Las manos de Perón. A 31 años de la profanación, la causa sigue abierta
La última medida del juez Baños, que sacó del archivo la causa en 1994, fue pedir a la CIA que enviara archivos desclasificados sobre el caso; en el expediente figuran los nombres de 30 sospechosos, entre los cuales podrían estar cuatro presuntos autores
Hace exactamente 31 años, un grupo nunca identificado llevó adelante uno de los golpes más resonantes y misteriosos de la historia argentina: entraron en el cementerio de la Chacarita, se internaron en la bóveda indicada, abrieron el féretro y cortaron y se llevaron las manos de Juan Domingo Perón. Tres décadas después, la Justicia todavía busca identificar a quienes ejecutaron la mutilación. En septiembre de 1994, el juez Alberto Baños sacó del archivo el expediente y nunca más dejó de investigar el caso. Depuró el sumario y agotó todas las pistas. Hoy, la única hipótesis es que la profanación fue una operación de contrainteligencia con fines políticos, en el aún tumultuoso período inmediatamente posterior al restablecimiento de la democracia en el país.
En la causa figuran los nombres de los sospechosos de integrar el grupo operativo. Pero no hay pruebas físicas que permitan demostrar su responsabilidad en el hecho. Solo la confesión de un arrepentido podría develar el misterio.
Los peritajes determinaron que los autores de la profanación del cadáver del presidente demoraron menos de dos horas para hacer el boquete en el vidrio blindado de 8 centímetros de espesor que protegía el féretro y que usaron una sierra de Gigli para cortar las manos del general. Debido al poco espacio para accionar ese instrumento quirúrgico, los cortes fueron desparejos, aunque certeros. La mano derecha fue cortada “en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio”; la otra, “por debajo del límite inferior de la muñeca, en la primera línea de los huesos del carpo”.
Debido a la reticencia de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia de la Argentina para aportar información sobre los más de 30 nombres que aparecen mencionados en el expediente, el juez Baños decidió buscar ayuda de los Estados Unidos. En su medida más reciente, el magistrado solicitó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana que le informe si posee archivos clasificados o desclasificados con información sobre la profanación ocurrida el 29 de junio de 1987. Fuentes judiciales dijeron a
que el juez había recibido la nacion un correo electrónico en el que se le indicaba que la central de espías norteamericana poseía información sobre el ataque.
“El juez presentó exhortos a través de la cancillería argentina y de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Todavía no obtuvo respuestas”, explicó el abogado Atilio Neira, que representa a la expresidenta María Estela Martínez, viuda de Perón y querellante en la causa que sigue impune.
El expediente 54.248 tiene 15 cuerpos y está caratulado como “Perón, Juan Domingo, sobre la profanación de su tumba”.
“Si bien no hay nadie imputado, después de tantos años la principal hipótesis es que los autores de la profanación formaban parte de un grupo inorgánico de inteligencia militar que estuvo a cargo de la parte operativa del ataque. Se trata de resabios de la ‘mano de obra desocupada’ de la dictadura. Mucho más difícil resultaría establecer quiénes fueron los instigadores”, expresó Neira.
La falta de colaboración de sucesivas administraciones del Poder Ejecutivo quedó en evidencia cuando Baños solicitó información sobre 30 personas que figuraban en el expediente y se desempeñaban en el vidrioso ámbito de los servicios de inteligencia. Cuatro de esos sospechosos podrían haber formado parte del grupo que mutiló el cadáver de Perón. En 2015, el juez recibió una respuesta de la ex-SIDE: un oficio de dos páginas con datos superficiales de uno de los 30 nombres.
Otra de las medidas de Baños fue modificar la carátula de la causa, que hasta 1994 era “Imbessi, Juan Alberto, sobre robo, extorsión y daño”. Este oscuro personaje vinculado a los servicios de inteligencia apareció nombrado en la causa a partir de una catarata de anónimos presentados en distintos organismos de seguridad.
Su declaración indagatoria estuvo plagada de matices fantasiosos. Nada de lo que dijo sirvió para esclarecer el inextricable caso.
Hubo otras maniobras para desviar la atención de los detectives. Una semana después de la profanación, Vicente Leónides Saadi, exgobernador y exsenador peronista catamarqueño, recibió una carta firmada por “Hermes IAI y los 13”, en la que se exigía el pago de US$8.000.000 por el rescate de las manos del general. A Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT, le llegó una misiva similar. Eran pistas falsas.
