Mendoza: la estrategia para habilitar a Uber

Reuniones del gobierno con la empresa y debates con la oposición derivaron en un proyecto de ley

MENDOZA.– Esta ciudad se convirtió en la primera del mundo en regular las plataformas electrónicas de transporte privado antes de que desembarquen. No hizo falta que Uber ingresara de manera intempestiva, como ocurrió en Buenos Aires y en la mayoría de las 600 localidades en las que opera, donde luego se buscó un marco legal. Aquí, hace un año y medio, el gobierno provincial se reunió de manera oficial por primera vez con la compañía para trabajar en alternativas legales.

Fue el comienzo de un camino para establecer “reglas claras”, que luego desembocarían en nuevas reuniones, debates con la oposición y, finalmente, en el tratamiento en la Legislatura de un proyecto de ley que cuenta desde este mes con media sanción de Diputados. En su paso por la cámara, la iniciativa tuvo algunas modificaciones. Se espera que se debata en el Senado después de las vacaciones de invierno.

La aprobación en la Cámara baja fue casi por unanimidad. Solo la Izquierda se manifestó en contra. “Desconocemos si hubo algún tipo de arreglo y no podemos probar nada, pero lo que está a la vista y hemos denunciado es que se trata de un proyecto integral de la movilidad provincial que está escrito por las empresas de transporte. Es un proyecto hecho a pedido de los empresarios, entre ellos Uber. En Mendoza, los dueños del transporte siempre ganan”, expresó la diputada Mailé Rodríguez Ábalo (PTS-FIT).

Según pudo saber la nacion, el primer encuentro se produjo en marzo del año pasado entre el actual secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, por entonces jefe de Gabinete del área, y las autoridades de la compañía, durante el Foro de Inversiones que se hizo en la provincia, en paralelo con los festejos vendimiales. Allí empezó a gestarse lo que ocurriría después. En ese entonces, Mema les planteó su idea de modificar la norma provincial de movilidad que contemplaría la incursión de las plataformas electrónicas con determinados requisitos para no transformarse en competencia desleal con el sistema de taxis y remises. La respuesta de la empresa fue acorde a los planteos oficiales. Luego, llegaron nuevas conversaciones a comienzos de este año, durante la segunda edición del foro empresario.

“Hubo reuniones donde se planteó nuestra postura y quedó abierto el diálogo, pero no nos juntamos con Uber a armar la ley”, aclaró Mema. Y agregó: “Sobre las supuestas sospechas de conversaciones y arreglos hay algo en claro: el hecho de que el proyecto que presentamos en la Legislatura haya sido sometido a debate y sufrido cambios como resultado de esa discusión da la pauta de que no había nada enlatado”.

“Fuimos muy claros en que como habían desembarcado en Buenos Aires no iban a poder hacerlo en Mendoza, que íbamos a ser muy duros, por eso nos comprometimos a trabajar en la modificación de la ley de movilidad. Allí, quedó abierto el diálogo sobre cómo íbamos a avanzar y ellos cumplieron en no venir de manera intempestiva, porque reconocieron que no tuvieron la mejor experiencia. Entonces, se mostraron dispuestos a cumplir con las reglas”, contó Mema, que afirma que la iniciativa fue tomada de la experiencia de Montevideo, donde se reguló una vez que ya estaba la firma operando en las calles.

De esta manera, solo queda el filtro del Senado para que Uber y las demás aplicaciones del sector, como Cabify, puedan comenzar a operar sin restricciones legales, aunque sí con ciertas exigencias, dispuestas luego de algunas modificaciones que se añadieron a último momento a la normativa que reforma la ley de tránsito 6082. Entre los cambios, pedidos por los opositores, se introdujo que la firma deberá abonar un impuesto que se destinará a un fondo para el financiamiento en la adquisición de nuevas unidades de transportes y que los choferes de taxis también puedan ser parte de la compañía; esto es ofrecer ambos servicios. Se trata, como se lee en el proyecto, de una “sobrealícuota del 1% sobre el total del viaje en el impuesto sobre los ingresos brutos que corresponda a la actividad”.