Demoras en el caso de los jueces obligados a firmar sus renuncias
Para condicionarlos, les hacían rubricar su dimisión antes de asumir; se postergó el juicio
La Justicia Federal volvió a demorar el inicio del juicio oral contra un ministro de San Luis y otro exfuncionario del gobierno de los Rodríguez Saá, acusados de hacerles firmar a los futuros jueces sus renuncias en blanco, antes de asumir, de modo de condicionar sus decisiones al mantenerlos bajo constante amenaza de despido.
El juez Roberto Naciff resolvió suspender sin fecha la audiencia preparatoria prevista para el viernes 29 de junio, cuando se iba a definir la fecha de inicio del juicio oral y público contra el exministro de la Legalidad Sergio Freixes y el exviceministro Mario Zavala. Freixes era senador provincial y acaba de asumir como ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, nombrado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Justamente, Freixes cambió de abogado y pidió posponer la audiencia, y el juez Naciff le concedió el pedido. La decisión fue interpretada por la fundación Poder Ciudadano, que es amicus curiae del tribunal, como una maniobra dilatoria.
La causa llegó a esta instancia luego de 15 años y es considerada por Transparencia Internacional paradigmática de la corrupción en la Argentina. El eje es la responsabilidad de altos funcionarios de los gobiernos de Rodríguez Saá por exigir a los candidatos a jueces y fiscales provinciales la firma de renuncias anticipadas para ser nombrados en sus cargos.
El delito por los que fueron juzgados Freixes y Zavala es coacción agravada, ya que se sometía a los candidatos a la voluntad del Ejecutivo, que de ese modo podía chantajearlos.
En abril de 2005, una funcionaria judicial denunció que, tanto para ingresar al Poder Judicial como para obtener ascensos, los postulantes debían pasar previamente por un despacho de la Casa de Gobierno, donde eran intimados a firmar renuncias con fecha en blanco.
Todas las notas decían: “Poner a disposición del gobernador su renuncia indeclinable al cargo” con el que habían sido honrados. Y todas tenían el mismo objetivo: coartar la independencia judicial y poner en manos del gobierno un instrumento que le permitiera, tan solo con su firma, separar del cargo a jueces y fiscales que se apartaran de la voluntad gubernamental.
La maniobra –según la acusación– fue desplegada desde el Ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales del gobierno provincial, donde los postulantes debían firmar como condición para que los pliegos fueran girados a la Legislatura, con el fin de obtener el acuerdo del Senado. La denuncia se promovió ante la Justicia federal y se centró en once funcionarios judiciales provinciales (jueces, camaristas y fiscales de Cámara) que habían sido nombrados bajo esas condiciones. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones.
En la investigación del entonces juez federal de San Luis Carlos Villegas se comprobó la metodología de hacer firmar renuncias en blanco y el magistrado procesó a Freixes y a Zavala.
El tribunal oral está integrado por los jueces de los tribunales federales de Mendoza Roberto Naciff, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña. Y admitió a la Fundación Poder Ciudadano como amiga del tribunal. Lo hizo en un fallo con la disidencia de Naciff, el juez que permitió esta nueva prórroga.