La Anses giró $6000 millones a las provincias
el gobierno nacional transfirió ese monto a trece jurisdicciones que tienen sus cajas previsionales, para cubrir su déficit; lo hizo en el primer semestre y se estima que el pacto con el Fmi no lo afectará
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligará al Gobierno a hacer algunos recortes. Pero hay un ítem que se cree que no será tocado: el de las transferencias a las provincias. En el primer semestre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) giró a trece jurisdicciones provinciales $6000 millones (como parte de una previsión total de $12.000 millones).
En 2017, Córdoba sola requirió $5000 millones. Hasta el 30 de este mes–cuando las provincias deben terminar la entrega de documentación a Anses– la Nación gira “adelantos”; la cifra final correspondiente a cada caso se definirá cuando se termine el análisis y se firmen acuerdos bilaterales. El año que viene, como base, se requerirá el 30% más que este.
Durante este año se hacen anticipos a cuenta del resultado del ejercicio actual, que serán descontados de la asistencia final, a transferir una vez que las jurisdicciones remitan la información requerida y la Anses haga el cálculo de lo que le correspondería pagar. El organismo estima que eso estará a inicios de 2019, una vez que las cajas de las jurisdicciones hayan cerrado sus respectivos ejercicios.
El criterio que rige es que las transferencias cubrirán el rojo que el sistema tendría estando en manos de la Anses. Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y del Consejo Federal de Previsión Social, explicó a la nacion que no hay “posibilidad jurídica” de que se altere el sistema de financiamiento a los sistemas no transferidos.
CÓRDOBA.– Todavía no hay definiciones concretas de por dónde pasará el ajuste que el Gobierno debe realizar para cumplir con las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero una de las posibilidades son las transferencias no automáticas a las provincias entre las que se cuentan los recursos para las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas. Sin embargo, como son envíos establecidos por ley, nadie imagina que la Nación rompa ese compromiso porque desencadenaría una serie de demandas judiciales.
Para este año, la Anses indicó a la nacion que hay previstos anticipos por $12.000 millones (entre enero y junio giró $6000 millones), aunque nada indica que es el monto que se requerirá. En 2017, sólo la de Córdoba requirió $5000 millones. Hasta el 30 de este mes –cuando las provincias deben terminar la entrega de documentación a Anses– la Nación gira “adelantos”; la cifra final correspondiente a cada caso se definirá cuando se termine el análisis y se firmarán acuerdos bilaterales. El año que viene, como base, se requerirá el 30% más que este.
Durante este año se realizan anticipos a cuenta del resultado del ejercicio actual, que serán descontados de la asistencia final a transferir una vez que las jurisdicciones remitan la información requerida y la Anses realice el cálculo de lo que le correspondería pagar. El organismo estima que estará para inicios de 2019, una vez que las cajas de las jurisdicciones hayan cerrado sus respectivos ejercicios.
El criterio que rige es que las transferencias cubrirán el rojo que el sistema tendría estando en manos de la Anses. Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y del Consejo Federal de Previsión Social, explicó a la nacion que no hay “posibilidad jurídica” de que se altere el sistema de financiamiento a los sistemas no transferidos.
“La entrega de documentación ya se completó en un 70% promedio; hay algunas jurisdicciones que ya completaron todo. La Anses tiene así las herramientas y los cálculos para la ejecución completa del acuerdo”, sostuvo.
Las cajas con déficit más alto, estimó, son las más antiguas (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos) y que, además, tienen una edad de retiro similar al de la Nación. Por otro lado están los sistemas más jóvenes que, en muchos casos, tienen edades jubilatorias más bajas. Elías estima que tal vez la provincia de Buenos Aires, por su volumen, no alcance a completar la documentación en el plazo previsto: “Nación debería buscar un esquema para no dejar de girarle los recursos”, dice.
Más allá del financiamiento de estas trece cajas, el sistema previsional en su conjunto atraviesa problemas de financiamiento. En la Argentina conviven 130 regímenes (el nacional, los provinciales, municipales y unas 80 cajas de profesionales). “Ese desorden y multiplicidad termina con la Nación cubriendo baches; tiene que haber una regulación general para evitar el riesgo moral”, apunta el economista Santiago Urbiztondo, de FIEL.
