En medio de las críticas, suspenden una parte clave de la política de “tolerancia cero”
Los padres que crucen ilegalmente desde México no serán procesados, anunció un funcionario
WASHINGTON.– En medio de una ola de críticas al presidente Donald Trump, la Casa Blanca suspendió una parte clave de su controvertida política de “tolerancia cero” hacia los migrantes que cruzan ilegalmente desde México.
El director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, anunció a los medios estadounidenses que los padres que crucen desde México ilegalmente ya no serán procesados.
McAleenan indicó que se dejó de procesar a los padres poco después de que Trump firmara la semana pasada una orden ejecutiva poniendo fin a la política de separar a las familias que ingresan ilegalmente en el país.
El director de la instancia dijo que la razón de suspender los procesamientos era por orden de Trump y que la agencia no tiene espacio de detención suficiente para todas las familias que cruzan la frontera.
“No estamos procesando a esos padres”, dijo, según la web Politico. Según The New York Times, el funcionario dijo que la agencia y el Departamento de Justicia deben convenir sobre una política “en la que los adultos que traen a sus hijos, que violan las leyes de Estados Unidos y arriesgan sus vidas en la frontera puedan ser procesados sin que se proceda a la separación de sus hijos”.
Los agentes de control fronterizo continuarán enviando ante la Justicia a los adultos solteros que cruzan ilegalmente. También separarán a los chicos de los adultos si el chico está en peligro o si el adulto tiene antecedentes criminales, añadió McAleenan.
La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, insistió en que la política de “tolerancia cero” sigue vigente, al menos oficialmente.
En este contexto, tres madres indocumentadas demandaron ante la Justicia al gobierno para exigir que sean reunidas con sus hijas, de quienes las apartaron cuando fueron detenidas al pedir asilo en la frontera.
El recurso fue introducido ayer en una corte federal de California por el centro legal Public Counsel y la firma Sidley Austin LLP, y denuncia la “inhumana, cruel e innecesaria política de separar padres refugiados de sus niños”.
La acción se une a la introducida en San Diego por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y a otra en Seattle, también por la separación “extendida de familias”.
“Cada minuto que esos chicos continúan en custodia y separados de sus padres se construye un daño emocional –dijo Mark Rosenbaum, directivo de Public Counsel, citado en un comunicado–. Lo que estos chicos están experimentando es inconsciente y contrario a lo que somos como gente”.
La demanda exige la reunión inmediata de estas madres –todas centroamericanas– con sus hijas y su liberación para recibir una terapia que les permita “abordar el trauma de la separación”.
Dieciocho estados presentaron ayer una demanda ante una corte federal estadounidense –anunciada la semana pasada– contra esta política, que Trump ha revertido parcialmente al prohibir por decreto la separación de padres y chicos.
Como la ley no permite que un chico esté detenido más de 20 días, las autoridades separaron a más de 2000 chicos de sus padres en un mes, generando una fuerte condena nacional e internacional.
Entre ellos están las tres demandantes centroamericanas, detenidas en los estados de California y Washington, y sus hijas –todas chicas–, que fueron trasladadas a Arizona y Texas.
Una de ellas, identificada como la señora P., tiene 37 años y es natural de Guatemala. No habla español, solo un dialecto maya, y según su abogada, Judy London, “no tenía conocimiento del paradero de su hija” de 16 años, con quien fue detenida el 21 de mayo y colocadas ambas en un “celda fría”, sin camas, donde por días solo comieron sopa.
La señora P. explicó que huía de su país porque “su expareja le pegaba, abusaba sexualmente de ella y amenazó con matarla”. Su hija, L., fue interrogada sin la presencia de su madre, según su abogada, Lucero Chávez.
Otra de las demandantes, la señora M., salió de El Salvador huyendo de su esposo, un exmilitar que amenazaba con maltratarla. Contó, según su abogado, Luis Cortés Romero, que un oficial de inmigración se burló de su hija por no parar de llorar y otro le lanzó unas galletitas y agua al piso para que lo recogiera, negándose a dar “tratamiento de hotel cinco estrellas”. “La señora M. tiene la sensación de que no verá a su hija de nuevo”.
La tercera demandante es la señora O., de Honduras, quien emigró luego de que “las pandillas amenazaran a su familia por no pagar un dinero de extorsión y porque [su hija de 16 años] T. B. se negó a involucrarse con un pandillero”.