Violencia de género
Implementan en Córdoba un plan piloto para tratar a los detenidos por agredir a sus parejas.
CÓRDOBA.– Los casos de violencia familiar y de género aumentaron –según datos oficiales en 2017, 86.700 mujeres denunciaron agresión física o psicológica, cuatro veces más que en 2013– y hay una espiral de situaciones complejas que no pueden resolverse solo con un expediente judicial y una condena penal. Ese fue el análisis realizado por la Justicia cordobesa al decidirse a impulsar una experiencia piloto de articulación entre la Asesoría Móvil de Familia y el juzgado de Control de Violencia de Familia para reducir trámites y costos y, en especial, atenuar el dolor que atraviesan todos los involucrados.
En el primer semestre fueron resueltos 60 casos con esa nueva modalidad de trabajo. La oficina móvil colabora con el fuero Penal en casos con presos por violencia de familia. Se llama a la víctima y al victimario y se acuerdan temas referidos al cuidado de los hijos, al régimen de visitas cuando se recupere la libertad y la cuota alimentaria. Es una suerte de mediación para llegar al juicio con esos puntos resueltos. Además –y es un factor clave– el acuerdo homologado en Familia es parte de la sentencia penal.
Las denuncias por violencia son, básicamente, por problemas de parejas (80%) y de hijos con padres o entre hermanos (crecieron en ese aspecto por las consecuencias del consumo de drogas en el primer caso y, en el otro, por convivencia o reparto de bienes).
Los involucrados en la experiencia cordobesa sostuvieron ante la nacion que habían advertido que la pena solamente “sumaba poco a la pacificación familiar, no abría alternativas”. Incluso –enfatizaron– en muchos casos “empeoraba” el contexto porque había cabos sueltos como, después que el victimario saliera en libertad, resolver la relación con los hijos, quién los buscaría, dónde vivirían o cómo cumpliría con el pago del sustento por alimentos.
“El expediente escrito es aséptico; cuando nos llega, el tiempo de actuar ya pasó y la situación familiar evolucionó. Estábamos resolviendo lo que quedó en una hoja”, dijo a la nacion la jueza de Control Cristina Giordano quien enfatizó que comprendieron que estaban “alejados de la dinámica de la realidad, que la situación requería de otro lente de análisis, de otra sensibilidad”.
En ese contexto se contactaron con los equipos técnicos de diferentes áreas como el Polo de la Mujer, la Secretaría del Niño y el Adolescente (Senaf) y el Servicio Penitenciario. “Por ejemplo, los niños y adolescentes solían estar invisibilizados porque el foco era la mujer víctima y el hombre quedaba de lado. Abordar la conflictiva familiar en forma conjunta permite pensar alternativas”.
Desde el juzgado de Control y la Asesoría de Familia contaron que en muchos casos después de la denuncia y la detención del hombre, la mujer pide que lo dejen el libertad para que pueda volver a trabajar; también hay casos en los que la mujer anticipa su decisión de regresar con la pareja por sentirse sola. Ese grupo –al que definen como “círculo rojo”, el de más alto riesgo– requiere de “la mayor atención y protección” por lo que se hace seguimiento de su tratamiento y se le regularizan trámites como la inscripción de los hijos y el cobro de la Asignación Universal.
Los expertos coinciden en que los casos que colapsan en el 90% corresponden a sectores vulnerables, con bajo nivel de ingreso y educación, además de trabajos informales, un combo que les complica cualquier trámite. Para facilitarlos la oficina móvil de Asesoría Familiar se traslada dos veces por semana al juzgado penal, donde es transferido el detenido, y allí se hacen las reuniones por separado y en conjunto para encontrar soluciones.
La importancia del acuerdo
Myriam Rebuffo, asesora de Famila, describió la experiencia como un paso “importantísimo; los más vulnerables muchas veces dejan de ir a todos las instancias que deben concurrir. Así le ganamos al tiempo, hacemos la audiencia y puede haber un acuerdo voluntario por lo que cuando el detenido salga el camino estará más allanado. No es una mediación de la violencia, sino que se median todas las cuestiones de familia”.
Se aseguró en que sin esos acuerdos previos en la mayoría de los casos –cuando el hombre queda en libertad– se producen situaciones que dejan toda la situación “a punto de estallar de nuevo”; parte de la tarea es que el victimario tenga posibilidad de tratamientos y que los cumpla. Incluso se designan “padrinos” que actúan como una especie de garantes de su conducta.
Los agentes de todas las reparticiones salieron de la tarea estricta que les incumben para avanzar en soluciones y se aceptaron gestiones vía mail o Whatsapp para acelerar los pasos. En ese contexto, las partes subrayan el apoyo y el compromiso del Tribunal Superior de Justicia, a través de la Oficina de Violencia Doméstica, la Fiscalía General y del Ministerio de Justicia.
“Hoy trabajamos con entre 50 y 70 causas en trámite; hacemos resoluciones más cortas, con lenguaje más llano, dirigido a los involucrados más que a los operadores. Multiplicamos la tarea cotidiana y cambiamos la mirada”, aseguró la jueza Giordano.
Cristina Giordano Jueza de control de violencia de Familia “Estábamos alejados de la dinámica de la realidad y nos dimos cuenta de que la situación requería de otro lente de análisis, de otra sensibilidad”