Las represas del sur están en suspenso
Son las dos obras más importantes en Santa Cruz y emblemas kirchneristas; hace pocos meses se retomó la actividad, pero ahora el Gobierno evalúa su continuidad por el ajuste
Un paisaje sin tiempo. Es la primera imagen que devuelve la meseta color caramelo espolvoreada con nieve y surcada por el último río glacial del país, que espera convertirse en energía. Pero algo ya no es igual: un puente táctico del Ejército de 160 metros montado sobre pontones flotantes ahora lo atraviesa. Los primeros cables de acero para sostenerlo sucumbieron ante la fuerza del agua, prólogo que anuncia que las dos represas que aquí se construirán no serán tarea fácil ni libre de controversias.
Son las 10. El sol recién asoma. A las 7.30, los operarios partieron de la villa transitoria, una suerte de ciudad en miniatura, hacia el obrador de la represa Cóndor Cliff. El termómetro indica -5°C. Por delante quedan 12 horas de trabajo. Cuando terminen, la posta la tomarán los del turno noche.
La imagen se repite, a 64 kilómetros, en La Barrancosa, la otra represa que integra el complejo hidroeléctrico. Las dos empezaron a avanzar en paralelo en marzo, cuando se reiniciaron las obras tras más de dos años de paralización por el cambio de gobierno y las medidas judiciales. La actividad ahora luce intensa; hay 1400 personas empleadas de las 6000 previstas. Cuando la obra concluya, en un plazo estimado de seis años, las centrales deberían tener una potencia instalada de 1310 megavatios, un 5% del máximo consumo nacional. Pero hay un problema importante: la obra entró en revisión en los últimos días dentro del Gobierno, por los recortes previstos para reducir el déficit fiscal. Dos fuentes oficiales vinculadas al proyecto confirmaron a el la nacion dato.
Viene de tapa Los US$4310 millones del costo de la obra, financiada totalmente por capitales chinos, equiparan a las represas con todo el paquete de obra pública. Consultados por este medio, desde Electroingeniería integrante de la UTE Represas Patagonia, reconocieron no estar al tanto de la reevaluación que está haciendo el Gobierno.
La obra ya cuenta con una demora de dos años en su ejecución. Recién en febrero de este año empezó la actividad aquí. Ayer las máquinas –buena parte de ellas llegadas en barco desde China–, rasguñaban la meseta, abriendo el canal por donde se desviará temporalmente el río Santa Cruz, si el proyecto sigue en pie. Así lo detalla Aníbal Mendiburo a la nacion, inspector general de la obra, del Laboratorio de Hidromecánica, de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene a su cargo la inspección de la obra. Un cartel anuncia que el desvío se haría en 817 días.
“Hasta aquí llegaron los glaciares”, detalla con Carlos Ramírez Orejuela, experto en geotécnica y represas, que trabaja para Integración Energética Argentina Sociedad Anónima y tiene a su cargo la supervisión de una obra, que en Santa Cruz ocupa el imaginario colectivo desde hace cuarenta años.
No son muchas las mujeres que se cruzan en los obradores. Una es Claudia Quintana, licenciada en Gestión Ambiental. Ella nació en Río Turbio, de padre minero, emigró a estudiar. “Les dije que quería trabajar en el campo, es mi oportunidad de volver a Santa Cruz”, cuenta al recordar la entrevista laboral. Ella tiene a su cargo la coordinación ambiental de las dos obras.
El sol brilla pero no calienta. El frío no cede. En junio registraron -19°. En pocos meses las villas se duplicaron, cada módulo alberga a 96 personas, estiman que en dos o tres años ya estarán en su máxima ocupación con 6000 obreros. Esa expectativa de trabajo empuja desde hace años a cientos de personas a instalarse en la provincia, algunos ya entraron, muchos esperan, incluso algunos reciben ayuda social para sobrevivir. Si el proyecto no evoluciona, sería un cimbronazo muy duro para todos ellos.
A 150 kilómetros de La Barrancosa, el intendente de Puerto Santa Cruz, Néstor González (Frente para la Victoria), confirma que el 20% de la población de la localidad creció atraída por la esperanza de trabajar en la obra. “Nos generó una demanda social muy fuerte”, reconoce. Llegó como militar desde Florencio Varela hace 31 años y se quedó para siempre. En el municipio cuenta con una lista de 400 personas que quieren ingresar a las represas.
Otros, ya entraron. Como el esposo de Julia Ríos, quien cumple sus primeros 21 días en el campo. Mientras ella lo espera en Río Gallegos, cuenta su historia de desarraigos. Nació en Pichanal, Salta, pero desde 2007 vive en “Madres a la lucha”, una barriada que creció en los márgenes a partir de la ocupación de la tierra. Su esposo, fue despedido de Austral construcciones, la empresa de Lázaro Báez, en 2015. Su historia se replica en la vida de sus vecinas. Es la esperanza de que, al menos, el trabajo sea por cinco años.
En la cuna del kirchnerismo, cerca de 5000 personas viven en asentamientos. La caída de Austral Construcciones dejó cientos de des- ocupados. Lázaro Báez, hoy detenido en Ezeiza, también compitió por acceder a las obras, pero perdió ante el consorcio China Gezhouba Group Limited-electroingeniería e Hidrocuyo S.A.
