Quemarse con las propias manos
Los destrozos producidos durante la frustrada toma del Rectorado de la UBA son el resultado de un proceder irracional y fuera de toda legalidad
El trotskismo deberá decidir si está dispuesto a insistir en la apelación a métodos violentos como lo hizo frente al Congreso a fines del año último, durante el debate sobre jubilaciones, y ahora con los destrozos que sus adeptos produjeron anteayer en el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Se está dentro del orden constitucional o se está afuera. Es imposible estar al mismo tiempo en ambos lados.
Tienen los trotskistas por delante la oportunidad de decidir qué camino van a seguir. El Consejo Superior de la UBA homologó ayer, por 21 votos contra 5, los resultados de la elección por la cual el congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) puso término a una conducción de ocho años compartida por dirigentes estudiantiles del Partido Obrero y La Mella, un agrupamiento cercano al kirchnerismo, pero autónomo de La Cámpora.
La nueva conducción de la FUBA responde a una alianza de radicales, peronistas tradicionales, por llamarlos de algún modo, y socialistas e independientes. Se adjudicaron la victoria por 67 votos sobre un total de 130.
La extrema izquierda ha objetado ese resultado en relación, entre otros puntos, con el voto de un delegado suplente.
Lo cierto es que este último congreso ha puesto fin a un ciclo en el que distintas conformaciones de la izquierda radicalizada condujeron la FUBA desde que, en 2002, Franja Morada perdió su conducción. Quedan así despojados los núcleos más virulentos del activismo estudiantil de su pieza más estratégica; les queda el consuelo de retener, aunque con escasa gravitación nacional, la federación de la Universidad del Comahue.
Tanto cuando el presidente Alfonsín dispuso la normalización de las universidades como cuando los legisladores sancionaron la ley de educación superior, se previó que los consejos superiores universitarios tenían facultades para reconocer decisiones tomadas por las federaciones estudiantiles. Sobre ese punto, obra el antecedente de octubre de 1999 del reconocimiento de la personería de la FUBA por el Consejo Superior de la UBA.
Cabe a las agrupaciones estudiantiles derrotadas en el último congreso de la FUBA recurrir a la Inspección General de Justicia, a pesar de que en el congreso había un veedor de esta, o a la instancia judicial que corresponda. Mientras tanto, deberán apagar los fuegos con los que sus inductores, ya bastante mayorcitos, y quienes les responden desde la adolescencia se están quemando a sí mismos al destrozar bienes por cuya existencia y mantenimiento paga el conjunto de la sociedad.