El imperativo de recuperar lo robado
El Congreso no debe seguir dilatando la sanción de una ley que permitirá recobrar para el Estado los bienes sustraídos por la corrupción
Queda poco tiempo para que el proyecto de extinción de dominio, que permitirá recuperar los bienes de la corrupción, pierda estado parlamentario. Si el Senado no acelera su tratamiento antes de que concluyan las actuales sesiones ordinarias, la aprobación de Diputados caducará. Y, con ello, habremos perdido otra oportunidad histórica para que quienes roban al Estado reciban el correspondiente castigo y para que el producido de la venta de esos bienes malhabidos sea destinado a los fines de los que nunca esos dineros debieron desviarse: educación, salud, seguridad y justicia, solo por citar unos pocos ejemplos.
Hace menos de un mes, hemos dado cuenta desde estas columnas de que existe un acuerdo entre senadores del oficialismo y de la oposición para avanzar en el tema. De esas conversaciones se ha autoexcluido el núcleo duro del kirchnerismo, que ha dado reiteradas muestras de que aboga porque esta ley no se sancione, muy probablemente como reflejo directo del temor que provoca a parte de sus integrantes perder los bienes y dineros usufructuados al Estado.
Quienes comenzaron las negociaciones para modificar la sanción de Diputados, que no había convencido ni a oficialistas ni a opositores, son los senadores Federico Pinedo (Cambiemos), autor de un proyecto que corrige aquella aprobación, y los peronistas dialoguistas Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, este último, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
De modificarse la sanción de Diputados, el proyecto deberá volver en revisión a la Cámara baja. Los plazos parlamentarios son siempre largos frente al imperativo del almanaque.
¿Qué decide la Justicia con esos bienes recuperados de la corrupción? Que el Estado los mantenga para que no se deterioren. Eso implica una inversión enorme, un gasto innecesario. De sancionarse la ley de extinción de dominio, podrían venderse y el producido, usarse.
Hace pocas horas se conoció la noticia de que uno de los autos de la expresidenta Cristina Kirchner, que forma parte del lote de 46 vehículos que la Justicia confiscó a los procesados en la causa que investiga defraudación en la obra pública, dirigida a favorecer al grupo de Lázaro Báez, espera ser derivado a alguna fuerza de seguridad o, incluso, podría destinarse para su uso a Vialidad Nacional.
Ese patrimonio está actualmente en custodia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que solicitó al juez Julián Ercolini que se resuelva su utilización, conforme varias acordadas de la Corte Suprema de Justicia.
Sucede que, en tanto ese uso público no se decida –y mientras la ley de extinción de dominio no se sancione–, a los vehículos hay que contratarles seguros, custodiarlos y evitar, entre otras cuestiones, que se sigan deteriorando. Un ejemplo concreto del gasto que demandan es el lujoso yate que perteneció a Ricardo Jaime, valuado en alrededor de un millón de dólares, usado actualmente por la Prefectura para patrullar el delta del Tigre. Quien pasa por esa zona lo reconoce por el cartel que porta con la leyenda “Embarcación recuperada de la corrupción”.
En sus acordadas, la Corte Suprema ha sido muy clara sobre la responsabilidad que le cabe al Congreso en avanzar para dar solución definitiva a esta cuestión. Ha dicho el más alto tribunal en febrero de este año: “El abordaje del delito con medidas eficaces reduce el impacto negativo que este provoca en la sociedad, especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción, que degrada las instituciones del país [...] Con medidas como las relacionadas con la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población. De ahí la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos”.
Como ya hemos dicho desde estas columnas, si lo robado al Estado –que somos todos– tarda en recuperarse y el Congreso demora la ley que urge tener, la Justicia carece de las herramientas para actuar, en tanto el propio Estado se ve obligado a mantener el fruto de los delitos.
Agreguemos a ello la impunidad que sienten quienes son conscientes de que han cometido esos hechos ilícitos y que aprovechan el vacío legal para que sus bienes no sean ejecutados y para que las causas en las que están imputados terminen prescribiendo por el paso del tiempo. En los últimos 20 años –vale recordarlo–, solo el 8% de las causas por corrupción llegó a juicio oral. Un porcentaje tan lamentable como vergonzoso.
Es hora de dar pasos firmes y seguros en la lucha contra la corrupción. Es tiempo de pasar del discurso a la acción. Corrupción y pobreza no son términos ajenos. Claro que nos referimos a la pobreza de los ciudadanos que ven cómo estos robos escandalosos restan partidas indispensables para la salud, la educación y la seguridad. Son los ciudadanos que esperan de la propia política el mayor apego a los valores republicanos y a la transparencia en los actos de gobierno, y de la cual reclaman que, de una vez por todas, se depure.