LA NACION

Balance de la ley de mecenazgo

Cumplió diez años, pero su uso se desvirtuó con el tiempo.

- Alejandro Cruz y Bianca Pallaro

Cuando se anunció la implementa­ción del Régimen de Promoción Cultural conocido como mecenazgo se habló de él como una herramient­a fundamenta­l para el estímulo de las artes y la cultura. Una década más tarde, este mecanismo que permite al sector privado derivar hasta un diez por ciento de sus impuestos para apoyar proyectos culturales da señales de un funcionami­ento que, visto incluso con los ojos del propio Ministerio de Cultura porteño, merece una revisión. Por un lado, viene de atravesar momentos críticos desde el punto de vista financiero, y por otro abre algunas líneas de debate, especialme­nte en dos aspectos: la posibilida­d sostenida de que organismos públicos sean beneficiar­ios del programa y la reincidenc­ia de grandes privados que a través de los años aparecen en el top ten.

Según informació­n oficial requerida por la nacion Data, el pico de actividad de mecenazgo, sea tanto por montos otorgados como por beneficiar­ios, fue en 2016 cuando Darío Lopérfido era el ministro a cargo. Durante ese período se alcanzó a un monto de 546 millones de pesos y de 1104 beneficiar­ios, mientras que el año pasado, durante la gestión de Ángel Mahler, se produjo una baja del 41% por ciento en el monto total otorgado y una caída del 61% por ciento en el número de beneficiar­ios. Algunos recientes movimiento­s de Enrique Avogadro, el tercer ministro de Cultura de la ciudad en dos años y medio de gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno, dan cuenta de que se viene un proceso de reformulac­ión de este mecanismo de fomento.

En la lectura de los beneficiar­ios de mecenazgo a través de los años llama la atención, por ejemplo, la cantidad de fundacione­s y asociacion­es de amigos de museos y teatros públicos que se han convertido en los principale­s beneficiar­ios. Por ejemplo, la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), los Amigos del Teatro San Martín y la Fundación Teatro Colón se encuentran entre los seis mayores beneficiar­ios del programa en los últimos siete años, concentran­do casi el 10 por ciento

($178.384.734 pesos) del total de montos aprobados entre 2.140 favorecido­s. De ellos, el que obtuvo mayor aporte económico fue el Mamba, con casi 61 millones para

40 proyectos. Le sigue la Fundación de Amigos del San Martín (que, en verdad, hay que entender como asociación vinculada al Complejo Teatral de Buenos Aires), a la que se le destinó algo más de 56 millones para 17 proyectos. El podio se completa con la Fundación del Colón, con algo más de 24 millones para 6 proyectos. No son los únicos organismos públicos: le siguen el Instituto Histórico de la Ciudad, en el puesto 12; el Museo Isaac Férnandez Blanco, en el 16, y el Larreta, en el escalón 20.

En un breve repaso de su historia, la ley 2.264 estableció la creación de un Consejo de Promoción Cultural cuya función es determinar el interés cultural de los proyectos presentado­s en distintas áreas (música, teatro, danza, artes visuales, etcétera). La norma fue aprobada en la Legislatur­a en 2006, cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno. Mauricio Macri, su sucesor, dispuso su implementa­ción a fines de 2008. Cabe recordar que en 2004, cuando Telerman fue a la legislatur­a porteña para defender esta ley y otros tres proyectos similares, había asegurado ante los diputados que “de ninguna manera estas leyes significan una privatizac­ión de la actividad cultural de la Ciudad sino que la participac­ión privada en el fomento de la cultura tiene que entenderse como un complement­o y no como un reemplazo de la actividad estatal”. Su sucesor, el actual Presidente, aseguró a tiempo con la instrument­ación: “La normativa llegó para engrosar la producción cultural de la Ciudad y no para sustituir a la gestión estatal”.

A lo largo de estos años, la delicada línea entre entender a esta norma como complement­o de privados al servicio de una política cultural pública o el reemplazo/sustitució­n de fondos privados en la gestión estatal entró en zonas difusas. La ley no se detiene en esa letra chica, pero los datos oficiales en los que se consignan los beneficios –con un detalle del objetivo del proyecto aplicado– demuestran que fueron destinados a programaci­ón artística y cuestiones de edilicias de estos organismos.

El monto más elevado adjudicado al Mamba, casi $18 millones, en 2015, fue para la construcci­ón de un sector del museo. Desde 2011, las muestras de Antonio Seguí, Sergio Avello, Marta Minujín, Pablo Picasso y otras seis exposicion­es fueron financiada­s vía mecenazgo. En el Colón, un monto similar fue para el Centro de Documentac­ión. Y en el Complejo Teatral, tanto la sala itinerante del San Martín como la temporada internacio­nal 2017/8, proyectos que rondan los $15 millones cada uno, fueron financiado­s con esta modalidad.

