Ingresos Brutos: evalúan suspender por un año la rebaja
La Casa Rosada analiza la medida como un incentivo en la negociación de la reducción del déficit fiscal con los gobernadores
Acorralado por la crisis económica y de cara a la negociación del presupuesto 2019, el Gobierno analiza un pedido de los gobernadores para suspender por un año la rebaja de Ingresos Brutos, acordada en noviembre pasado como parte del pacto fiscal.
La alternativa que evalúa la Casa Rosada es introducir una adenda en esa ley, para prorrogar por un año el cronograma que obliga a las provincias a reducir progresivamente ese tributo hasta llegar a cero en 2022.
El razonamiento que empuja a un cambio de planes de parte del Gobierno es que, a raíz del acuerdo con el FMI, la negociación del presupuesto va a exigir un recorte de gastos en las provincias. ¿Cómo exigir a los gobernadores un recorte en el gasto y, al mismo tiempo, instarlos a reducir impuestos?
La respuesta a ese interrogante daría como resultado una flexibilización de la rebaja de Ingresos Brutos en las provincias, confió a la nacion un integrante de la mesa chica de la Casa Rosada. “Está en la mesa de negociación”, detalló el funcionario.
Si bien todavía no hay nada decidido, la propuesta será parte de las conversaciones entre la Nación y las provincias que empezarán dentro de diez días, como informó ayer este diario.
En una suerte de adelanto sobre la discusión de ese punto del pacto fiscal, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, hizo un pedido público a la Casa Rosada. “Vamos a tratar de suspender la rebaja de Ingresos Brutos por un año, darle un año de gracia al plazo que se acordó en el pacto fiscal”, dijo ayer el mandatario, en una entrevista con la nacion.
La propuesta surgió de una reunión que mantuvo el martes pasado en la Casa de Entre Ríos un grupo de gobernadores con Miguel Pichetto y Pablo Kosiner, jefes del Bloque Justicialista en el Senado y en Diputados, respectivamente. Además de Peppo, estuvieron Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego).
Otra de las propuestas que barajan los gobernadores es trasladar a la Capital y la provincia de Buenos Aires el peso de los subsidios al agua y la electricidad que hoy paga la Nación. Una tercera alternativa que se analiza es hacer un retoque en el esquema de retenciones, pese a que el propio Mauricio Macri descartó explícitamente dar marcha atrás en el cronograma de reducción.
Si llegara a suspenderse la obligación de rebaja de Ingresos Brutos, los gobernadores mantendrían un recurso que significa más del 70 por ciento de la recaudación propia de las provincias, al margen de lo que reciben por coparticipación.
Como medida preventiva para hacer frente a la reducción prevista hasta 2022, casi la mitad de las provincias aumentó la carga de Ingresos Brutos entre finales de 2017 y principios de este año. Los retoques a esa carga pusieron énfasis en los grandes contribuyentes y se formalizaron con aumentos de alícuotas, nuevos tramos de facturación con mayores porcentajes de imposición, creación de sobretasas, eliminación de descuentos y otros aumentos indirectos o implícitos.
La suspensión del pacto fiscal será solo una parte de las conversaciones que la Nación llevará adelante con las provincias para lograr la aprobación del presupuesto. En el Gobierno la consideran una negociación clave, que permitiría alinear los números de la economía argentina con el acuerdo alcanzado con el FMI.
Consciente de que será difícil convencer a los gobernadores de aceptar un presupuesto 2019 con fuertes recortes, en el oficialismo empezaron a manejar la opción de prorrogar la ley de presupuesto 2018. Eso le permitiría a la Casa Rosada reasignar en 2019 todos los recursos que se generen por encima de lo pautado para este año.
Es, en realidad, un último recurso que el Gobierno blande para advertir a la oposición que no va a negociar el proyecto desde una posición de debilidad. En el interbloque de Cambiemos reconocen, de todos modos, que harán todo lo posible por lograr la sanción de la ley, dado que un fracaso legislativo semejante sería una mala señal hacia el exterior, en momentos en que el país atraviesa una etapa de extrema vulnerabilidad.