelada. El negocio hoy es pequeño, unos US$300 millones en la Argentina. En el mundo es de
US$2000 millones. Pero proyectado a 2025 es fabuloso: US$7700 millones. La demanda proyectada en autos eléctricos, colectivos y baterías de litio llegaría a las 700.000 toneladas y quien logre producir más logrará fijar el precio y ganará la carrera.
No es extraño que la guerra entre empresarios estallara. Chinos, canadienses, japoneses, ingleses, franceses, iraníes, rusos, holandeses, coreanos de todo pelaje sondean los proyectos jujeños. El secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, sigue en su notebook las consultas que se hacen en el catastro minero en la web y las clasifica por país de origen y cantidad. Hay 40 lugares en exploración, pero solo 10 proyectos con posibilidad de producción, cuenta. Hoy la capacidad de producción instalada es de 37.500 toneladas, cuando todo funcione será de
331.000 toneladas, se entusiasma Daniel Meilán, secretario de Coordinación de Política Minera del gobier-
de Mauricio Macri. La cifra pone al país en el podio del litio mundial. El Gobierno proyecta US$3973 millones de inversión acumulada hasta
2022. Hoy la minería del litio emplea
483 personas, pero según Meilán en
2022 empleará a 3408.
El ingeniero Carlos Oehler, presidente de Jemse, la empresa estatal de energía de Jujuy, atiende el celular en su oficina. “Disculpame, me llaman los rusos, que quieren venir a poner una planta para reconvertir el carbonato de litio en hidróxido de litio”. La diferencia es casi 8000 dólares la tonelada entre uno y otro. Dice que no llegan porque quieren que les garanticen más producción.
Los corredores son todos gigantes; la norteamericana Albemarle, la australiana Orocobre, la chilena SQM, la norteamericana FMC Lithium. Todas están en la Argentina. Sales de Jujuy, con la mina situada a 25 km de la comunidad Olaroz de Mario Gerónimo, por un camino de ripio y piedra marrón que bordea el blanco salar, es una sociedad de Orocobre (72,68 %), los japoneses de Toyota Tsusho Corporation (27,32%) y Jemse (Energía y Minería Sociedad del Estado), con un 8,5 por ciento. Es la primera que opera en Jujuy desde
2014 y es un gigante. Tiene capacidad para producir 17.500 toneladas de litio, pero proyecta duplicar su producción a 35.000 toneladas. Quiere ganar la carrera y va primera. Lo mismo pasa en Catamarca con Fénix, que pretende duplicar su producción para llegar a 40.000 toneladas al año.
SQM y FMC Lithium no se quedan atrás. Juntas integran Exar. Están en la etapa previa a entrar en producción. Lo harán en 2020 con 20.000 toneladas, pero ya prevén una ampliación para duplicar su producción a 40.000 toneladas, explica Franco Mignacco, presidente de la empresa. “En los próximos dos años invertiremos US$435 millones”, promete.
En la Puna marrón, el cielo con un azul nunca visto contrasta con el blanco del salar. El horizonte ancho solo tropieza con la entrada a la mina. Barrera y casilla de seguridad. Todos los que ingresan a Exar deben pasar un test de alcoholemia, y usar casco y calzado de seguridad. La primera visita es al médico, porque a 4500 m de altura, donde el frío llega a los 14° bajo cero con vientos de 80 km por hora, no hay aire. No pasé la prueba. Presión alta. 16/10. Media hora conectado a un tubo de oxígeno mirando por TV satelital el Mundial bastó para volver a la normalidad. Los 200 trabajadores y 230 contratistas trabajan 15 días de corrido por 15 de descanso o 7 por 7. Viven en módulos azules como containers, junto a una cancha grande de fútbol. Los empleados son, en su mayoría, delascomunidadesaborígeneslocales. En Sales de Jujuy hay 291 empleados, pero son 613 los beneficiados si se cuentan las contratistas, explica el secretario Soler.
Los mineros perforan a 300 metros en el salar y llenan con salmuera enormes lagunas de dos kilómetros de largo por uno de ancho. Allí, con el sol y el viento se deja evaporar la sal entre 18 y 24 meses. El material pasa de pozón en pozón hasta obtener la máxima concentración de litio en sal. El producto se procesa en una planta química, que, con tecnología secreta, separa el litio de otros minerales. Luego se convierte en micropartículas blancas que se embolsan de a 1000 o de a 25 kilos y exportan en camiones que sacan el mineral de aquí, por el cercano Paso de Jama, a los puertos chilenos. De allí va directo en barco a los clientes que fabrican baterías en China, Estados, Corea del Sur y Estados Unidos: Samsung, LG. Tesla, Panasonic, entre otros.
