LA NACION

Complica a la Argentina el fallo por la estatizaci­ón de YPF en EE.UU.

Una corte de Nueva York rechazó el pedido argentino de anular el juicio que se lleva adelante por un fondo buitre que reclama 3000 millones de dólares

- Damián Nabot

Como una pesadilla recurrente, la Justicia de los Estados Unidos volvió ayer a darles la razón a los fondos buitre en un reclamo astronómic­o contra la Argentina. La Corte del Distrito Sur de Nueva York consideró que el juicio por unos 3000 millones de dólares que inició el fondo Burford Capital por la expropiaci­ón de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner debe seguir adelante en Estados Unidos, y rechazó el pedido argentino de trasladar la controvers­ia a los tribunales de Buenos Aires.

La decisión reforzó la postura de los fondos y cayó como un balde de agua fría en el Gobierno. La condena todavía es lejana, y en la Casa Rosada ayer se consolidab­a la decisión de apelar ante la Corte Suprema norteameri­cana, según adelantaro­n fuentes oficiales. En paralelo, YPF envió un comunicado a la Bolsa de Comercio para anticipar sus consecuenc­ias: “La Corte de Apelacione­s no se expidió respecto del reclamo de fondo efectuado contra YPF en los autos de la referencia. La sociedad se encuentra analizando la decisión adoptada por la referida Corte de Apelacione­s e interpondr­á todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimie­nto legal aplicable”.

En 2015, Burford Capital se quedó con las acciones del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, e inició una demanda en el juzgado que supo ocupar el inmemorial Thomas Griesa.

El fondo acusa al gobierno de la Argentina de violar las leyes de los Estados Unidos, al estatizar YPF sin presentar una oferta pública (OPA) para la compra de las acciones que estaban en manos de los Eskenazi. En 2012, la expropiaci­ón solo avanzó sobre las acciones que tenía la española Repsol. En el juicio que ahora lleva adelante la jueza Loretta Preska, el Estado argentino argumentó que la estatizaci­ón era una facultad soberana que no estaba subordinad­a a las leyes de los Estados Unidos. Las leyes norteameri­canas contemplan los alcances de esta inmunidad a través de la ley Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).

La disputa dio lugar a una controvers­ia por la jurisdicci­ón: ¿debía continuar en Nueva York o en Buenos Aires? En un fallo dividido, la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dio la razón a Burford Capital y ahogó las celebracio­nes en la Argentina. “Por las razones anteriores, afirmamos que la decisión de este tribunal de distrito sostiene que la Argentina e YPF no son inmunes a la demanda bajo la ley FSIA y se decide desestimar la apelación”, expresaron los jueces Guido Calabresi y Denny Chin. El tercero, Ralph Winter, votó en disidencia, según el fallo al cual tuvo acceso la nacion.

“El proceso está en un estadio inicial; llegado el caso de una decisión adversa final, el reclamo se dirimirá́ en un juicio ordinario, sujeto a una amplia discusión y con todos los hitos de apelación pertinente­s”, advertían ayer en la Casa Rosada. La premisa parece ser ganar tiempo.

Pero el fallo de la Corte de Nueva York ya tiene efectos inmediatos. Además de Burford Capital, el fondo Eton también demandó a la Argentina ante el juzgado de Preska porque tenía acciones de YPF

al momento de la estatizaci­ón. Su proceso estaba frenado hasta tanto se resolviera si el juicio continuaba en Nueva York o en Buenos Aires. Ahora retomará su marcha amenazante. A su vez, Burford ya ganó millones sin condena. “Compró el

70% de las empresas del Grupo Petersen por 17 millones de dólares y vendió el 25% por 106 millones de dólares en mercados secundario­s”, explicó a Sebastián Maril, la nacion de Research for Traders. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes están detrás de los fondos que le están comprando a Burford los pedazos del juicio contra la Argentina.

En las reuniones que atraviesan a los abogados de la Argentina se evaluó desplegar una estrategia más agresiva si las apelacione­s fracasan. La Procuració­n del Tesoro podría requerir un procedimie­nto que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery

process, que obligaría a la Justicia norteameri­cana a investigar cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres. Es una historia repleta de puntos oscuros.

La familia Eskenazi, que durante el kirchneris­mo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. “El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrolla­ndo en la Argentina o en el exterior”, señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.

Pero en los papeles, la demanda fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. La red financiera que permitió la compra incluyó una red de bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio la propia YPF.

Por la estatizaci­ón, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos US$5000 millones, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ir a la quiebra, con el argumento de que no podía cubrir las deudas, entre otras, con la propia Repsol. Así apareció el fondo Burford para comprar el derecho a litigar. Hace 10 años, las legislador­as Elisa Carrió y Paula Oliveto denunciaro­n la maniobra ante el juez Ariel Lijo. “Dijimos que las consecuenc­ias iban a ser terribles”, recordó ayer Oliveto. Aquí, la causa no avanzó.

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