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Rechazó los términos que se conocieron anteayer, que incluyen cláusulas de recorte

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felipe solá

“Las exigencias del FMI son más severas que las impuestas a Grecia. El Gobierno tiene que cambiar o habrá otro 2001”

El diputado Felipe Solá rechazó ayer el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) para pedir un préstamo y comparó la situación que atraviesa el país con lo que ocurrió durante la gestión de Fernando de la Rúa.

“El Gobierno insiste en la aplicación de las políticas que nos llevaron a recurrir al prestamist­a de última instancia como es el Fondo Monetario Internacio­nal. Las exigencias del FMI implican profundiza­r un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa. El final es previsible: volver a transitar una crisis extrema”, sostuvo el diputado.

A través de un comunicado, Solá difundió diez argumentos para re- pudiar el acuerdo con el organismo internacio­nal.

“El acuerdo y sus condicione­s implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la de 2001. Es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro”, sostuvo el diputado.

En las últimas horas trascendie­ron algunos de los requisitos que impuso el FMI para otorgar un crédito stand-by de US$50.000 millones al Gobierno. Un freno a la rebaja de las retencione­s a la soja y la demora de la aplicación de parte de la reforma tributaria aprobada el año pasado fueron dos de varias medidas en un amplio menú de opciones que el Gobierno debatió entre mayo y junio con el organismo como camino para lograr una convergenc­ia acelerada hacia el equilibrio fiscal.

Sin embargo, desde el Gobierno se apuraron a aclarar que no se frenará la rebaja de retencione­s, tal como prometió Mauricio Macri al campo, uno de los ejes de su campaña presidenci­al.

Entre los diez argumentos expuestos, Solá aseguró que el acuerdo con el FMI implica “vender el mayor patrimonio del Estado, que es el Fondo de Garantía de Sustentabi­lidad”, pero también “privatizar de manera encubierta las jubilacion­es y pensiones para volver a un sistema de AFJP para ricos”.

El diputado, además, hizo referencia a las posibles consecuenc­ias para los empleados públicos “por la presión para respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual, que incentiva la pérdida de investigad­ores, maestros”, entre otros empleados del Estado.

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