Crecen los asesinatos narco y las amenazas a jueces
Resulta muy preocupante la cada vez más notoria relación entre la expansión del narcotráfico y las intimidaciones a quienes buscan combatirlo
Son varios los indicadores que muestran la altísima peligrosidad del narcotráfico y sus funestas consecuencias, pero ahora se ha agregado otro: el aumento de los asesinatos en los sitios donde los narcos han sentado sus reales. Allí, superan el índice promedio de muertes violentas en la Argentina y obedecen, en su inmensa mayoría, a ejecuciones y venganzas de distintos grupos.
A su vez, la mayor agresividad de esas bandas se tradujo en un fenómeno relativamente nuevo y sumamente preocupante, como son las amenazas a jueces y fiscales a quienes los narcos ven como un reto, un sólido estorbo en su camino delictivo. Si bien se trata de hechos gravísimos, al mismo tiempo confirman que gran parte de la Justicia está librando valientemente la batalla contra ese tipo de criminalidad.
En esa misma línea hay que destacar los esfuerzos del Gobierno, que tras reconocer el avance que registró esta modalidad del crimen organizado durante la anterior gestión, comenzó una sistemática campaña para hacerle frente. Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, respectivamente, reunieron a decenas de fiscales de todo el territorio nacional para expresarles su apoyo e instarlos a coordinar esfuerzos entre las justicias Federal y provinciales, con las fuerzas de seguridad.
La directa relación entre el incremento de los asesinatos y el negocio de la droga puede verse con claridad en todo el país. En Orán, norte de Salta, una de las zonas más importantes para el tráfico de cocaína, el año pasado, una serie de ajustes de cuentas elevó notoriamente la cantidad de crímenes, con 27 casos registrados frente a los nueve verificados durante 2016, con lo cual se registró allí una tasa de 17,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Como informó la nacion, de esa manera quedaron atrás las tasas notificadas en 2017 en la ciudades de Santa Fe y Rosario, con un registro de 13,2 y 12, 1 crímenes por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Entre las cinco ciudades y municipios con mayor proporción de asesinatos con relación a la cantidad de pobladores aparecen las localidades bonaerenses de Moreno, con una tasa de 10,3, y Lomas de Zamora, con 10,1. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, el año pasado hubo un promedio de seis asesinatos por día en la Argentina, y la tasa nacional de homicidios es de 5,2 cada 100.000 habitantes.
Lo más preocupante de la realidad que sufre Orán es que el alto número de asesinatos contabilizados el año pasado no obedece a un fenómeno ocasional, pues en los tres primeros meses de 2018 hubo ya 12 homicidios, poco menos de la mitad de los verificados en 2017. Allí actúan sicarios contratados en Bolivia y Tucumán para concretar los ajustes de cuentas entre bandas locales. Uno de ellos, en mayo del año último, lo habría ordenado desde su prisión un jefe narco. Según se investiga, habría mandado a acribillar a un rival delante de su familia.
En el Gran Buenos Aires, en tanto, se han vuelto moneda corriente las ejecuciones múltiples. Una de las últimas fue el cuádruple crimen del barrio 9 de Abril, en Esteban Echeverría, al que podría llegar a sumarse una quinta víctima, cuyo cuerpo fue hallado poco después.
A su vez, el fiscal federal de Cámara de Salta, Carlos Amad, volvió a recibir una amenaza de muerte. Amad investiga a las bandas que emplean a Orán como zona de acopio de cocaína. Se trata de las causas que antes tramitaba el juez federal Raúl Reynoso, quien se encuentra detenido por presuntas vinculaciones con narcotraficantes. En febrero pasado, el juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, descubrió una cabeza humana dentro de una caja que dejaron junto a su automóvil, mientras que el secretario penal de su juzgado fue objeto de una brutal paliza.
No es casual, por cierto, que en Orán y en Rosario, dos de las tres ciudades con las más altas tasas de homicidios del país, hay jueces y fiscales que recibieron amenazas en las últimas semanas. Esas intimidaciones se concretaron en balazos, como los disparados en Rosario contra dos domicilios de Ismael Manfrin, el magistrado que presidió el tribunal que en abril último condenó a los líderes de la banda narco Los Monos.
También hubo ataques a tiros en Rosario contra las casas de familiares del juez Juan Carlos Vienna, que intervino en la causa que posteriormente fue elevada a juicio en el tribunal oral que presidió Manfrin. Estos y otros hechos similares generaron el repudio del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), integrado por los ministros de Justicia y los secretarios de todas las provincias.
Queda a la vista algo que han sufrido en carne propia los países que se han visto amenazados y luego copados por la delincuencia narco: las bandas cimentan su negocio en la violencia y la muerte, porque violencia es también la que ejerce la droga sobre los organismos de los adictos, hasta llegar a matarlos. Violencia y muerte son, además, las armas de los narcotraficantes para imponerse a las bandas rivales y, al mismo tiempo, las utilizadas para combatir a las fuerzas del orden.
La cómplice pasividad del kirchnerismo permitió un vertiginoso y cómodo avance del narcotráfico en nuestro país. Malacostumbrados, los traficantes pelean por defender y sostener su negocio de enfermedad y destrucción. Es la lógica del crimen.
Una buena noticia es que el Gobierno se mantiene en su postura de combatir ese flagelo y otra, valga la paradoja, son las amenazas a jueces y fiscales, pues ese cobarde recurso indica que están cumpliendo con su obligación de impartir justicia.