Martínez Rojas deberá pagar los gastos por la protección estatal
El empresario está preso como testigo protegido, pero no colabora con la Justicia
Llegó extraditado de los Estados Unidos y lo primero que hizo fue pedir ingresar en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Sostuvo que temía por su seguridad y la de su familia. A partir de ese momento está detenido bajo custodia especial en un lugar no revelado, pero más benigno que una unidad carcelaria. Todavía no está decidida su incorporación al régimen de cuidado estatal, pero se desplaza en dos móviles con cinco custodios de civil para no llamar la atención. Su dieta es distinta a la comida que sirven en los penales. Pero Juan Mariano Martínez Rojas, el empresario que se hizo conocido ante la opinión pública cuando en enero de 2016 se presentó como nuevo propietario del diario Tiempo Argentino y Radio América, deberá pagar de su bolsillo lo que gasta el Estado para protegerlo.
Así lo decidió el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que en las últimas horas procesó a Martínez Rojas, de 39 años, por los delitos de asociación ilícita y contrabando. En su resolución, el magistrado trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de $13.186.618.
Parte del embargo dictado es para cubrir los costos que tiene el Estado en su custodia, la comida y los traslados. “Se fija un costo provisorio de
$7000 por cada día de detención, suma que deberá ser computada por un plazo provisorio de 60 días, en tanto se estima razonable a los efectos de que la autoridad competente establezca si corresponde la permanencia del imputado en aquel régimen especial de protección”, según se desprende del auto de procesamiento.
Aguinsky tiene a su cargo uno de los expedientes de la denominada “mafia de los contenedores”, causa donde se investiga una organización criminal que importaba desde China contenedores con toneladas de telas y otros productos textiles, pero, con documentación apócrifa, se alteraban los datos de cada carga con información de productos y artículos de escaso valor para pagar aranceles aduaneros inferiores.
El magistrado había ordenado la detención y la captura nacional e internacional de Martínez Rojas el
24 de octubre pasado, después de un pedido presentado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales, que interviene en el expediente.
En marzo pasado, Aguinsky procesó sin prisión preventiva por los delitos de contrabando y asociación ilícita a tres empresarios, 16 comerciantes y 14 empresas que, presuntamente, integraban la banda criminal y que supuestamente contaba con colaboración de funcionarios aduaneros. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir $3.873.646.996,15.
No es la única causa que tiene Martínez Rojas en el fuero penal económico. Poco después de haber aterrizado el avión que lo trajo de los Estados Unidos, el empresario fue llevado al despacho del juez Gustavo Meirovich donde es investigado por asociación ilícita, contrabando y lavado de dinero.
Fue ante Meirovich que Martínez Rojas pidió entrar en el programa de protección estatal, que está dirigido “a testigos e imputados (colaboradores de la Justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia”, según se explica en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Fuentes judiciales explicaron que aúnmartínezrojasno“colaboró”con la Justicia. Es más, sus respuestas, en alguno casos, estuvieron lejos de la que se espera de un arrepentido.
Por ejemplo, en la indagatoria ante el juez Aguinsky hubo respuestas que llamaron la atención: “… no te voy a responder eso…”, “… sí lo conozco, no te voy a responder qué relación tengo con él…” y “… tampoco te voy a contestar…”.
Martínez Rojas es coleccionistas de relojes de lujo y, según fuentes judiciales, calza zapatos Louis Vuitton. En su resolución, el juez Aguinsky afirmó: “Tampoco escapa al suscripto la actitud calculadamente esquiva de Martínez Rojas al responder las preguntas formuladas en ocasión de recibírsele declaración indagatoria en este tribunal, en clara contradicción con las expectativas generadas por el otorgamiento del beneficio otorgado por la ley 25.764 destinado a preservar la seguridad de aquellos imputados ‘…que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal…’”.