La necesidad de alcanzar el consenso sobre la legalización del aborto

Hay que dar a la interrupción voluntaria del embarazo un marco legal para combatir la desigualdad social de la clandestinidad

Cuando la decisión de la mujer es abortar, solo hay una vida que el Estado puede salvar

Cuando este debate comenzó en Diputados, muchos legisladores que estábamos a favor no coincidíamos en los argumentos por los que apoyábamos la despenalización y legalización del aborto. La construcción de la media sanción implicó identificar esos acuerdos, separarlos de otros argumentos válidos y respuestas legales posibles, para alcanzar finalmente un acuerdo transversal a todas las fuerzas políticas.

Del lado de los que se opusieron a la legalización no quisieron o no pudieron hacer este mismo ejercicio. Por ende, en Diputados tuvimos que optar entre un gran acuerdo sobre cómo tratar la situación del aborto en la Argentina y un dictamen que simplemente decía “rechácese”.

En El cuento de la criada, Margaret Atwood imaginó un sórdido mundo en que las mujeres fértiles eran obligadas a ser madres y las que se negaban eran sometidas a todo tipo de torturas, desde la picana y la mutilación hasta el encierro. Sin tortura física, pero con la cárcel, nuestro Código Penal vigente prevé condenar a las mujeres que se nieguen a ser madres y se provoquen un aborto para evitarlo. ¿Hay alguien que se atreva hoy en la Argentina, en pleno siglo XXI, a sostener que las mujeres deben ser madres contra su voluntad o ir presas? No despenalizar el aborto significa eso.

Se excusan, los que sostienen esta ley, con que nadie la cumple y nadie persigue a la mujer que aborta, entonces ¿para qué sostenerla en el Código Penal? ¿Qué tipo de mensaje estamos dando si amenazamos con la cárcel, pero no perseguimos el delito? Ojalá signifique que los argentinos ya no creemos que disponer del cuerpo del otro sea una opción moralmente válida. No despenalizar el aborto significa sostener la maternidad obligatoria como política de Estado, el famoso gobernar es poblar de hace casi dos siglos. No tengo dudas de que hay un acuerdo casi unánime en que esa regla debe cambiar.

Tal vez por eso en el debate en el Senado aun los que no apoyan la legalización se han manifestado a favor de la despenalización, lo que significa reconocer que la maternidad no es una obligación que pueda ser impuesta por el Estado. Pero no podemos seguir engañándonos, despenalizar es una propuesta absolutamente insuficiente que implica desentenderse del problema de salud pública del aborto clandestino en nuestro país. Porque cuando la decisión de la mu- jer es abortar, solo hay una vida que el Estado puede proteger y salvar y es la de la propia mujer, el resto es una falacia discursiva, salvo que encerráramos a las mujeres contra su voluntad y las obligáramos a finalizar esos embarazos.

Por el contrario, la media sanción de Diputados propone reconocer el problema de salud pública y generar las herramientas sanitarias para darles a todas las mujeres el mismo derecho a la salud. Se trata de evitar las muertes, pero también las miles de h os pita lizac iones por motivo de aborto, con su enorme costo presupuestario para el sistema público de salud nacional y provincial, y sobre todo el costo social que pagan los cuerpos de las mujeres cuya condición económica les impide solventar los gastos de un aborto clandestino seguro.

Porque si despenalizamos sin legalizar, cristalizaremos la desigualdad social que se esconde en el aborto clandestino, quienes tengan los recursos económicos podrán abortar de manera segura y el resto estará condenado a arriesgar su vida y su salud. El derecho al aborto seguro, legal y gratuito no impondrá ninguna obligación a quienes no quieran practicárselo, esta ley no obligará a nadie a actuar en contra de sus creencias y convicciones.

Probablemente en algunas provincias haya muchas personas que no están a favor, pero los legisladores debemos velar por el conjunto, por el acceso a la salud pública de todos, aunque estuviéramos protegiendo a una minoría, porque el que no necesite el derecho no lo ejercerá y su vida seguirá como si el derecho no existiese, pero a la mujer que lo necesite la habremos reconocido en su dignidad de persona para que atraviese el dolor del aborto acompañada y asistida por el Estado. Los derechos no se plebiscitan ni se miden por encuestas, los derechos se reconocen y se garantizan.

Por ello nuestra propuesta reconoce a la mujer el derecho a decidir voluntariamente la interrupción de un embarazo no planificado, pero este reconocimiento no es ilimitado, no es hasta los nueve meses, es solo durante las primeras 14 semanas. Con posterioridad se aplica el mismo sistema de causales vigente y por ende solo se podrá interrumpir legalmente un embarazo si este implica un riesgo para la salud de la madre, si es producto de una violación o si los médicos determinan la inviabilidad fetal extrauterina, que –debemos volver a señalar– nada tiene que ver con una discapacidad, es solo en los casos en que la ciencia determina que ese feto no sobrevivirá fuera del útero materno.

El acompañamiento médico y sanitario de la mujer en condición de aborto se prevé en tres instancias, primero mediante el asesoramiento preaborto, la mujer accederá a la información necesaria sobre la práctica, pudiendo incluso declinar su decisión de abortar, pero si la decisión es abortar, estará asistida en el centro de salud para garantizar condiciones dignas de atención médica y posteriormente el mismo hospital deberá brindarle la información y los métodos anticonceptivos necesarios para evitar un futuro embarazo no intencional.

La media sanción tampoco obliga a los médicos a practicar abortos, porque se reguló la objeción de conciencia individual, y si en una institución todos los médicos fueran objetores, la única obligación legal será derivar a sus pacientes mediante un convenio a otra institución donde se garantice la práctica. Por último, vale aclarar que no solo no hay impedimentos constitucionales, sino que, por el contrario, son los organismos de derechos humanos del sistema interamericano los que han recomendado a la Argentina eliminar la penalización actual y garantizar el aborto en las condiciones ya previstas en la legislación, y así también lo entendió nuestra Corte Suprema de Justicia cuando en el año 2012 falló en el caso F. A. L.

Pero el aborto seguro es siempre la última instancia de una verdadera política pública en materia de derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual para decidir y la provisión oportuna y adecuada de anticoncepción para no abortar deben ser políticas unánimemente sostenidas, escuchar a los que se opusieron en sus provincias al cumplimiento de las leyes vigentes en esta materia hablar de educación sexual y anticoncepción es un avance enorme que esperemos que se cumpla en los hechos.

Miles de veces escuché que la Ar- gentina debe salir de la grieta y que los políticos deberemos ser capaces de construir una agenda común en algunos temas; en un Congreso de minorías, el consenso siempre es la construcción de una mayoría transversal, por eso me sorprende que a algunos votantes, por suerte los menos, les moleste que los políticos nos pongamos de acuerdo en un tema con quien no coincidimos en otros. Somos conscientes de nuestras diferencias, pero mientras nos convoque la ampliación de derechos, para lograr una sociedad más igualitaria, muchas mujeres seguiremos trabajando juntas, porque no traicionar nuestros principios significa impulsar esa agenda aun junto a nuestros adversarios políticos.

Confío en el Senado de la Nación y en la sociedad argentina para reconocer este derecho al acceso a la salud de las miles de mujeres en situación de aborto que cada año engrosan la estadística de morbimortalidad materna en nuestro país. Que sea ley.