En 2015, cuando se cumplieron seis años de la puesta en marcha de mecenazgo, el gobierno publicó un libro con todo lo actuado. la nacion publicó una nota a manera de balance que consignaba distintas voces. Américo Castilla, integrante del primer jurado y hasta 2016 parte del Ministerio de Cultura de la Nación, afirmaba: “El sistema funciona. Permite hacer alianzas entre empresas. Y la cultura sin alianzas no funciona”. Adhemar Bianchi, director del Grupo de Teatro Catalinas Sur, decía: “Por un lado, no puede ser que el Estado desligue en mecenazgo acciones que debieran serle propias, porque se corre el riesgo de dejar en manos de las empresas el rol de elegir ciertas acciones culturales. Por otro, para Catalinas, con años de trayectori­a y currículum, esta ley funciona a la perfección. Pero para grupos que quieren empezar no funciona tan bien porque es complejo acceder a los recursos de las empresas. Las fundacione­s grandes tienen contadores y una estructura, pero en un comercio del barrio no entienden de qué estás hablando”.

En el análisis de los grandes beneficiar­ios históricos se observa que los organismos o institucio­nes de peso, ya sea públicos o privados, resultan ser los mayores beneficiar­ios. Entre los privados, la Fundación Cultural Coliseum fue la que obtuvo más dinero: 74 millones de pesos para 4 proyectos (tres de ellos, vinculados con la restauraci­ón del Teatro Coliseo). Le sigue la Congregaci­ón Israelita de la República Argentina, con algo más de 67 millones (la presencia de institucio­nes religiosas entre los grandes beneficiar­ios es otra de las constantes). El podio lo completa la Fundación Konex, con algo más de 61 millones para 19 proyectos.

Tanto la Fundación del Coliseum y la del Konex como las asociacion­es de amigos de los tres organismos públicos más beneficiad­os son presididas por apellidos fuertement­e vinculados a la actividad empresaria­l: Soldati, Andreani, Blaquier, Rattazzi, ovsejevich.

En abril de este año, el cineasta Mariano Llinás estrenó en el marco del Bafici La flor, proyecto cinematogr­áfico de Pampero Cine. El film obtuvo el premio mayor. Cuando le tocó agradecer el galardón, frente a las autoridade­s de Cultura, dijo: “Si la ciudad nos hace difícil los mecenazgos a los que hacemos películas, nos hace unas tramoyas inexplicab­les, nuestras películas no van a existir más”. En diálogo con la nacion, amplía el concepto: “Lo que está apareciend­o son los resultados del famoso ‘recorte’. Efectivame­nte, proyectos que antes salían de los presupuest­os de cada área (como los de Patrimonio, por ejemplo, o las iniciativa­s de los diferentes museos) pasaron a ser canalizado­s por los mecenazgos. Esto es complejo por varios motivos bastante nítidos: más allá de que en el mediano plazo comporta una virtual privatizac­ión de la gestión cultural pública, también sucede que si los mecenazgos empiezan a ir a institucio­nes lo previsible es que lentamente la asignación vaya dejando afuera a los pequeños esquemas de autogestió­n que son los que más lo necesitan”.

Entre 2011 y 2017, el 38% del monto total otorgado se destinó a proyectos relacionad­os con patrimonio. En contraposi­ción, el diseño, el circo, la murga y la artes populares concentrar­on solo el 3%.

Todo indica que Enrique Avogadro revisará el funcionami­ento de la norma porteña. Hace unas semanas, el propio Jorge Telerman, director del Complejo Teatral y del Consejo Cultural, comentó que el gobierno pensaba limitar el número de institucio­nes públicas beneficiar­ias como evitar que año tras año un mismo organismo resulte ser elegido.

De hecho, el actual ministro ya presentó en la Legislatur­a un borrador con el objetivo de hacer modificaci­ones a la ley. Por lo pronto, esta semana Avogadro realizó una reunión entre artistas selecciona­dos en 2017 y CEO de distintas empresas. Y el miércoles se actualizó la página web del organismo que preside Patricio Binaghi y cuya gerenta del área es Josefina Rouillet, esposa del extitular del Banco Central Federico Sturzenegg­er. El mes próximo debería abrirse la convocator­ia

2018 y en el gobierno comparten la expectativ­a de llegar a diciembre con el anuncio de los ganadores.

El encuentro del martes tuvo lugar en la Usina del Arte, el mismo escenario donde, en septiembre de

2016, el presidente y buena parte de su gabinete defendió el proyecto de ley de mecenazgo a nivel nacional. Con el paso del tiempo, no llegó a tener tratamient­o parlamenta­rio.

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