El máximo de la cadena de valor del litio es fabricar las baterías en Jujuy. Una obsesión del gobernador Gerardo Morales. Macri incluso lo anunció. La provincia firmó un convenio con el grupo Seri de Torino para fabricarlas. Morales los visitó hace poco y vio que la cosa anda lenta. En fase de laboratorio. José María Palomares lidera la empresa y se dice “vicepresidente de sueños” porque hoy es más fácil soñar con una batería jujeña que verla. “Estamos lejos todavía”, se sincera mientras toma té de coca.
El chileno Humberto Carbajal maneja con mano de hierro el campamento de Exar. Cuenta que la inno versión total es de US$500 millones en la primera fase. Atiende en un contenedor que funciona de oficina. El presidente de Exar, Franco Mignacco, precisó que pagan a la provincia un canon de unos $3200 por hectárea y que la ley provincial prevé la consulta a las comunidades aborígenes locales.
Hay seis comunidades aborígenes en la zona de influencia de Sales de Jujuy y Exar: Olaroz, Susques, Huáncar, Puesto Sey, Pastos Chicos y Catua. “Todo queda acá, hay desarrollo sustentable”, explica y cuenta que acaban de inaugurar la casa comunal de Pastos Chicos.
Cuando una empresa quiere una concesión la pide en Minería de Jujuy. Allí informan a la Secretaría de Pueblos Indígenas, a cargo de Natalia Sarapura, una dirigente aborigen que recorrió el mundo promoviendo la conciencia de derechos y que rechaza el conflicto. “No decimos minería sí o minería no. Somos un pueblo con una institucionalidad propia, con una relación diferente con la naturaleza y tenemos derecho a ser consultados y opinar. Se trata de tomar decisiones, pero con participación, y esto nos permite superar la disyuntiva de minería sí o no. El derecho humano de opinar no es un trámite”, reclama Sarapura. Un cuadro de un yaguareté la pinta completa junto a una imagen de la Madre Teresa que adorna su escritorio.
La ley y el convenio 169 de la OIT prevén que los pueblos aborígenes tienen derecho a un procedimiento de consulta previa, libre e informada antes de la explotación minera. Una asamblea de la comunidad escucha a los responsables del proyecto y sus consecuencias y vota si otorga el consentimiento.
“La consulta es vinculante”, dice Sarapura. La consulta no es vinculante, dicen los empresarios. De todos modos, nadie haría una inversión en medio de una comunidad aborigen sin contar con su anuencia. “Se confunde la consulta con el poder de veto que tiene la comunidad”, explica Sarapura, quien dice que pueden rechazar la explotación si se acredita el riesgo para la supervivencia. La abogada Alicia Chalabe, que asesoró a las comunidades en un litigio que llegó a la Corte, explica que es necesario reglamentar el modo de la consulta. Se hizo un protocolo incluso, pero no se aplica.
En Olaroz la comunidad dijo que sí. Además, se firmó un convenio que le otorga unos 200.000 dólares al año, según fuentes del gobierno provincial y de la comunidad. Ese dinero se destinó a construir una escuela secundaria, que pretende ser técnica con formación en minería de litio; a levantar un destacamento de policía, donde hay un solo agente, y a mejorar el pueblo, que tiene internet. Ahora los atacamas de Olaroz negocian otro acuerdo con Exar, que entra en producción en 2020. “Sin minería no vivimos”, dice Apolinar Nieva, presidente de la comunidad. “El agua depende del clima. Tuvimos sequía, pero ahora no. De acá a 20 años no sabemos qué puede pasar”, explica el dirigente, que debe rendir cuentas trimestralmente a su comunidad de cómo invierten el dinero que reciben de las empresas. Los jóvenes no se van y cuando estudian regresan a la comunidad. La empresa de la comunidad Las Vertientes brinda servicio de comida a las minas, y la firma Selink, de integrantes de la comunidad, limpia el campamento de Exar.
¿Cuánto deja la minería? En principio 3% en regalías. Un proyecto de 25.000 toneladas al año dejaría US$383 millones a los accionistas y US$1065 millones al Estado y a los proveedores, según cálculos de Meilán.
Pero no todos aceptan la minería. Las comunidades más lejanas al salar de Olaroz, las que están en la Salina Grande, no quieren saber nada. César Morales es presidente de la Comunidad de Tres Pozos. Explota la sal. Los anteojos de sol con marco blanco le dan un aspecto raro en medio de la Puna. Techa el salón del colegio secundario, con chapas y troncos. Nada que ver con el de Olaroz. Este parece un rancho grande. “No queremos el litio por el agua, la contaminación; el agua para consumo se está yendo para abajo. Tenemos muchos problemas”, dice Morales. En su comunidad todos coinciden. Al igual que en los pueblos vecinos. No hay camionetas aquí.