Jubilaciones y tarifas, la Corte analiza los temas más sensibles
Son algunos de los temas que definirá en el segundo semestre; en el Gobierno son optimistas pero los siguen con atención
El segundo semestre del año de la Corte Suprema estará marcado por una serie de casos de contenido económico que el Gobierno, que podría verse muy afectado, sigue con atención.
Un tema prioritario es el aluvión de causas que recibió el tribunal sobre qué fórmula debe usarse para los reajustes de pagos a los jubilados. Son casos que, de terminar en fallos adversos al Poder Ejecutivo, implicarían un golpe durísimo a las arcas públicas. El asunto central en estudio son los recursos que presentó el Gobierno contra fallos de jueces del fuero de seguridad social que declararon ilegal la fórmula de movilidad de la Anses.
“Sería muy descabellado. Miles de millones… pondría en crisis toda la reparación histórica”, dijo un alto funcionario del macrismo sobre un eventual fallo del máximo tribunal contrario a las pretensiones del Poder Ejecutivo. La Corte también tiene en estudio la validez del impuesto a las ganancias en las jubilaciones.
A pesar de que en el Gobierno hoy se muestran optimistas, en el Palacio de Justicia nadie garantiza un resultado. “Estamos trabajando mucho el tema previsional. Los casos están entrando de a miles”, dijo una fuente de la Corte. Y advirtió: “El ajuste y la crisis económica incrementan la litigiosidad de las causas de contenido económico… No es la primera vez. Es lo que pasa cuando hay una crisis abrupta que no se veía venir”.
Los casos de seguridad social no son los únicos que podrían generarle problemas económicos al Gobierno. En la Corte adelantan que, tarde o temprano, llegará otro tema sensible: la discusión sobre la “razonabilidad” de las subas de tarifas.
Por ahora, lo que resolvió la semana pasada el tribunal –y fue una buena noticia para el Gobierno– es que será la Cámara en lo Contencioso Administrativo la que decida quién es competente para intervenir en un proceso colectivo contra el cuadro tarifario de gas.
Almuerzo
El lunes pasado, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, almorzó a solas con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Las distintas versiones de lo que pasó en ese almuerzo volvieron a tensar la relación entre Lorenzetti y el oficialismo. Fuentes del propio Gobierno dijeron el lunes que el juez le había anunciado a Macri que ya no quería seguir presidiendo la Corte (lleva 12 años).
En la Corte lo negaron de inmediato. Cerca de Lorenzetti le adjudicaron la supuesta maniobra a Elisa Carrió y al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, justo cuando la Corte tiene también para resolver un reclamo de Farmacity, la empresa que fundó Quintana, para desembarcar en la provincia de Buenos Aires. El mismo lunes, un comunicado oficial del Gobierno negó la versión, pero Carrió aprovechó: “Por supuesto. Se tenía que ir. Lilita opera. Chau!”, dijo.
¿Hablaron Macri y Lorenzetti de los casos de contenido económico que resolverá la Corte? En el Gobierno dicen que no. Es más: afirman que Macri fue asesorado para no hablar de ningún caso concreto.
Mientras tanto, en la Corte, fuentes afines y enfrentadas con Lorenzetti niegan que en el tribunal estuviera discutiendo su eventual sucesión en la presidencia. “Es un tema, por supuesto, pero hoy no están hablando de eso”, dijo un hombre del Palacio que conoce bien las intrigas cortesanas. Tomando distancia de Carrió, el ministro de Justicia, Germán Garavano, respondió a la nacion que “es un asunto que tiene que resolver la Corte” y que cada poder del Estado debe “evitar involucrarse” en los demás. “Los tres poderes tenemos que ser respetuosos”, insistió.
La Corte tiene otro caso sensible para el Gobierno: el destino del Consejo de la Magistratura. En 2015, un fallo declaró inconstitucional la reforma kirchnerista de 2006 y ordenó volver a la vieja composición del Consejo. Según aquel fallo, esa reforma había roto el equilibrio en el organismo y le había dado un “claro predominio” al poder político. Una de las críticas centrales que hacía el antikirchnerismo entonces era que el oficialismo tenía con la nueva ley “poder de veto”.
El caso llegó a la Corte, pero la realidad política cambió, el nuevo oficialismo consolidó su poder en el Consejo y consiguió sacar un récord de concursos de jueces. Ya no quieren volver al Consejo anterior. El Poder Ejecutivo presentó en el Congreso un nuevo proyecto de reforma del Consejo, que todavía no se trató y le pidió a la Corte que mientras tanto no resuelva.
Al máximo tribunal no llegó ningún planteo, en cambio, contra una eventual legalización del aborto. Por ahora en la Corte responden las consultas remitiendo al precedente Thomas. “No se puede pretender revertir en la Justicia lo que se perdió en el Congreso”, advierten.