Solicitan que Capitanich sea indagado por una ruta inconclusa que tuvo sobreprecios
El contrato de obra pública que firmó como gobernador del Chaco favoreció a Báez; se tardó el triple de lo previsto y no fue terminada; se investiga el pago de $404 millones
Los tentáculos de la red de corrupción en la obra pública que llevaron a juicio a Cristina Kirchner y Lázaro Báez alcanzan ahora a Jorge Capitanich, jefe de gabinete durante la gestión de la expresidenta, exgobernador del Chaco y actual intendente de Resistencia.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió al juez Julián Ercolini que Capitanich declare como sospechoso de haber beneficiado a Lázaro Báez con sobreprecios de $404 millones en la construcción de 80 kilómetros de ruta en el Chaco, de los cuales la mitad no llegaron a pavimentarse.
Según el fiscal, esta maniobra chaqueña es parte de la operatoria de corrupción mayor que abarca un plan criminal para que Néstor y Cristina Kirchner beneficiaran a empresarios amigos con negocios y luego obtuvieran un retorno por ellos. Incluyen las obras públicas que realizó Báez en Santa Cruz, los retornos recibidos en las causas Hotesur, Los Sauces, contratos de Aerolíneas Argentinas en beneficio de la familia presidencial y la evasión fiscal de $8000 millones de Cristóbal López.
En este caso, Pollicita pidió la indagatoria de Capitanich como gobernador de Chaco porque firmó adendas de los contratos de Nelson Periotti, como administrador general de Vialidad; de los funcionarios de Vialidad naciona- les y provinciales que permitieron estos acuerdos con sobreprecios, y de los ejecutivos del grupo Báez que se beneficiaron, incluidos Lázaro Báez y su hijo Martín. El total de acusados que deben ser indagados por Ercolini son 35.
Para el fiscal, Capitanich, a partir de las atribuciones de su cargo como jefe de la Administración Pública Provincial, se ocupó de la designación de los funcionarios provinciales a cargo del área de Vialidad, se encargó de firmar con las autoridades nacionales las adendas al convenio marco para la ruta y de ella “se derivaron importantes sobreprecios en las obras contratadas”. Asimismo, el exgobernador “intervino en distintos actos de apertura de las licitaciones cuestionadas para, de ese modo, garantizar el éxito de la maniobra”, dijo Pollicita.
Al final de la historia se determinará si hay o no responsabilidad de Capitanich, pero la única forma de escucharlo es como imputado, en indagatoria, porque su situación, por el grado de participación que tuvo en los sucesos investigados, le impide declarar como testigo.
El fiscal y su equipo centraron su investigación en la construcción de 80 kilómetros de la ruta provincial 7, que quedaron a cargo de la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani SA, del grupo Báez. La obra se licitó en dos secciones y en ambas la empresa resultó elegida. La primera sección abarcaba 47,5 kilómetros y la segunda, unos 39,5 kilómetros. El convenio inicial de
2006 para las obras fue de $82 millones.
En la licitación de la primera sección, las empresas presentadas fueron descalificadas y quedó la de Báez. Por la extensión del plazo y los mayores costos se acordó que para disminuir el presupuesto, el espesor del asfalto iba a ser de un centímetro menos, así como la eliminación de las colectoras.
La primera sección terminó con la recesión del contrato porque la empresa Adelmo Biancalani se retiró y no terminó la obra. El contrato era por $260 millones, unos
$60 millones por encima del presupuesto inicial. El avance de obra era de un 47,57% del monto del contrato en vigencia ($261.061.411,56) y restaba ejecutar el 52,43% de la obra.
Tras cuatro años “producto de la alarmante connivencia de los funcionarios nacionales y provinciales, la empresa no alcanzó siquiera a completar la mitad del trabajo, que implicaba un total de
39,5 kilómetros”, sostuvo la fiscalía. En la primera sección hubo un sobreprecio del 31,78%. Equivale a
$97 millones.
El presupuesto de la segunda sección era de $170 millones. Ganó la empresa de Báez, pero el plazo total de la obra pasó de los 24 meses establecidos a 72 meses: se terminó triplicando. Terminó en 2016, cuatro años y dos meses después de lo previsto, y quedó pendiente la conclusión de un puente sobre el arroyo Tuca. El monto total de la obra fue de $334 millones.
En la segunda sección, los sobreprecios fueron del 21,14%, lo que equivale a $191 millones.
El sobreprecio para ambas secciones fue de $288,7 millones. A valores actualizados, unos $404 millones.
Una curiosidad es que una de las razones para pedir extensiones y mayores plazos fueron las lluvias. Pero la Justicia analizó los datos oficiales de caída de agua y los comparó con los registros de la obra, y vio que allí figuraban mayores precipitaciones y de mayor intensidad para beneficiar a la empresa.