Las tres negociaciones con el Gobierno que se frustraron

Cristóbal López se reunió dos veces con Macri; intentó acercarse a la AFIP sin resultados

La causa que mantiene preso a Cristóbal López por no pagar $8000 millones en impuestos a la transferencia de combustibles estuvo plagada de operaciones judiciales e interlocutores que en nombre del Gobierno operaron a favor del empresario, mientras la AFIP buscaba recuperar el dinero y al menos tres negociaciones del patagónico con el representante del Gobierno para pagar su deuda, que fracasaron. López tenía llegada directa con el Gobierno. Llegó a reunirse dos veces con el presidente Mauricio Macri, una antes de asumir y otra ya en el cargo, lo que le facilitó la interlocuión para buscar la solución a sus problemas.

López se creía inalcanzable hasta que una investigación periodística de la nacion reveló que adeudaba los impuestos de su firma Oil, que era dueña de una cadena de estaciones de servicio. Corría marzo de 2016. La investigación periodística se transformó en una denuncia judicial. La maniobra, en el contexto de la corrupción kirchnerista, se convirtió –según la fiscalía– en otro fraude del gobierno anterior, que toleró la deuda para favorecer a un empresario amigo a cambio de beneficios.

Cuando la causa en manos del juez Julián Ercolini avanzaba y el fiscal Gerardo Pollicita presionaba para indagar a López por primera vez en el segundo semestre de 2016, el empresario intentó aplacar los problemas que se le venían encima. Propuso a la AFIP, ya en manos de Alberto Abad, un acuerdo económico para pagar su deuda, según reconstruyó la nacion con diversos actores de la negociación.

Fue una negociación oficial en la que intervinieron el abogado de López, Carlos Beraldi; la Procuración del Tesoro; el Banco Nación; Horacio Liendo; la AFIP y el abogado Ricardo Gil Lavedra, que patrocinaba al organismo fiscal en la causa. López ofreció pagar $3000 millones en efectivo de una sola vez y pagar el resto en seis trimestres. La AFIP propuso que se hiciera un fideicomi- so en el Banco Nación con los activos de López para cobrar la deuda.

Pero esa primera charla se frustró. El Banco Nación, con Carlos Melconian, propuso que las empresas de López, todo el Grupo Indalo, pasaran a integrar un fideicomiso como garantía, pero los analistas del banco entendieron que los activos estaban sobrevaluados y que no iban a servir de garantía. Todo parecía que quedaba en la nada. Al mismo tiempo Ercolini avanzó e indagó a Cristóbal López, que veía cómo se acercaba de manera inminente su procesamiento.lópez volvió a presentar su oferta. Según quien cuenta la historia, la oferta o fue una reedición desmejorada de la oferta anterior o fue una propuesta superadora del último ofrecimiento.

Beraldi caminó dos veces hasta las oficinas de Abad y se reunieron para explicarle que podían pagar la deuda porque tenían ofertas de dos empresas como Trafigura y otro trader internacional. La oferta en firme permitía cobrar el dinero y pagar la deuda. Quedó constancia en el expediente de esta oferta.

Se ofrecía un 35% de la deuda y además en la otra oferta se llegó a negociar incorporarse al plan de moratoria y pagar en menos de las 60 cuotas previstas. Pero Abad entendió que no era suficiente para garantizarse el cobro. El juez Ercolini ya había congelado los fondos de las empresas de López y el daño se hacía sentir. Pero el juzgado sorpresivamente se declaró incompetente antes de procesar y envió el caso al fuero Penal Económico para que sea investigado no como fraude, sino como evasión. La pelea se trasladó entonces a la Cámara Federal.

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler concluyeron que la causa debía quedar allí. Ballestero –presionado por el Gobierno– renunció tras liberar a López meses más tarde, y Freiler, denunciado por Cambiemos, fue echado mediante un juicio político en el que se cuestionó su patrimonio. López pretendía la suspensión –y eventual extinción– de la acción penal. Pero apelaron a la Casación, que anuló el fallo y le devolvió el caso a Ercolini.

En este incidente judicial hubo de todo: operadores que se acercaron a la Cámara, jueces que pugnaron por quedarse con el expediente para hacer valer su voto, interlocutores ajenos al caso y hasta allegados a la alianza Cambiemos que abogaron por Cristóbal López. “Fuego amigo”, lo consideró uno de los protagonistas del caso. En octubre del año pasado, López había encontrado otra salida y se dio entonces la tercera negociación con el Gobierno para intentar pagar su deuda. Se asoció con el financista Ignacio Rosner, que lo convenció de que tenía el aval del Gobierno para solucionar sus problemas. López, encandilado por esa posibilidad, le dio vía libre para que negociara (ver aparte).

Así, Abad recibió a llamada del Gobierno para que recibiera a Rosner. Abad le pasó el asunto a Gil Lavedra, que recibió a Rosner. El empresario hizo una propuesta que a la AFIP le pareció imposible: con un capital de US$1000 radicó la sociedad en Delaware, Estados Unidos, donde se instalan las empresas que quieren estar lejos de la mirada del fisco, porque impera el secreto y la ventaja impositiva.

Esa sociedad offshore iba a organizar el salvataje de Oil, que se iba a concretar mediante un aporte de US$200 millones de la rusa Lukoil. Pero Rosner ofreció como garantía los bienes de la propia Indalo, que la AFIP quería ejecutar. Abad lo consideró inadmisible. Y se acabaron allí las contemplaciones. De querer cobrar, la AFIP pasó a querer escarmentar al empresario. Rosner siguió presionando, buscó reuniones con el Gobierno,

El juez Ercolini procesó en noviembre a López y lo metió preso. López jamás pensó que podía ocurrir. Estuvo detenido todo el verano con sus bienes inhibidos y sus empresas paralizadas. Pero no estaba dispuesto a seguir preso. Buscó a otros interlocutores para echar mano de otras soluciones.

En marzo pasado fue liberado por la Cámara Federal. Otra vez el juez Ballestero, pero ahora junto a Eduardo Farah, le permitieron volver a su casa. El fallo indignó al Presidente, que manifestó en público su indignación y así activó el desplazamiento de ambos jueces. Pero Casación, en un fallo relámpago, puso las cosas en su lugar: López volvió a la cárcel, a la espera de su juicio oral, despojado de sus empresas y en quiebra. La AFIP busca ejecutar sus bienes para cobrarse de su patrimonio personal.