La Uocra tiene un gran peso para definir los ingresos. “La empresa acuerda con nosotros, pero no perdieron la potestad de ser los dueños de la obra, los que deciden quién entra”, reconoce Carlos Romero, secretario de Acción Social del sindicato. Remarca que apuntan a que la empresa cumpla con la ley provincial que marca el 70/30 en la toma de mano de obra local. Mariano Musso, gerente de Relaciones Institucionales asegura que hoy la normativa se cumple con creces y llega al 93% de ocupación en mano de obra local. Detalla que la selección estricta, y en muchos casos, el duro régimen de vida en la obra, asusta a algunos. El alcohol y las drogas están prohibidos y se hacen controles sorpresivos al azar.
Si el empleo es la mayor expectativa, la reactivación de las empresas locales también lo era. “Tenemos un proyecto de compre local”, detalló Musso aunque aclaró que en esta etapa de la obra, las grandes compras no se hacen aquí.
Hace una década que en Santa Cruz se esperan las represas. Los comerciantes son cautos, bajaron sus expectativas y reconocen que hay mas deudas que inversión.
Guillermo Polke, preside la Federación Económica de Santa Cruz desgrana datos e historias de los comerciantes. Según datos oficiales, en el inicio de las obras 72 empresas locales pudieron prestar sus servi- cios. Sin embargo al poco tiempo, se cortó la cadena de pago. Los empresarios pymes empezaron a desfilar en las cámaras de comercio locales. En el peor momento la deuda llegó a $300 millones. “Hubo pymes que directamente desaparecieron o cerraron”, detalla Polke.
A 130 kilómetros de aquí, en El Calafate capea la crisis económica de la provincia, aferrado a su actividad turística. La cercanía con la obra despertó diferencias en la ciudad. Para el intendente Javier Belloni (PJ), –con aspiraciones a acceder a la gobernación– las obras traerán trabajo y considera que las hidroeléctricas no afectarán el turismo.
En las antípodas políticas, el senador Eduardo Costa, referente de Cambiemos en la provincia, comparte la visión: “Es la obra pública más importante en marcha en nuestro país, y va a generar la energía que necesitamos para impulsar el crecimiento de Santa Cruz y de la Argentina”. Pero su propio gobierno evalúa en este momento la decisión que le puede dar un disgusto.
Las represas también tienen sus detractores. Vecinos autoconvocados se manifestaron en las calles de El Calafate en contra de las represas. Hace poco más de un año formaron “Río Santa Cruz El Calafate”. unidos por el deseo común de que no avancen las obras.
Mariana Martínez, parte de ese grupo variopinto, detalla cuánto la conmueve el paisaje sin tiempo del valle del río Santa Cruz, “me moviliza poder conservar este paisaje a gran escala, una represa es para mí una foto mal montada en una estepa que se mantiene igual hace miles de años”. A su lado Jorge Yanicelli, transportista, amante del deporte de aventura comparte su pensamiento y cree que se deberían haber explorado energías limpias como una “mejor alternativa”.
Llevan su lucha contra las represas a los ámbitos públicos: participaron de la Audiencia Pública, organizan marchas, banderazos, pero también estudian, investigan y buscan ayuda en la coalición de ONG ambientalistas que pugnan para que no se construyan más represas. Otros no forman parte activa del grupo, pero dan su mensaje en solitario, como Rafael Lim que en diciembre pasado corrió 120 kilómetros con su mensaje antirepresas.
Una suerte de red imaginaria une a los opositores de la obra. En Buenos Aires, Cristian Fernández, abogado del estudio de Daniel Sabsay, lleva adelante dos expedientes judiciales: uno en la Corte Suprema de Justicia y otro en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº12. Con abundante prueba documental plantean que las futuras represas vulneran el derecho ambiental y piden la nulidad de los estudios de impacto ambiental.
Un capítulo aparte lo escriben los dueños de las cuarenta estancias a quienes les expropiarán las tierras. Los juicios por ahora están frenados, a la espera de que la Legislatura provincial apruebe una ley que les devuelva la condición de “ribereños”, arrebatada en 2014. Hoy esa situación estaría cerca de revertirse. Marcelo Cepernic, dueño de “La Josefina”, tiene un apellido que es parte de la historia local. Su padre, el gobernador peronista Jorge Cepernic, fue un impulsor del proyecto en los 70. En 2012, cuando Cristina Kirchner relanzó el proyecto, a una le dio su nombre y a la otra, la llamó “Néstor Kirchner”.
A Marcelo Cepernic ese cambio le generó ambivalencia: “Por un lado, la sensación de un justo reconocimiento a mi padre puesto que fue uno de sus mayores sueños. Por otro lado, una profunda vergüenza, pues él fue una persona honesta, que pasó por la función pública sin modificar un centavo de su patrimonio personal, y Néstor Kirchner fue exactamente un símbolo de todo lo contrario”. Ahora siente alivio. Las obras recuperaron sus nombres originales.