Romper una espiral destructiva
Desde hace ya mucho tiempo hay una demanda generalizada por una política educativa de Estado. Con esta frase se está reclamando un plan para el sector que se pueda sostener en el tiempo, porque se sabe que un cambio en educación requiere tiempo para poder implantarse y persistencia para cosechar los frutos.
Desde la apertura democrática de 1983, los sucesivos funcionarios han intentado transformar, especialmente la escuela media, a través de programas y proyectos que modifican la organización y/o el modelo pedagógico de un número acotado de escuelas, manteniendo al resto de las instituciones con sus características tradicionales. Se recurre a la figura de la excepcionalidad para abrir un espacio donde se suspenden las reglas impuestas por el estatuto del docente dictado en 1958 .
Desde hace 60 años rige en el país el estatuto del docente, que en lo esencial no ha cambiado pese a que en este lapso se han dictado dos leyes nacionales de educación (la de 1993 y la de 2006) y que hemos pasado de un modelo de gestión centralizado en la órbita nacional a uno completamente descentralizado dependiente de las diferentes jurisdicciones.
Esta norma determina las formas de nombramiento, los requisitos de ingreso a la carrera y las instancias de promoción y evaluación. En definitiva, se instituye una organización burocrática, típicamente weberiana, propia de la primera mitad del siglo pasado, que le otorga al sindicato sobrerrepresentación en cada una de las comisiones que definen los ingresos, las promociones, las capacitaciones y las sanciones. Lo que constituye al sindicato en el árbitro del sistema.
La permanencia del estatuto muestra la debilidad del Estado para instituir reglas e instituciones capaces de mantener políticas educativas que expresen los intereses del conjunto de la población y que materialicen las definiciones que en los diferentes momentos históricos la sociedad ha asumido como las más adecuadas para formar a las nuevas generaciones.
El otro elemento que se mantiene a largo plazo es la ineficiencia del gasto educativo, gastamos mucho y a pesar de ello seguimos teniendo graves problemas de infraestructura, les pagamos poco a los docentes, las escuelas carecen de los recursos de apoyo pedagógicos necesarios, no logramos retener a los alumnos y a los que se quedan les enseñamos poco y nada. Usamos un presupuesto enorme en reproducir las condiciones de nuestro fracaso. Hemos producido sindicatos poderosos, docentes pobres pero con privilegios y largos trayectos escolares que en muchos casos no son suficientes para alfabetizar a los alumnos.
Cuando algún funcionario se ha propuesto encarar políticas educativas que rompan la espiral destructiva, se produce en el campo de la educación un fenómeno muy interesante. No solo la corporación gremial refuerza sus alianzas intersindicales y políticas para vetar la propuesta y mantener el estatus que los ha beneficiado durante 60 años, sino que, además, las propias instituciones públicas también se instituyen como corporaciones que defienden su interés particular frente al supuesto autoritarismo de la democracia que les otorga a los poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Legislativo, el derecho de dictar y discutir las políticas sin el acuerdo previo de las corporaciones. Ilustra este fenómeno la negativa de muchas escuelas de permitir la evaluación de sus alumnos en el operativo Aprender y lo mismo para el caso de los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires que se negaron a la aplicación de las evaluaciones de sus alumnos.
Es así como a lo largo del período democrático abierto en 1983 asistimos a una escena política en la que los elencos gobernantes sostienen la gobernabilidad del sistema arbitrando en la lucha corporativa que se desata cada vez que la política se propone generar un cambio en la educación.
Esta dinámica es la que mantiene a nuestro sistema educativo y sus agentes congelados en el pensamiento y en las prácticas de la primera mitad del siglo pasado. Sin embargo, hay un cambio prometedor, el equilibrio ya no se puede sostener: la dificultad de procesar el conflicto docente y la permanente pérdida de calidad que afecta tanto el circuito publico como el privado exigen la presencia de un Estado con capacidad de instituir otras reglas para la educación.