El misterio sobre el destino de las manos de Perón se agiganta si se tienen en cuenta las extrañas circunstancias que rodearon las muertes de dos testigos claves y del primer juez del caso, Jaime Far Suau.
Paulino Lavagna, cuidador del cementerio, falleció poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción rezaba que la muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La autopsia ordenada por Far Suau determinó que Lavagna había sido asesinado a golpes.
Otra testigo, María del Carmen Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, murió de una hemorragia cerebral causada por una paliza días después de intentar hablar con uno de los investigadores para tratar de aportar la descripción de un sospechoso que había visto cerca de la bóveda.
Far Suau falleció en 1988. Volcó cuando regresaba a Buenos Aires desde Bariloche. Chocó con su Ford Sierra contra el único peñasco que había en esa zona de la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego.
Según el periodista Claudio Negrete, coautor con el abogado Juan Carlos Iglesias del libro La profanación, la muerte del juez no fue un accidente, sino un atentado. “A Far Suau lo mataron. Fue uno de los asesinatos que se cometieron para que el caso nunca se esclarezca”, expresó Negrete.
Ninguno de los magistrados que reemplazaron a Far Suau avanzó con la investigación y el sumario fue archivado. Hasta que, en septiembre de 1994, Baños, que se había hecho cargo del Juzgado Nº 27, recibió la denuncia del hallazgo de un juego de 12 llaves del marco de hierro colocado para evitar que se robaran el cuerpo de Perón. Esas llaves fueron encontradas en el sótano de la comisaría 29ª, con jurisdicción en el cementerio de la Chacarita.
Además de tamizar el sumario y de cambiar la carátula, Baños escuchó a más testigos y juntó pruebas que sirvieron para descartar otras dos hipótesis que se habían seguido al principio de la investigación. Así quedaron a un costado los móviles esotéricos y económicos. Ante un requerimiento del magistrado, el gobierno de Suiza remitió un informe en el que se concluyó que no existía ninguna cuenta a nombre de Perón y que, en esa época, no había mecanismos de lectura de huellas digitales para abrir cajas de seguridad (para lo cual, hipotéticamente, hubiesen servido las manos).
Hace siete años el juez baños fue víctima de un extraño episodio. Un grupo comando irrumpió en su casa y le robó tres cuerpos del expediente. No violentaron ninguna puerta ni ventana. Aunque había otros objetos de valor en la vivienda, los intrusos solo se llevaron las tres carpetas y una computadora portátil. El ataque les llevó menos de 15 minutos, entre que salió de su casa para visitar a un familiar que vive en la zona y regresar.
La foja 1
En junio de 1987, José Antonio Daniel Portaluri era inspector de la Policía Federal Argentina. Como oficial de servicio de la comisaría 29ª fue el encargado recibir la denuncia del incidente en la bóveda de la familia Perón, en el cementerio de la Chacarita.
“Se presentó Roberto García, esposo de Lía Perón, sobrina del expresidente, para avisar que habían entrado en la bóveda. A partir de los dichos de García hice un acta en la que consigné el relato que había escuchado”, explicó Portaluri al recordar cómo escribió la foja 1 del histórico sumario.
García le dijo que había advertido que habían violentado el féretro de Perón cuando concurrió al cementerio para acondicionar la bóveda, dado que se acercaba el 1º de julio, un nuevo aniversario del fallecimiento del presidente, y 13 años después de eso el lugar era visitado por numerosos militantes justicialistas.
“Estuve a cargo de la confección del acta de los peritajes. Los médicos legistas, los forenses y los técnicos bajaron de a uno al sótano de la bóveda. Había poco espacio para moverse”, explicó Portaluri, quien se retiró de la Policía Federal como comisario mayor.
Un boquete con forma de estrella irregular, que en su parte más ancha tenía 28 centímetros, fue la primera señal de violencia que hallaron los peritos que revisaron el recinto. La cerradura de la bóveda no había sido forzada.
“Al revisar el boquete los técnicos encontraron restos de vela en los bordes. El vidrio que protegía el féretro tenía un espesor de ocho centímetros. Se hizo un peritaje en la misma fábrica y se determinó que para hacer ese boquete se utilizó una masa de medio kilo y una punta de acero para romper cada lámina de vidrio. Cuando se llegaba a la capa de polímero, los delincuentes quemaban el pegamento con una vela. Se demoró dos horas para hacer un boquete similar”, expresó el investigador.