Un tribunal falló a favor de Romero Feris
La Comisión Interamericana dijo que su arresto es arbitrario; intervendrá la Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que la detención por fraude y enriquecimiento ilícito del exgobernador de Corrientes Raúl Rolando “Tato” Romero Feris es arbitraria y presentó el caso para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analice la responsabilidad de la Argentina por esas violaciones.
El paso que dio la Comisión es inusual en estos casos, que demoran entre 4 y 7 años en ser resueltos. Al elevar al caso a la Corte, la Argentina se expone a una condena internacional.
Romero Feris dio ayer una conferencia de prensa en su casa de Corrientes, donde cumple con la prisión domiciliaria, y dijo que solicitó al Estado nacional y a la Justicia de Corrientes que cumplan con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que el Estado argentino violó las garantías de debido proceso en las causas penales seguidas en su contra.
“Todo esto demuestra, una vez más, que la detención es ilegal e injusta”, aseguró Romero Feris. “Los recursos judiciales que han presentado mis abogados, solicitando la suspensión de la condena en función de lo dispuesto por la CIDH, llevan más de 6 meses sin ser resueltos. Sigo preso”, dijo.
Romero Feris se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el 10 de mayo de 2016, medida ordenada por el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye, sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, que “el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” y por lo tanto debe “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe en contra del señor Raúl Rolando Romero Feris, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo una justa compensación”.
También “adoptar las medidas necesarias para la no repetición de las violaciones declaradas en el informe” y asimismo “asegurar el estricto cumplimiento de los plazos legales para la detención preventiva y la motivación adecuada de su procedencia”.
El caso trata sobre la detención ilegal y arbitraria de Raúl Rolando Romero Feris en 1999, así como las vulneraciones del debido proceso en las causas penales por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La Comisión consideró que Romero Feris estuvo privado de libertad cinco meses de más, en violación del plazo de detención preventiva.