Los expertos coinciden en que la mayor expectativa de vida eleva la vara y a eso se le suma el dato de que un tercio de la población no hace aportes. Urbiztondo entiende que hay un abuso generalizado de otorgamiento de beneficios que “comprometen a generaciones venideras, por lo que se requiere de cada vez más subsidios y más exigencias para los que aportan”.
El economista Oscar Cetrángolo subraya que el sistema “no da para más”. Y dice que “en el futuro va a volar por el aire por el fuerte desfinanciamiento y por el reclamo de los jubilados”. En ese sentido, cuestiona la reducción del nivel de las contribuciones patronales: “No funcionó en ningún lugar del mundo para crear más empleo”, sentencia.
Debate global
La ley de Reparación Histórica dispone, entre sus puntos, que el año que viene debe haber un proyecto de ley que prevea un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), insiste en que hay que dar una discusión de fondo sobre “qué sistema queremos y estamos dispuestos” a tener, pero advierte que la coyuntura hoy “no es la mejor”. Según señala, “el debate se circunscribirá a la manera en que impactará el ajuste; lo que pasó en diciembre es un ejemplo concreto de lo que pasa cuando las cuestiones estructurales se discuten por urgencias fiscales”.
Flores subraya que uno de cada dos pesos del gasto nacional va a financiar jubilaciones, pensiones y asignaciones (sin incluir la AUH), “prestaciones que, en general, son muy malas”. Y agrega que hay provincias “fundidas con regímenes previsionales que serían la envidia de Noruega; en Santa Cruz, los empleados públicos perdieron 60% de poder adquisitivo porque sus salarios están congelados y hay jubilados con haberes por las nubes”.
“Que existan 130 regímenes previsionales contributivos es único en el mundo –describe Elías–. El orden no nos lleva a la gloria, pero sí a empezar a caminar. La ley previsional argentina es la reina de las reformas y en 15 años, si no reaccionamos, estaremos peor que ahora”. El previsionalista integra la comisión creada por el Ministerio de Trabajo de cara a la reforma que viene.
Cetrángolo plantea que las exigencias de “armonización” a las provincias comenzaron cuando la Nación tenía también el sistema de capitalización. “Algunas transfirieron y otras no; con el kirchnerismo las transferencias se hicieron discrecionales, sin tener en cuenta las reformas, y ahora el 15% de los recursos de la coparticipación que iba a la Anses no existe más, pero ya hay 11 cajas que son financiadas por Nación. Es un tema complejo”.
Para Urbiztondo cada vez se requiere más ajuste “porque cada vez se necesitan más recursos fiscales para cubrir los baches que se generan”. Pero puntualiza que no hay que mezclar el acuerdo con el FMI con el déficit previsional. “El problema lleva décadas y hay que resolverlo, porque se destinan 7 u 8 puntos del PBI para completar los aportes que no están; es un barril sin fondo. No solo es una cuestión de viabilidad sino de justicia: acá injusticia e ineficiencia van de la mano”.
Hay provincias que otorgan jubilaciones a los 45 años con 20 de aportes, y en la mayoría de los regímenes policiales no hay edad para el retiro y quien lo hace goza de la prestación de previsión social. “En Entre Ríos –aporta Elías– cuando un policía es exonerado, tiene derecho a recibir el haber”.
A su criterio, entre las prestaciones “distorsionadas” se cuentan las pensiones que en todos los regímenes son vitalicias. “Ya se rompió la regla de la permanencia del núcleo familiar, pero en la previsión no cambió nada. Las pensiones representan entre 20% y 22% del total de los sistemas”.
“Nunca se dio la discusión estructural y ahora queda condicionada a cuestiones más políticas, no solo en lo referido a las cajas no transferidas, sino a todo el sistema. En dos años el gasto en previsión aumentó 10 puntos del PBI y por eso se modificó la movilidad, pero no hay una política de mediano plazo para hacer el esquema sustentable”, define Flores.