Cristina, sin el control de sus empresas
Ercolini intervino la firma que administra sus hoteles.
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la intervención de Idea SA, la firma de Osvaldo Sanfelice –hombre de extrema confianza de la familia Kirchner–, quien administra distintos hoteles de la expresidenta y sus hijos en la Patagonia. De este modo, Cristina Kirchner ya no tiene el control administrativo de ninguna de sus empresas.
La medida, tomada en la causa conocida como Hotesur, había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, después de haber detectado supuestas irregularidades en la gestión de los emprendimientos hoteleros.
El principal motivo que argumentó el fiscal es una deuda de $2 millones que Idea SA mantiene con la empresa Hotesur –también intervenida– vinculada a la familia Kirchner. Después del pedido del fiscal, Ercolini dispuso la intervención de la firma por seis meses.
El magistrado consideró necesaria la intervención “porque, así, se intentará aclarar las deudas que registren sus negocios, conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con la actividad que desarrolla hasta el momento y subsanar las deficiencias administrativas y contables antes descriptas”.
Ercolini ordenó que los nuevos administradores tengan “facultades de información, administración y recaudación”, según consignó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Los administradores de Idea SA “no podrán realizar extracciones de dinero de las cuentas bancarias con las que operen los negocios societarios ni efectuar pagos de ningún tipo, con excepción de aquellos de carácter impositivo, laborales, previsionales o de administración, de los que luego deberán rendir cuentas a los interventores desinsaculados”, señaló el juez en su dictamen.
Ercolini, además, pidió que dos interventores judiciales “actúen directamente en la ciudad de El Calafate, ya que es allí –y en Río Gallegos– donde ha denunciado tener domicilio Idea SA y donde se encuentra el hotel que administra”, en referencia al Alto Calafate.
La disposición del juez Ercolini no es la primera medida que afecta los negocios hoteleros de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz. La Justicia, primero, intervino la inmobiliaria Los Sauces SA, cuyos principales inquilinos eran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Después fueron embargadas las cuentas bancarias de Cristina Kirchner y de su hija, Florencia.
En marzo, Ercolini había ordenado la intervención de la sociedad Hotesur. En ese momento destacó que Hotesur había sido “una de las personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra al Estado nacional”.
En mayo pasado, Ercolini procesó a la expresidenta, a sus hijos, su sobrina Romina Mercado, al propio Sanfelice, al contador Víctor Manzanares y al empresario Lázaro Báez. Estos dos últimos permanecen detenidos. El magistrado dispuso trabar embargos por sumas de hasta $800 millones para cada caso.
La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer. La expresidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.
La Justicia investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero de Cristina Kirchner y su entorno. Para el juez, los fondos llegaron a los Kirchner a través de la simulación de alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia presidencial, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.
Ercolini señaló que los procesados “habrían formado parte de un complejo entramado societario, que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional, cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.